El CNI investiga a los nuevos accionistas de las energéticas tras la amenaza de Rusia

El sector energético es uno de los puntales en los que se basa el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), más aún tras la invasión de Rusia a Ucrania y la convulsión que define el actual mercado internacional. A tenor de este interés, los servicios de inteligencia españoles activan su maquinaria para evitar injerencias no deseadas en las empresas estratégicas del sector, ejerciendo unas labores que incluyen la investigación del nuevo accionariado de estas compañías.

Así consta en un informe recientemente editado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), que bebe de la información ofrecida por el propio centro, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de todos los organismos de la administración implicados en estas competencias.

"En el ámbito de la seguridad energética, el CNI realiza un análisis estratégico de los riesgos existentes para la seguridad y continuidad del suministro, especialmente los que proceden de la vertiente meridional, sobre todo en el actual contexto de volatilidad", explica el último informe del DSN. "Asimismo, realiza un seguimiento de la entrada de actores de relevancia en la estructura accionarial de las empresas estratégicas del sector y de las políticas que pretenden introducir en sus planes de negocios", añade.

Uno de los nuevos accionistas más sonados en el sector es el fondo australiano IFM. Esta firma de inversión se puso bajo la lupa a principios de 2021 cuando anunció su intención de comprar el 22% de Naturgy, la gran gasista española. Su intento, rodeado de ruido, se quedó en la compra de un 10,8% y con la entrada de un consejero en la mesa de gobierno. Su OPA se puso en el centro de la opinión pública, entre otras cosas, para vigilar una posible alianza con los otros grandes fondos foráneos (CVC y GIP) para dirigir el futuro de la compañía. El valor estratégico de Naturgy hizo que el Gobierno interviniese en la operación.

La principal gasista del país y el representante español en el control del Medgaz, el único gasoducto con Argelia que le queda a España, llevó a Moncloa a autorizar la OPA bajo estrictas medidas y que IFM sea el termómetro del Gobierno de los movimientos del consejo de Naturgy. Un consejo donde sigue mandando Criteria Caixa que, ante la llegada del fondo australiano, aumentó su participación para defender la 'españolidad' de la gasista. Aunque, sin salir de Naturgy, es reseñable que Sonatrach, la energética pública argelina que 'ha cortado el grifo' en la polémica con Marruecos, controla un 5% de la compañía.

Otro de los accionistas relevantes de las grandes energéticas en España es Qatar. El fondo soberano es, desde 2011, el máximo accionista de Iberdrola, el mayor dueño de infraestructura energética nacional. Un accionista de referencia de Iberdrola que, a su vez, es uno de los principales proveedores de gas del país. Otro socio de España que tiene intereses en las energéticas españolas es Italia, que a través de Enel es el dueño del 70% de Endesa.

Abu Dabi, por su parte, controla con su firma de inversión Mubadala la mitad de Cepsa y un 3% del gestor técnico del sistema gasístico español, Enagás. Norges Bank, el fondo de pensiones de Noruega, otro de los países que han aumentado su actividad tras las invasión de Ucrania, mantiene una posición relevante en compañías como Repsol o Iberdrola. El fondo soberano de Singapur controla desde marzo un 4% de EDPR, filial de renovables del grupo EDP. Por último, firmas estadounidenses de inversión como BlackRock, Goldman Sachs o JP Morgan son otro de los accionistas de referencia de los grandes .

El papel del CNI

La vigilancia de los dueños de las energéticas en esta situación excepcional se integra dentro de las funciones del CNI. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa tiene asignadas principalmente cuatro funciones, tal y como explicaron fuentes oficiales del servicio secreto español en una visita abierta a los medios celebrada este lunes: la lucha contra la inmigración ilegal -en el sentido de combatir las mafias e intercambiar información con países de origen o tránsito-, el contraterrorismo, la contraproliferación armas no convencionales y la contrainteligencia.

Es en éste último ámbito donde se enmarcaría las pesquisas en el sector energético, con el objeto de identificar servicios hostiles, personas o entramados empresariales que intentan actuar en España. Las empresas de este sector están consideradas como una de las áreas estratégicas en la seguridad nacional, más aún después de que Vladimir Putin amenazase abiertamente con cortar el suministro a Europa en respuesta a las sanciones puestas por Bruselas a Moscú tras la invasión a Ucrania.

“La invasión rusa de Ucrania ha puesto en riesgo la seguridad del suministro de gas natural y productos petrolíferos a nivel europeo y ha empezado a identificar las distintas vulnerabilidades del sistema energético europeo en su conjunto”, detalla el Departamento de Seguridad Nacional en su informe anual, alertando de la “dependencia” del gas ruso.

Pero los trabajos no sólo se centran en analizar el suministro internacional. Las investigaciones en torno a las injerencias de servicios hostiles, aplicadas al ámbito energética, derivan en las citadas labores de vigilancia en el accionariado del sector energético español.

Para el cumplimiento de todas esas funciones, el CNI cuenta con una plantilla de 3.000 hombres y mujeres que trabajan tanto en territorio nacional como en el extranjero. Este año el Gobierno ha aumentado la partida presupuestaria un 4,3%, hasta alcanzar la cifra de 337 millones de euros; una cifra que aún dista de los fondos que países europeos: Reino Unido dispone de una partida anual de 3.400 millones y un personal de 13.630 personas.