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Los fondos cesan a la cúpula de la española Gestagua tras una denuncia de fraude

El Grupo Saur, controlado por EQT, PGGM y CVC, asume "cambios en el equipo de dirección en España" de la proveedora de agua tras ser acusada de falseo de firma y espionaje industrial

EQT, dueño de Gestagua.
Sede central de EQT Partners, en Estocolmo.

RECTIFICACIÓN DE JULIO ACINAS

Revolución en la cúpula de una de las mayores operadoras de agua de España. Los inversores internacionales de Gestagua han forzado el inicio de actuaciones dirigidas al cese de ejecutivos de la compañía tras una denuncia por fraude documental, según ha podido saber Vozpópuli a partir de fuentes del mercado de las infraestructuras.

De acuerdo a estas fuentes, las áreas afectadas por los despidos podrían alcanzar a la propia dirección general que encabeza el CEO, Rogério Koehn, así como también al departamento jurídico que dirige Julio Acinas y el área de Compliance de la compañía, si bien las medidas disciplinarias no se han hecho oficiales.

RECTIFICACIÓN DE JULIO ACINAS

Dos de los informantes consultados apuntan a que lo que está demorando la oficialización es la búsqueda de sustitutos para los ejecutivos señalados. Koehn, en concreto, ha emergido como una figura de renombre en el sector al calor de su rol de consejero delegado de Gestagua desde 2020 tras la llegada a la propiedad del fondo de capital riesgo EQT en 2018, ponen de relieve fuentes del mercado.

A preguntas de este medio, desde la matriz de la española, el grupo Saur de origen francés y controlado ahora por el también dueño de Idealista y Solarpack EQT (50%), el holandés propietario de Resa PGGM y el británico accionista de Naturgy CVC Capital Partners, aseguran haber determinado la conveniencia de adoptar "decisiones estratégicas importantes" que incluyen "cambios en el equipo de dirección en España" de Gestagua para "asegurar constantemente la alta calidad y los estándares en sus operaciones a nivel mundial".

La compañía presta en la actualidad servicios esenciales de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales a algo más de un millón de personas en más de 60 ciudades españolas. En España emplea a cerca de un millar de empleados y factura algo más de 100 millones de euros al año.

"Esta decisión está totalmente alineada con la estrategia global y ofrece una oportunidad para reforzar la posición del Grupo Saur en el mercado español, que aspira a convertirse en una de las compañías líderes en la gestión del agua en el país y en un partner estratégico para la transición hídrica", enuncian los propietarios de Gestagua.

La compañía presta en la actualidad servicios esenciales de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales a algo más de un millón de personas en más de 60 ciudades españolas. El grupo emplea en nuestro país a cerca de un millar de empleados y factura algo más de 100 millones de euros al año.

La matriz Saur emergió en 2021 como el tercer mayor operador de agua de la Península, por detrás de las líderes Aguas de Barcelona (Agbar) y FCC Aqualia, al comprar la portuguesa Aquapor y sumar así unos 250 millones de facturación anual entre España y Portugal. En 2023, EQT vendió un 50% de Saur al consorcio de inversores neerlandeses PGGM y DIF Capital Partners (este último fue luego adquirido por CVC).

Denuncia contra Gestagua por falsificación de firma

Los cambios en la cúpula de Gestagua llegan tras una denuncia del pasado mes de febrero del sindicato UGT. La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha acusado a la compañía hídrica de haber registrado un Plan de Igualdad que incluye la firma del propio sindicato sin su consentimiento previo y sin que el texto siquiera se hubiera negociado previamente.

Anteriormente, en 2023, El Confidencial informó de la imputación por un juez de primera instancia de dos empleados de Gestagua por el supuesto robo por medios informáticos de información confidencial de otra compañía.

Esto último habría acontecido en el marco de la pugna de Gestagua con otra empresa por una licitación valorada en cerca de 300 millones de euros por la gestión del agua en la capital de Galicia, el ayuntamiento de Santiago de Compostela, por un período de hasta 20 años.

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