El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que 50.000 de los 70.000 millones de euros que España recibirá en transferencias de la Unión Europea se destinarán a 10 grandes proyectos de inversión entre 2021 y 2023, aunque no ha ofrecido muchos detalles sobre las inversiones.

En concreto, se destinarán 13.200 millones de euros a movilidad sostenible (electrificar las vías públicas y transición al vehículo eléctrico); 6.820 millones a rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (paneles solares, eficiencia energética de las viviendas); y 4.315 millones de euros a la modernización de las Administraciones Públicas.

A digitalizar las pymes el Gobierno dedicará 4.060 millones; 4.000 millones irán a la hoja de ruta del 5G; 3.780 millones a la nueva política industrial con horizonte 2030 y la economía circular; y 3.590 millones al plan nacional de competencias digitales para que toda la población tenga acceso a formación en digitalización -pymes, autónomos, etc.-.

El turismo se llevará 3.400 millones de euros destinados a mejorar su competitividad; el desarrollo del sistema nacional de ciencia e innovación contará con 3.380 millones de euros, y el despliegue de energías renovables se dotará con 3.165 millones.

En total suman 50.000 de los 70.000 millones de euros que España recibirá de la UE en transferencias, a cambio de ir alcanzado hitos de inversión y cumpliendo algunas reformas. Esta cantidad se complementará con los 80.000 millones a disposición del país en préstamos, con lo que en total los fondos europeos supondrán 150.000 millones de euros.

El plan irá mañana al Congreso, sin opción a cambios

Sánchez ha presentado el Plan de Recuperación ante la prensa después de la celebración del Consejo de Ministros y este miércoles lo llevará al Congreso de los Diputados para exponerlo al resto de partidos políticos, aunque ha dado a entender que no está sujeto a modificaciones ya que ya ha sido comentado con los principales agentes del país.

Se compone de 212 medidas -110 medidas de inversión y 102 de reformas- y se estructura de la siguiente forma: 4 ejes de transformación que impregnarán todos los proyectos (transformación digital, transformación ecológica, cohesión territorial e igualdad de género), 10 políticas palanca sobre las que actuar y finalmente 30 componentes concretos en los que se harán inversiones y reformas, tal y como se definió en el Plan España Puede, presentado en octubre.

No se detallan todavía los proyectos concretos, ya que estos se irán haciendo públicos por medio de licitaciones, subvenciones o proyectos de inversión público-privados.

Llegará a Bruselas en la fecha límite

Aunque el Ejecutivo tenía intención de enviar este plan a Bruselas a principio de año, su remisión se ha ido retrasando y posponiendo poco a poco y finalmente se enviará a la Comisión Europea en una fecha muy cercana al día 30 de abril, en que expira el plazo para el envío del documento.

Sin embargo, Sánchez ha negado que exista un retraso respecto a sus planes iniciales y ha sacado pecho de que España vaya a ser uno de los primeros países en remitirlo a la Comisión.

Desde que en junio de 2020 se articuló el Mecanismo de Recuperación y Transformación por el que todos los países de la Unión Europea van a recibir ingentes cantidades de dinero para salir de la crisis de la covid-19 y poder transformar su economía, el Gobierno ha estado trabajando en el plan español y manteniendo una interlocución fluida con las instituciones europeas.

El objetivo de este diálogo continuo era pulir el plan lo máximo posible para que una vez que sea enviado definitivamente, Bruselas pueda darle el visto bueno casi de forma automática y que España reciba el anticipo que le corresponde, de unos 10.000 millones de euros. Sánchez no ha querido precisar cuándo llegará ese primer desembolso.

Las reformas estructurales, el escollo principal

La parte más difícil de definir del plan es la de las reformas, que son condición sine qua non para que España pueda recibir el dinero.

El Gobierno tiene que cumplir con las expectativas de Bruselas en materia laboral y de pensiones, por ejemplo, pero asegurándose al mismo tiempo de que el Gobierno será capaz de sacar adelante esas reformas en el Parlamento, donde no cuenta con una mayoría clara.

Al retrasar el envío hasta finales de abril, el plan español llegará a la capital belga al mismo tiempo que el plan de otros países, lo que podría retrasar a su vez su aprobación, ya que las instituciones europeas se encontrarán con un pico de trabajo.