El PNV gana el primer asalto a Sumar: el 'impuestazo' se maquillará en favor de Iberdrola y Repsol

El Gobierno suavizará el gravamen temporal a las energéticas en la Ley de Presupuestos de 2024, según avanzó Vozpópuli. Pedro Sánchez confirmó esta noticia en su discurso y Yolanda Díaz aireó por todas las vías posibles su disconformidad con esta decisión. El responsable de la primera manzana de la discordia del nuevo Ejecutivo es PNV, que condicionó su respaldo a la investidura de Sánchez al maquillaje del impuestazo en favor de empresas clave en el País Vasco como es el caso de Iberdrola y Repsol.

El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar incluía la intención de hacer permanente este impuesto a las grandes empresas de ambos sectores. Una reivindicación fundamental para el partido que lidera Yolanda Díaz. Y que provocó una reacción automática por parte del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, al ver que ese hachazo al 1,2% de su márgenes, que siempre había calificado como "injusto", iba a dejar de ser temporal e instalarse como permanente. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", explicaba. 

Una protesta que caló dentro del PNV, partido que presidió Imaz entre 2004 y 2008. Los jeltzales no pueden perder ni un solo voto de cara a las elecciones vascas y el gremio industrial vasco es un buen caladero. Por ello, el PNV decidió mover ficha con Pedro Sánchez, como ya intentase a través de enmiendas en la llegada de este impuestazo, para contentar a sus empresas. 

Por eso, la formación vasca tardó poco en celebrar la decisión del Gobierno de revisar este impuesto en junio, que es cuando se espera que salga adelante la Ley de Presupuestos. "El Grupo Vasco ha alcanzado varios acuerdos con el Gobierno español en relación con el Decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros", explicaba. "Los gravámenes a banca y energéticas se integrarán en el sistema tributario y serán concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Nafarroa; y se creará un incentivo para el sector energético por las inversiones estratégicas que se realicen ante la posibilidad de una "ralentización" del gasto en transición ecológica", añadía su valoración. 

Un comentario de ganadores que llegó al mismo tiempo que la protesta de los perdedores. "No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo está pasando mal", comentaba Yolanda Díaz. "No estamos de acuerdo con el PSOE en que una fiscalidad justa y verde sea un problema para la inversión", aseguraba la vicepresidenta y líder de Sumar.

Díaz choca con Ribera y Montero

Una posición que también choca con las otras dos vicepresidentas del Gobierno. El pasado 4 de diciembre, Teresa Ribera se avino a cambios en el impuesto a energéticas ante la amenaza de Repsol, Iberdrola y Endesa de llevarse inversiones fuera de España. El 12 de diciembre, María Jesús Montero lo ratificó. "El diseño del impuesto era temporal", dijo Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero en el acuerdo de investidura [con Sumar] se dice que se hará permanente", explicó, por lo que seguirá, y aclaró que "básicamente se darán incentivos a la inversión para la electrificación en red". Se quiere "mandar un mensaje al sector energético con el fin de que continúen o empiecen inversiones y para acelerar el ritmo". 

Victoria del PNV

Aunque la propia Montero, la nueva vicepresidenta primera del Gobierno, planteó en octubre tras firmar el pacto con Sumar que este impuesto no sólo se haría permanente sino que se endurecería. Pero el discurso ha cambiado y Yolanda Díaz no está de acuerdo con este plan de cambio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La idea es adaptar este impuesto para que las empresas puedan retirar las inversiones estratégicas que sean esenciales para la transición ecológica, como el almacenamiento energético o los nuevos combustibles renovables. Un hecho que ya aparece en el BOE, que es lo exigió el PNV y un argumento que han defendido en todo este tiempo Iberdrola y Repsol para protestar contra este impuesto.