Encasa Cibeles, la sociedad participada por Goldman Sachs a la que le fueron adjudicadas 3.000 viviendas de protección oficial por unos 200 millones de euros tras una resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) cuya nulidad ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, estudia en estos momentos el fallo del Alto Tribunal sin descartar la posibilidad de presentar una reclamación por daños y perjuicios al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que achaca cualquier posible "vicio".

El quid de la cuestión ahora es que el fallo del Supremo parece no entrar en el fondo de cuál ha de ser el efecto de la nulidad para con quiénes se han beneficiado de la operación, y se limita a confirmar la nulidad del acuerdo de enajenación sellado por el IVIMA al desestimar los recursos contra ella presentados por la Comunidad de Madrid y Azora, la gestora inmobiliaria que participó del consorcio adjudicatario junto a Goldman. 

"Estamos analizando el fallo", responde a Vozpópuli un portavoz oficial de Encasa Cibeles, la sociedad mercantil participada por Goldman a la que fueron a parar las VPOs, tras ser preguntado sobre un potencial reclamo de indemnizaciones a la Comunidad. "Encasa Cibeles siempre ha cumplido todos los contratos de inquilinos firmados con el IVIMA, también en lo que respecta a las bonificaciones de renta que algunos de ellos tenían concedidas. En su política de gestión, Encasa Cibeles siempre da especial prioridad a aquellos casos de vulnerabilidad social, que son atendidos por su equipo de mediación social para buscar las alternativas y soluciones más adecuadas a cada situación.", inciden, haciendo hincapié en que Encasa, según ellos, ha cumplido su parte.

El período de protección para las viviendas adjudicadas venció el pasado otoño. Desde entonces, Encasa Cibeles ha vendido ya más de 500 viviendas en el mercado libre, mientras que más de 650 fueron adquiridas por sus inquilinos originales, que ejecutaron su derecho de compra a precio protegido, avanzó El País.

Culpa de la Administración

Según anticipó en octubre eldiario.es, Encasa Cibeles ya avisaba en sus últimas cuentas que las resoluciones judiciales devenidas hasta ese momento apuntaban a la nulidad del acuerdo de adjudicación por un "vicio" achacable a la Administración Pública que ella podría subsanar mediante "fórmulas jurídicas", y que, de ser necesario revertir la venta, "cabrá la posibilidad de que la Compañía (Encasa) presentara una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños y perjuicios causados".

La empresa añadía además que "a efectos aclaratorios, si como consecuencia de la anulación del Acuerdo de Adjudicación se declarara, a resultas del correspondiente procedimiento judicial civil instado al efecto en ejecución de la sentencia contencioso-administrativa, la nulidad del contrato de compraventa por el que la Compañía adquirió las viviendas, la declaración de nulidad del contrato lleva aparejada como efecto la necesaria restitución de las prestaciones recibidas por las partes en virtud del contrato declarado nulo", o lo que es lo mismo, que si la nulidad del acuerdo de adjudicación implica la nulidad de la operación de compraventa, Encasa tendría que devolver, de partida, las viviendas, y la CAM los 201 millones que recibió en 2013.

La Comunidad de Madrid estudia elevar el asunto al Tribunal Constitucional e incide en la situación de los terceros ocupantes de las viviendas

La Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que estudia si elevará el asunto ante el Tribunal Constitucional, analizando si la sentencia de este jueves del Supremo "no es firme hasta que se resuelva la casación autonómica por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid" e incidiendo en que, de consumarse la anulación de manera definitiva, "solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes" y no debería afectar a los terceros ocupantes de las viviendas.