Moncloa trabaja en un plan de energía más verde en plena alerta de suministro en Europa

El Gobierno prepara un plan de contingencia de seguridad energética del país. A su vez, está en proceso de revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), su hoja de ruta energética para la próxima década. La alerta de suministro que vive Europa es un argumento que utilizan desde los partidos de la oposición y algunos grupos de presión para pedir al Ejecutivo, con Teresa Ribera como cara visible, que cambie su opinión sobre las nucleares, el gas e, incluso, el carbón. Pero este examen del PNIEC no va por esa línea.

Según explican fuentes gubernamentales a Vozpópuli, es cuestión “de meses” que el Gobierno desvele la actualización de su hoja de ruta energética. El Gobierno es consciente que el escenario energético que existía en 2020 no es el mismo, tras la pandemia y la crisis energética. Se considera que esta revisión se debe hacer de “forma ágil” y “efectiva”. Desde el Ministerio de Transición Ecológica confirman a este medio que se sigue trabajando en esta actualización.   

Este documento tiene que hacer hueco a los planes energéticos que aparecen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la estrategia española para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del coronavirus. El punto más relevante en esta materia que afecta al PNIEC es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) que movilizará 16.300 millones de euros en este ámbito. 

El PNIEC tampoco hace referencia a la estrategia de almacenamiento ni a las hojas de ruta de las tecnologías de generación energética que marcarán el futuro en España: el biogás, el hidrógeno verde, la eólica marina y el autoconsumo. Desde el sector insisten en que los objetivos actuales en materia de biogás están muy lejos de poder reforzar el suministro en España para independizarse del gas ruso, tal y como exige la Comisión Europea. 

Antiguas energías para nuevos tiempos

El carbón no forma parte de estos planes. Las plantas de carbón que todavía pueden operar, como As Pontes o Litoral, es una alternativa que no contemplan desde el Ministerio para la Transición Ecológica de cara a 2025 o 2030. Moncloa no descarta que tengan que aumentar la producción con carbón en 2022 o 2023 para poder hacer frente a los posibles cortes de gas con el conflicto con Rusia. Aunque a largo plazo es una alternativa que se descarta del mix energético.  

El plan de cierre de las centrales nucleares es un debate que tiene más fuerza. El Congreso valoraba durante el debate del estado de nación prolongar la vida útil de las cinco centrales nucleares que siguen operativas en España. Una propuesta que se ha aprobado, que no tiene carácter vinculante, pero instan al Gobierno a cumplir los compromisos exigidos por el Congreso. Un respaldo que se une al voto favorable del Parlamento Europeo de que plantas nucleares sean consideradas “verdes”. Ribera rechaza esta alternativa, pero la revisión del PNIEC abre la puerta a moderar su posición. 

Bruselas pone la lupa 

El PNIEC de 2020 era un planteamiento de objetivos y de ambición, pero que no contaba con medidas concretas para poder alcanzarlo. Por ejemplo, el plan cuenta con llegar a 2030 con 89 gigavatios (GW) de energía eólica y solar fotovoltaica, pero no hablaba de que actualmente el ritmo de instalación son 3 GW anuales. Ahora el Gobierno tiene que entrar en el cómo lo pretende hacer. 

Porque Bruselas le pedirá antes del 15 de marzo de 2023 esta hoja de ruta. La Unión Europea demanda a cada estado miembro la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los planes presentados por cada país sirven a la Comisión para determinar el grado de cumplimiento conjunto y establecer actuaciones para corregir posibles desvíos. 

El calendario incluye una actualización cada cinco años y establece que los estados miembros deberán presentar cada dos años informes de progreso. Es decir, el Gobierno tiene que cerrar esta actualización antes de que termine el año.