La factura 'extra' de 24.000 millones en pensiones condiciona las ayudas del Gobierno

Cerca de 24.000 millones de euros extra es la factura que va a tener que pagar el Gobierno entre 2022 y 2023 por la revalorización de las pensiones con el IPC que ha aprobado y que blinda contra viento y marea a pesar de la emergencia económica sobrevenida. Esta hipoteca es una de las razones más poderosas detrás del retraso de sus medidas y de su negativa a concretarlas y por la que ofrece hasta la fecha las peores ayudas de la UE. La incapacidad económica o nulo margen de acción que tiene España ha sido reconocida por el propio Pedro Sánchez en Financial Times, donde ha advertido a la UE de que si no ofrece herramientas "será difícil para España soportar el coste económico de la guerra". "Necesitamos medidas y las necesitamos ya", ha señalado Sánchez trasladando a la UE el mismo mensaje que le trasladan empresas y consumidores en España, porque, a su juicio, el impacto de la guerra será "mayor o menor" en función de la respuesta que de Europa a la crisis.

Mientras Sánchez ha aderezado su gira para recabar apoyos de otros líderes europeos con esta entrevista, en España claman el transporte y los sectores afectados por la crisis energética y de suministros. Hasta la fecha, el Gobierno sólo ha puesto encima de la mesa un plan de ayudas al transporte dotado con 500 millones del que cargará parte a las petroleras y del que no hay concreción alguna.

Pedro Sánchez ya ha salvado un mes, marzo, sin sufragar una sola medida. Sin embargo, el resto de países de nuestro entorno, que sufren la misma coyuntura y que ya habían dado paquetes para paliar el alza de la electricidad, tienen desde hace días y en algunos casos, semanas, baterías de medidas mucho más voluminosas en vigor. El caso de Portugal, Italia, Irlanda y Polonia. Y si nos las tienen en vigor, como Francia, ya las han anunciado hace semanas y sus ciudadanos tienen certidumbres: conocen el detalle de las medidas y cuánto tiempo van a estar en vigor.

En medio de toda esta tormenta, la inflación encadena subidas desde hace ya un año, cuando la energía comenzó a encarecerse, elevando los costes de producción de las empresas e inflando también los precios finales de otros productos. Tras cerrar el 2021 con un IPC anual medio del 3,1%, la mayor tasa desde 2011, la invasión de Rusia a Ucrania ha agravado la situación de los precios energéticos e hizo crecer los de otras materias primas. En febrero, la cesta de la compra que elabora el INE fue un 7,6% más cara que en el mismo mes de 2021. Dada la incertidumbre sobre la intensidad y la duración del conflicto, los economistas ya auguran que esta situación se alargue más de lo esperado. El panel que elabora Funcas y que incluye a 19 servicios de estudios diferentes espera que en marzo la tasa anual del IPC alcance el 7,8%. Hay que retroceder a mayo de 1986 para encontrar una subida similar.

La espiral inflacionista ya completamente desbocada inquieta cada vez más al Gobierno. Una vez que se ha puesto a desindexar todo lo que puede, incluidos los alquileres, y de que insta a patronal y sindicatos a que cierren un pacto de rentas, todas las miradas se dirigen a la recién estrenada reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, que las liga al IPC y no prevé un mecanismo que haga esto sostenible, ni siquiera en un escenario con un IPC contenido, según han advertido el FMI, la OCDE, Banco de España, Standard & Poor's, BBVA o Fedea.

Pues bien, Escrivá se mantiene en su posición y ha subrayado que la revalorización de las pensiones debe hacerse conforme a la evolución del IPC porque es una cuestión que "no es discutible". Ante el impacto en las cuentas de la Seguridad Social, ha dicho que se compensará con la mayor recaudación por cotizaciones sociales, que avanza este año a un ritmo del 9,7%, según datos de su Ministerio.

Una factura de 16.000 millones

Con un IPC del 2,5%, un cálculo conservador sitúa la factura extra en 2022 en más de 6.000 millones de euros, a los que sumar cerca de 5.100 millones más en 2023 sólo con un IPC de 3,3%, cifra que los economistas ya ven superada. El doble, un 6,7%, que ya se perfila, supondrá más de 10.000 millones más en 2023, lo que supondrá de entrada un extra de 16.000 millones, cifra que puede verse rebasada.

Pero es que la factura va más lejos, advierte José Antonio Herce, consultor en longevidad y pensiones en LoRIS, para lo que considera que "no hay caja suficiente". Y es que cada extra de cada ejercicio tiene efectos en años siguientes mientras sigan en el sistema los pensionistas que lo reciben en un ejercicio. En este sentido, Herce ha calculado que el pago adicional de 5.100 millones en 2023 sólo con un IPC del 3,3% supondría en ese periodo que se abre a futuro un total de 23.441 millones. Con una inflación del 6,7% este impacto futuro total superará los 50.000 millones.

Todo ello, sin totalizar estas cifras, lo que advierte de que podría hacerse y resultaría en cuantías mareantes. Es decir, los datos que ofrece de 2022 y 2023 no suman el impacto de otros elementos, por ejemplo, de la paguilla que se ha dado en 2022. Se trata de la paga compensatoria por la desviación de precios de 2021, que será la última que reciban los pensionistas, pues a partir de este año sus pensiones ya se actualizan con el IPC.

En este escenario, además de Sánchez, tanto la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aluden constantemente al Estado de Bienestar que hay que sostener y acusan a quien reclama rebajas de impuestos de querer "desmantelarlo". A esto se añade la querencia sobrevenida por las ayudas en lugar de las rebajas de impuestos transitorias que sí contemplaban a principios de la semana pasada. El argumento lo ha dado Podemos: además del coste puro y duro, las rebajas de impuestos le parecen regresivas mientras que las ayudas se quieren topar y dar por niveles de renta.