Macron enseña a Sánchez cómo controlar una energética en pleno 'caso Naturgy'

Emmanuel Macron tiene un problema con la energética EDF y Pedro Sánchez con Naturgy. Aunque ambos casos de intervención del Estado en gigantes del sector son completamente opuestos, la intención del Gobierno francés de tomar el control total de su energética de cabecera reabre en Moncloa un debate sobre una mayor participación estatal en las empresas del sector. Todo ello, mientras analiza la OPA del fondo australiano IFM por Naturgy. 

“La tendencia en Francia y en España en cuanto a la participación y control del Estado en actividades energéticas es bastante diferente”, matiza a Vozpópuli un conocedor de este proceso de control que prefiere mantener el anonimato. “Mientras en España se ha adoptado una actitud de menor intervención (fundada en la defensa de intereses estratégicos), Francia mantiene un peso específico muy importante en todo el sector”, añade. 

El escenario se refleja con el movimiento que prepara el Gobierno francés en EDF, según se filtraba a prensa la semana pasada. El equipo de Emmanuel Macron prepara 10.000 millones para comprar el 16% que le falta de la cotizada EDF y los bonos que tienen los inversores. Una inversión pública que es un rescate. La energética francesa, considerada el mayor productor de energía nuclear del mundo, arrastra problemas del pasado y ha rozado este 2020 el primer año en números rojos de su historia mientras se adapta a marchas forzadas a los objetivos energéticos que ha impuesto Bruselas. 

El movimiento devuelve el debate de una mayor intervención energética del Gobierno en España. Aunque existen grandes diferencias. En primer lugar, como recuerdan desde el sector a este periódico, el Estado español no posee control en las sociedades que se dedican a actividades liberalizadas (generación y comercialización), en cambio, EDF sí realiza actividades de generación y de comercialización. De hecho, el Gobierno de Macron pretende colocar el negocio renovables en una filial controlada 100%.

En España, Moncloa controla las sociedades matrices de los gestores de los sistemas eléctrico Red Eléctrica (REE) y gasista (Enagás), a través de la SEPI (20% en Red Eléctrica y 5% en Enagás). "Participaciones que está sometida a una estricta regulación", matizan. El resto es capital flotante en Bolsa. Su movimiento de control del sector en estos días, más allá de aumentar su participación, se limita a un papel de regulador en la OPA parcial de Naturgy del fondo australiano IFM por el 22% de la compañía.

¿Debería tomar un papel más activo en las energéticas españolas? "Son diferentes casos, EDF es una compañía estratégica para Francia en todos los sectores energéticos (gas, electricidad y renovables) y Naturgy no lo es tanto. Respecto a Enagás o REE, la segunda siempre está controlada indirectamente por el Gobierno aunque tenga carcasa de sociedad anónima y Enagás no lo veo porque el gas está diversificado el riesgo en otras compañías", explican las mismas fuentes.

Macron, Sánchez y el control de la energía

Mientras que la intervención accionarial del Estado en las energéticas siempre está bajo debato, el control del Ejecutivo de este sector no se discute. Por un lado, es una actividad "absolutamente estratégica para los intereses nacionales", como definen los expertos, como es la gestión técnica de los sistemas de gas y electricidad.

Otro punto por el que el Gobierno tiene que estar siempre encima de la energética es que son actividades reguladas. Es decir, con tarifas y retribuciones sujetas a regulación por el Gobierno, y ahora también de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), como son el transporte de electricidad y de transporte de gas.

Control de las inversiones

La apuesta ahora del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, al margen de aumentar su participación en las energéticas en plena crisis del coronavirus, es el control de inversiones extranjeras directas. Un hecho que ha existido siempre para actividades estratégicas. "Aunque es cierto que los requisitos se han visto algo endurecidos, el propósito de la norma es preservar los intereses estratégicos de España y la independencia de las actividades frente a potenciales compras financiadas o apoyadas por terceros países (sustancialmente China)", comentan con este medio desde expertos del mercado energético.

Ahí el Gobierno puede tener un cierto margen discrecional. "Cuyo control político podrá ser ejercido por el Congreso de los Diputados y cuyo control jurídico será realizado por los jueces, que garantizarán la legalidad de la resolución que se dicte al respecto", concluyen.