Vuelve el impuesto a la generación: la factura de la luz aumentará en 3.100 euros al año en una pyme

La primera factura de la luz de enero aparecerá con sorpresas en la zona de los impuestos. El IVA se mantiene reducido, aunque se eleva hasta el 10% a la factura, y algunas tasas ya olvidadas vuelven en 2024 para incrementar la tarifa. Este es el caso del impuesto sobre el valor de la producción de electricidad, también conocido como impuesto a la generación, que carga con un 7% la tarifa. Una tasa que se retiró en junio de 2021 para paliar la subida de los precios de la electricidad y que el Gobierno ha considerado recuperar porque el mercado “se está normalizando”. 

"Durante los últimos meses el precio de la electricidad se ha reducido considerablemente, lo que indica una normalización en el mercado eléctrico. Por consiguiente, se considera preciso ir atenuando la medida excepcional que se adoptó mediante el citado Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, en el ámbito del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica", explica el Gobierno.

No obstante, a cierre de 2023, el precio del mercado mayorista es un 15% más alto que en junio de 2021. Y se sentirá en la factura. Las estimaciones que maneja el sector eléctrico son que este impuesto a la generación supone un incremento anual de la factura del 4,2% para un consumidor doméstico medio, acogido a la tarifa regulada del Gobierno, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). 

En el caso de consumidores industriales, el impacto es superior. Las facturas de una pequeña o mediana empresa, pyme, engordan un 5,2% para, que en términos medios suponen 3.100 euros al año, y hasta un 6,4% para un gran consumidor electrointensivo, que en cifras medias alcanzaría un incremento de 100.000 euros al año en cada factura. 

Estos incrementos se consideran por empresas y grandes consumidores eléctricos un "lastre" para la competitividad de la industrias española frente a sus competidores europeos. Los grandes consumidores conectados en alta tensión pagarían unos 586 millones de euros al año adicionales en su factura, de los que 100 millones de euros corresponden a los muy grandes consumidores conectados en "muy alta tensión".

Un impuesto a las empresas que golpea a los consumidores

Este impuesto grava las actividades de producción e incorporación de energía al sistema eléctrico. El tipo impositivo es del 7% del importe total que corresponda percibir por la generación e incorporación de energía al sistema eléctrico. Es decir, es un impuesto que pagan los productores de electricidad y no los consumidores. Aunque estos trasladan este castigo fiscal a la factura de los consumidores. Los productores añaden este coste a las ofertas de venta y el impuesto llega al consumidor final en el precio que paga por la electricidad.

Por ello, los productores de electricidad en España consideran que este impuesto encarece el precio frente al resto de Europa. También es criticado por catalogarse como un impuesto contrario a la transición energética, ya que grava por igual a toda la electricidad, independientemente de si está producida con fuentes renovables o combustibles fósiles contaminantes. 

Las empresas temen un castigo a sus acuerdos

Ese efecto provoca también que aumenten los contratos de energía a largo plazo en España, los denominados PPAs, ya que estos contratos incorporan el traslado de este impuesto en caso de que se imponga. 

“Los PPAs son herramientas clave para la futura promoción de instalaciones renovables o el desarrollo de nuevas oportunidades económicas, como los Centros de Proceso de Datos que pugnan por instalarse en España por su potencial competitividad de precios de energía”, explican desde el sector. “Reponer este impuesto supone poner en peligro futuros puestos de trabajo asociados a nuevos proyectos industriales en España”, añaden.  

Por último, el Gobierno recupera este impuesto pese a que la Comisión Europea aboga por finalizar las medidas interventoras en el sector energético, para recuperar el funcionamiento de los mercados y la confianza de los inversores en Europa. Simultáneamente, Francia o Alemania exploran vías para reducir la factura eléctrica de sus empresas. Una carga que se notará en la primera factura del año.