Capital de España, Buenos Aires: la deriva de un Gobierno con fecha de caducidad

Hubo un tiempo en que España era un país respetado e influyente. Lo recuerda, de entrada, un expresidente del Ibex: “En numerosos países de América, eran los propios presidentes quienes se ponían al teléfono cuando había que negociar una gran inversión con un empresario. Siempre te recibían en sus despachos. Eso sí que es capacidad real de influencia para un país”. Hablamos de la era en que algunas empresas españolas vislumbraron las puertas que abría la globalización y tomaron posiciones envidiables en mercados con futuro emergente. No hace tanto, ni tres décadas. “Y mira ahora”, concluye, “nos hundimos con un Gobierno peronista, con sindicatos comprados y asociaciones patronales cada vez más adocenadas”.

El empresario reflexiona en voz alta con el conocimiento de causa que otorga la experiencia del pasado y con las pruebas irrefutables que concede el presente. La más inaudita tiene que ver con el escaso seguimiento de la protesta convocada este miércoles por CCOO y UGT. En Madrid asistieron poco más de mil personas, según los cálculos de la Policía. Un fiasco con sabor a éxito para los líderes sindicales, que perseguían, precisamente, eso mismo: armar el menor ruido posible contra el Gobierno que dirige la economía en el momento más horrible.

El Panel de economistas de Funcas apunta a un crecimiento del 4,8% este año, ocho décimas menos de lo esperado. Ese dato irá descendiendo a medida que avance la guerra. La inflación, por el contrario, seguirá el camino inverso: la previsión media anual ha pasado del 3,5% al 5,8%.

Con este panorama por delante, la pregunta que viene es obvia: “¿Cómo estarían actuando las centrales sindicales estos días si en Moncloa estuviera el PP?”, recuerda otro consultor cercano al Ibex. “¿Y qué harían las bases de Unidas Podemos? Estarían ‘incendiando’ las calles”. Lo cierto es que, por mucho que haya caído el crédito de los sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez siguen contando con un ejército multitudinario en nómina. Es decir, con capacidad real de presionar en la calle y en los despachos. Pero para eso hay que querer.

Tanto CCOO como UGT están haciendo, precisamente, lo contrario: manteniendo firme un dique favorable al Gobierno, enfriando los ánimos de los trabajadores, en lugar de agitar la hoguera que ya ha prendido un colectivo minoritario pero contundente de camioneros. Las movilizaciones sindicales del día 23 ni siquiera iban dirigidas contra el Gobierno, sino que ponían el foco en los empresarios -por no mover un dedo para contener los precios energéticos- y en los socios Europeos -exactamente por la misma razón-.

El fiasco de la protesta sindical tiene sabor a éxito para sus promotores. Están enfriando los ánimos de los trabajadores en lugar de agitar la hoguera que ya ha prendido un colectivo minoritario pero contundente de camioneros

Motivos para inundar las calles sobran, para los votantes que siempre han sido críticos con Pedro Sánchez, pero también -o, sobre todo- para los millones de españoles que se enfrentan a una nueva crisis económica cuando ni siquiera ha concluido la anterior. Es cierto que las actuales circunstancias son comunes al resto de nuestros socios comunitarios, pero hay una diferencia evidente: la inacción clamorosa del Gobierno español, frente a los pasos que ya han dado Francia, Italia o Portugal. Vayamos por partes.

El tiempo está dando la razón a quienes criticaron desde el minuto uno a la coalición que nos gobierna. La deriva peronista -o para ser más precisos, ‘kirchnerista’- se palpa en algunos paralelismos. El más evidente fue el más sangrante, aunque ya forma parte de la historia: Pablo Iglesias y su esposa, Irene Montero, se sentaron en la misma mesa del Consejo de Ministros, el primero como vicepresidente y la segunda como ministra.

Un Gobierno sobredimensionado

El fundador de Podemos se echó a un lado por su fiasco electoral en Madrid. Sin embargo, pese al batacazo económico que supuesto la pandemia, Sánchez mantiene un Gobierno con 22 ministerios, con sus respectivas cohortes de altos cargos y asesores elegidos a dedo. Una estructura sobredimensionada que recuerda demasiado a las redes clientelares que extendieron los Kirchner -Néstor primero y su esposa Cristina Fernández después- en Argentina-. Y que mantiene intactas hoy el presidente Alberto Fernández, que cuenta igualmente con el favor de los sindicatos, probablemente los más poderosos de Latinoamérica.

Para cuadrar las cuentas, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos siempre han explorado vías que aumenten los ingresos pero casi nunca maneras de ajustar el gasto. Sobre todo, el de una administración -central y autonómica- inflada, o al menos para los tiempos que corren: el Gobierno de Sánchez es el que ha generado más empleo público en menos tiempo (358.000 nuevas nóminas).

Esa ausencia de recortes y la poca firmeza de las reformas está dirigiendo a la economía por el camino del estancamiento; y, lo más peligroso, de la inflación; ese indicador que tan bien conocen -por desgracia- los argentinos. En España ronda ya el 8% y alcanzará los dos dígitos en los próximos meses, niveles no vistos -como contó aquí Beatriz Triguero- desde 1992.

La de Argentina superaba el 52% en febrero, un país que también coincide con el nuestro por su tendencia al déficit excesivo. Al concluir 2020, según la última comparativa del FMI, ascendía al 8,6%, ocupando el puesto 149 de 191 naciones (ordenadas de menor a mayor). España tiene un desequilibrio presupuestario del 7,3%, el segundo más alto de la UE. 

La debilidad de nuestra economía, con una factura extra por delante de 24.000 millones en pensiones, explica por qué Sánchez no ha podido impedir que un grupo minoritario de transportistas abran la espita del enfado popular

Ese déficit estructural y la escalada espectacular de la inflación hacen a nuestro país mucho más vulnerable ante el panorama que se avecina. A la vuelta de la esquina aguarda un nuevo embiste de la crisis que arrancó con la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020. A menos que haya un giro imprevisto, la guerra de Ucrania irá restringiendo el crecimiento de aquí al final del año, acercando la economía al terreno de la estanflación. La gran diferencia con la época del confinamiento es que el Banco Central Europeo ha empezado a retirar sus estímulos y elevará los tipos de interés.

Es probable que la curva del PIB vuelva a descender en forma de U, obligando al Gobierno a extender las redes de seguridad que estaba a punto de desmontar: desde los créditos ICO a la moratoria concursal, pasando por los ERTE o las ayudas directas. Y todo ello tiene un coste, cada vez más difícil de asumir para un Ejecutivo que tomó una decisión demasiado arriesgada: ligar la revalorización de las pensiones al IPC. Mercedes Serraller le puso cifra en este diario a la factura extra que supondrá la subida de aquí al fin (previsto) de la legislatura: 24.000 millones.

En ese lastre se halla una de las principales razones que explican por qué Sánchez no ha podido impedir que un grupo minoritario de transportistas abran la espita del enfado popular. Una situación más holgada permitiría taponar con medidas la sangría que están provocando los precios energéticos a millones de pymes y autónomos. Pero la capacidad de reacción del presidente sigue disminuyendo a medida que crece el descontento en las calles. Cada vez son más los analistas que piensan que la guerra iniciada el 24 de febrero ha activado una nueva cuenta atrás hacia las elecciones: hacia el final del Gobierno de coalición y sus 22 resistentes ministerios.