El 'impuestazo' del Gobierno a los cementerios nucleares pone en riesgo la rentabilidad de las centrales

El debate sobre las centrales nucleares se centra ahora en cómo financiar los cementerios nucleares tras el cierre de estas centrales a través de la tasa Enresa. El Gobierno propone subir un 30% este impuesto, que se aplica a la producción de energía nuclear para financiar la gestión de los residuos radiactivos. Una decisión que, según los expertos, pone en riesgo la viabilidad de las centrales durante los años de vida que les quedan.

“La subida de la tasa Enresa planteada por el Gobierno para financiar el nuevo Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) pone en jaque la sostenibilidad de estas centrales”, explica la consultora PWC en su informe “El papel de la energía nuclear en el marco de la transición energética”, presentado esta semana. 

PwC ve viable cubrir el incremento plasmado en el 7º PGRR utilizando la recaudación del impuesto al combustible nuclear gastado. Este impuesto fue creado para cubrir desviaciones de coste de desmantelamiento. Esta solución, ya prevista en la regulación, evita aumentar la tasa a las centrales nucleares y poner en riesgo las centrales e incrementos de coste para los consumidores.

La energía nuclear está siendo la diana de potenciales subidas de costes por parte del Gobierno. Actualmente, esta tecnología tiene una carga fiscal de 25 euros megavatio hora. Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto incrementar la tasa para financiar el 7º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) –conocida como tasa Enresa– un 30%, hasta los 10,36 euros el MWh desde los actuales 7,98 euros MWh. 

Nuevos cementerios nucleares

Este incremento obedece fundamentalmente a una decisión política: sustituir el almacén temporal centralizado (ATC) por 7 almacenes temporales descentralizados (ATD) , uno por central nuclear. De materializarse esta propuesta, la carga fiscal ascendería hasta los 28 euros megavatio hora. Casi el doble de la fiscalidad francesa en sus nucleares. Esto compromete su viabilidad económica a futuro, donde los precios medios de energía en el OMIP en los próximos 10 años rondan los 50 euros megavatio hora.

El informe de PWC destaca que esta tecnología es crucial en la transición energética, que es clave para garantizar el suministro y que afronta un problema de viabilidad por su elevada fiscalidad. 

Óscar Barrero, socio de la división de Consultoría de PwC, defiende que “en los últimos años, las plantas nucleares han cubierto alrededor de un 20% de la producción eléctrica nacional de manera anual y han conseguido evitar en torno a 20 millones de toneladas de CO2”. Y además han conseguido ese porcentaje con tan solo el 5,7% del total de la potencia instalada y sin emisiones contaminantes. 

PwC propone no aumentar la tasa a las centrales nucleares y cubrir el incremento plasmado en el 7º PGRR utilizando la recaudación de la Ley 15/2012, que fue creada con el objetivo de cubrir cualquier posible desvío. Adicionalmente plantea eximir a ENRESA del impuesto al almacenamiento establecido en la norma mencionada, tal y como están exentas las entidades públicas de la mayoría de los impuestos.