FCC y Acciona ultiman la puja por los 1.091 millones del nuevo macrovertedero de Madrid

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Acciona ultiman sus opciones para pujar por la concesión del nuevo macrovertedero del noroeste de Madrid en Colmenar Viejo, la principal licitación en marcha en la Comunidad de Madrid a ojos del mercado de las concesionarias de infraestructuras, según trasladan a Vozpópuli fuentes del mercado.

Una operación que reviste la mayor obra en materia de sostenibilidad de la Legislatura y que se presume también urgente para evitar sanciones a España desde Bruselas por posibles incumplimientos de directivas en materia medioambiental. La obra brindará servicios a cerca de un millón de personas y recibirá financiación con cargo a los fondos europeos Next Generation.

El plazo de presentación de ofertas vence la semana entrante, y entre quienes presentarían ofertas sobresalen la gigante controlada por Carlos Slim -que en 2018 se hizo con la adjudicación del primer complejo medioambiental de reciclaje de Madrid, en Loeches, tras haber asumido diez años antes la planta de la Mancomunidad del Este- y la compañía presidida por José Manuel Entrecanales, que recientemente se erigió en adjudicataria por parte de la Comunidad de Madrid de una planta de biometano para gestionar 70.000 toneladas de residuos orgánicos.

Ambas compañías aparecen también entre los adjudicatarios del servicio de recogida de residuos licitado por la ciudad de Madrid en 2022, proceso en el que FCC se hizo con un lote valorado en 504 millones y Acciona, otro de 484 millones en unión temporal con Valoriza y OHLA .

También se habrían interesado empresas como Sacyr y ACS, como así también grupos extranjeros como el francés Veolia, principal accionista de Aguas de Barcelona, o el alemán Schwarz. OHLA llegó a plantear una ampliación del plazo de presentación de ofertas a la que la administración licitante se habría opuesto por la urgencia del proyecto.

FCC y Acciona, a por una promesa de 1.091 M en 20 años

La Mancomunidad del municipio del noroeste de Madrid junto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid han sacado a concurso esta licitación con una promesa de ingresos de 1.091 millones de euros para el concesionario al hilo de un contrato de 20 años con un resultado operativo estimado de 252 millones.

Los términos financieros de la concesión han llegado a abrir una brecha entre las administraciones antes mencionadas, lideradas por el Partido Popular, y la Oficina Nacional de Evaluación, un organismo de reciente creación adscrito al ministerio de Hacienda del Gobierno central que lidera el Partido Socialista Obrero Español. Una brecha, por cierto, que habría despertado recelos entre empresas que se han interesado en el contrato.

La ONE considera que las cifras prometidas al concesionario no estarían suficientemente justificadas y ha planteado limitar la concesión a 14 años de explotación, lo que supondría un recorte de la facturación presupuestada de casi 500 millones de euros. Para la Mancomunidad, el organismo adscrito a Hacienda sigue un método que no se adecúa a este caso "ya que no valora dentro de su fórmula todas las variables económicas a las que se incurre en la ejecución del contrato".

Así las cosas, ha puesto el foco en los gastos financieros, que, "calculados, con un tipo de interés del 5,5%, ascienden a 78.959.98,21 €, importe suficientemente elevado para que su no consideración suponga una variación tan significativa en el plazo de concesión calculado por la ONE (14 años), respecto al calculado en el Estudio de Viabilidad (20 años)".

Razones de urgencia

"El criterio para el cálculo de la rentabilidad del proyecto no es unánime, así la Comisión de Evaluación Financiera de la Comunidad de Madrid (organismo autonómico equivalente a la ONE), en informe emitido sobre la concesión de la ciudad de la justicia de 2022, utiliza el criterio menos restrictivo, incluyendo en el cálculo de la rentabilidad del proyecto los gastos financieros, criterio utilizado también, por otras oficinas de Evaluación autonómica", atendiendo al grupo de ayuntamientos respaldados por Sol, que también apela a la urgencia de la situación.

"La Autorización Ambiental Integrada (AAI) que rige las instalaciones gestionadas por la Mancomunidad del Noroeste marca, como plazo máximo para la puesta en funcionamiento del complejo ambiental, el 15 de mayo de 2025, por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, adoptar las conclusiones de la ONE impediría también el cumplimiento de los plazos otorgados", han incidido desde la Mancomunidad.

"Se alargaría la situación excepcional en la que nos encontramos, por continuar vertiendo residuos en el depósito controlado de Colmenar Viejo, sin tratamiento previo, incumpliendo todas las directivas europeas y demás normativa nacional y autonómica, además de la AAI que rige en las instalaciones, pudiendo ser motivo de sanciones, pérdida de financiación e incluso responsabilidad penal".