Los regantes culpan al Gobierno de la sequía: "Perdemos un 16% de agua por el ecologismo"

Nuevo cerco del sector agrario al Gobierno. Tras las protestas de agricultores y ganaderos, ahora se han unido específica y oficialmente los representantes de los regantes. Desde Fenacore, la Federación Nacional de Regantes de España, que representa a más de 700.000 agricultores del sector del regadío, han criticado al ministerio de Transición Ecológica, al que acusan de indiferencia ante los problemas del sector ya que "es fundamental" que se impliquen también en esta lucha del campo. Además, bajo su punto de vista, el Gobierno, a través de este ministerio, es también culpable de los problemas de sequía.

"El ministerio de Transición Ecológica es responsable de la aprobación de caudales ecológicos, de manera a veces demasiado optimista, sin haber hecho los estudios previos de qué impacto van a tener los caudales ecológicos sobre la disponibilidad de agua. [...] Si preguntamos ahora por qué hay sequía en España, todos dirán que es porque no llueve. La realidad es que un 16% de la falta de agua en España se debe a los caudales ecológicos promovidos sin criterio por el Gobierno. No todo es culpa de la sequía", ha denunciado Juan Valero de Palma, presidente de Fenacore, en conversación privada con periodistas durante la XXII Jornada Técnica de Fenacore.

Los regantes no rechazan el uso de caudales ecológicos, una serie de medidas para regular y planificar a conciencia los recursos hidrológicos de las diferentes cuencas, estableciendo un régimen de caudales específico para cada río en función de sus características particulares, siempre en pro de la sostenibilidad. Pero exigen que se haga con responsabilidad.

"Cuando se aprueben esos caudales hay que hacer el estudio, no sólo de qué necesita la biodiversidad de ese cauce, sino también de qué impactos va a tener este caudal ecológico sobre las garantías y la disponibilidad de agua. Porque una administración que tiene que aprobar eso tiene que ser responsable y saber las consecuencias de sus decisiones", ha declarado en este sentido el representante de los regantes. "Y esa parte de los impactos de los caudales ecológicos no se ha estudiado con el rigor, con la seriedad y con el detalle que es imprescindible hacerlo. El Ministerio de Transición Ecológica es el responsable de estas normativas ambientales", ha terminado por denunciar Valero.

Para el sector es tristemente sorprendente la indiferencia del sector responsable de la gestión del agua, un bien preciado y el gran orgullo de nuestro campo, como lo calificó el ministro Luis Planas en el gran evento de la asociación. "El ministerio que ha perdido en gran parte esa sensibilidad por la producción de alimentos, por el mundo rural y por la agricultura. Nosotros lo que reivindicamos es que se armonice la sostenibilidad ambiental con la necesidad de producir alimentos y hacerlo de una manera sostenible. En el Ministerio de Transición Ecológica son responsables de esta ley de evaluación ambiental, que es un disparate".

En este sentido, y respecto al agujero en la inversión en infraestructuras hidráulicas, los regantes aseguran que la construcción de presas y embalses serviría para adaptar el sistema agrario al cambio climático y mitigar algunas de sus consecuencias más severas, como las inundaciones y las sequías. Asimismo, defienden una reducción de los condicionantes ambientales en los proyectos de modernización de regadíos y los financiados con fondos Next Generation.

Las peticiones de los regantes

Durante la Jornada, Fenacore ha propuesto una serie de medidas para 'salvar' al sector, entre las que destaca una reforma de la PAC que elimine los ecoesquemas en las modernizaciones de regadío.

Más concretamente, los regantes han pedido medidas para hacer frente a la crisis energética, como la aplicación de un IVA reducido a las comunidades de regantes en los suministros de energía o mantener con carácter indefinido la posibilidad de modificar la potencia contratada dos veces al año. Por su puesto, al igual que el resto del sector agrícola, exigen flexibilizar el marco jurídico para que los agricultores europeos puedan competir en igualdad de condiciones con países no comunitarios en torno a la producción de alimentos.

En este marco, la Federación pide la aprobación de cláusulas espejo para asegurar que los productos que entran en la UE cumplen íntegramente las exigencias de la normativa de la UE.