Consumir energía de una forma eficiente supone ahorrar. Es uno de los mensajes que ha dejado la crisis energética que acompaña a los hogares españoles desde que comenzaron a olvidar la pandemia. Si el consumo se produce sin necesitar emisiones de CO2 el ahorro es mayor mientras se genera un beneficio con el planeta. Otro de los mensajes que deja esta crisis. Dos elementos que se juntan en la nueva propuesta en la que trabaja el Gobierno: las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.
Esta medida tiene como principal objetivo repartir costes entre vecinos para poder tener acceso a las nuevas tecnologías que hay en el mercado para consumir de una forma ‘verde’. El modelo, que surge de las directivas europeas, tiene como principal objetivo las pequeñas localidades que hay en España, que son las que realmente tienen difícil adaptarse a la denominada ‘transición energética’ y donde estima que vive un 12% de los españoles.
Un grupo de vecinos puede asociarse para agrupar dinero e instalar placas solares en sus tejados o terrenos tanto para calentar sus hogares como para vendérselo a la red en el caso de que le sobre producción. Para ello, la medida plantea que estas comunidades tengan su propio espacio en las subastas de Régimen Económico de Energías Renovables (REER) para dar un precio a esa producción y reservar de capacidad en los nudos de la red eléctrica, objeto de concurso para garantizar tiene un punto en la red para evacuar esta electricidad.
Pero estas comunidades van más allá de juntarse para la gestión de las placas. La gran inversión que supone para una sola familia, de renta media o baja, comprarse un vehículo eléctrico, con su correspondiente punto de recarga, puede ser compartido entre los miembros de esta comunidad. También compartir gastos de una calefacción central con biomasa o solar térmica e, incluso, poderse plantear gestionar con una aplicación móvil la gestión de su energía comunitaria.
La norma que debate el Gobierno, el sector y la CNMC pretende crear el conjunto de normas que amparen a estas comunidades. Un marco normativo que les dará derechos, pero también obligaciones. Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, pueden adquirir distintas formas jurídicas, pueden participar en todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica, y deben estar integradas por un mínimo de cinco socios o miembros, sin que ninguno supere el 51% de los votos, que han de ser personas físicas, administraciones locales o empresas de pequeño tamaño.
Europa saca ventaja
Aunque España llega tarde con respecto a algunos socios europeos. Este formato se reconoce dentro del Clean energy for all Europeans package, la reforma de la Directiva Europea sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad de 2019 y la revisión de la Directiva Europea de Energías Renovables de 2018.
El país de la Unión Europea con mayor número de comunidades energéticas, según un estudio realizado en 2020 por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, es Alemania, con 1.750 comunidades, seguida de Dinamarca (700) y Países Bajos (500).
En Italia, un estudio del Politécnico de Milán (Informe sobre el Mercado de la Electricidad) que comparte la eléctrica Enel estima que, en 2025, las comunidades energéticas de Italia serán unas 40.000 y que en ellas participarán aproximadamente 1,2 millones de hogares, 200.000 oficinas y 10.000 pymes.
España cuenta con 33 registradas a fecha de 2022. Mientras se debate la norma, el único dato positivo para valorar su posible éxito es la buena aceptación que está teniendo el autoconsumo. La potencia instalada se ha multiplicado por 20 desde el año 2018 y ya supera los 5 gigavatios (GW).
Unas cifras que pronostican que el modelo de consumo tradicional y la posibilidad de generar una independencia parcial de las grandes eléctricas promete seducir a los hogares tras dos años de gran incertidumbre con su consumo energético.
