Los super se 'rebelan' contra la UE por las medidas medioambientalistas: "No son realistas"

No solo el campo. Ahora también los super se han empezado a rebelar contra las normativas ecologistas de la Unión Europea, al igual que llevan haciendo desde hace semanas los trabajadores del sector agrario de todo el viejo continente. Este lunes, en concreto, la Asociación Española de Supermercados Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), ha criticado la revisión del Reglamento de Gases Flourados, aquellos que consiguen que una determinada instalación permanezca a una temperatura específica; una revisión publicada en el Diario Oficial de la UE y que tiene como principal objetivo la reducción progresiva, hasta su eliminación, de los mismos.

"Los tiempos marcados para las prohibiciones no son realistas", ha denunciado María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de ASEDAS, en un artículo titulado 'Refrigeración y alimentación: porqué España es diferente', publicado originalmente en la Revista Aral y compartida posteriormente desde la propia asociación.

Esta crítica a una nueva medida de corte ecologista se suma a otras tantas que 'ahogan' al sector de la distribución. Sin ir más lejos, hace unas semanas esta patronal, que agrupa a supermercados como Mercadona, Lidl o Dia, denunció que el sector del comercio tuvo que aplicar casi 500 nuevas normas medioambientales en 2023, que vienen tanto de las administraciones públicas como estatales y europeas, en "una escalada normativa que no cesa desde niveles previos a la pandemia".

"La legislación que nos llega desde todas las administraciones -y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución-, supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del retail español, caracterizado por una gran capilaridad y competitividad que permite llevar al consumidor una cesta de la compra variada y a precios competitivos muy cerca de sus casas", añadió la encargada de sostenibilidad de ASEDAS en el citado artículo sobre las normas europeas.

Sobre la nueva normativa concreta que ahora rechazan, la de limitar los gases flourados que hacen funcionar los frigoríficos típicos de los super, el sector de la distribución ha asegurado que está firmemente comprometido con el objetivo de la eliminación progresiva de los gases fluorados con un elevado PCA, pero que esta propuesta debería tener en cuenta que "los tiempos marcados para las prohibiciones no son realistas en relación con el estado del arte de la tecnología aplicable a los equipos que se utilizan en los supermercados". "Por ello, desde el sector de usuario finales pedimos que se analicen los nuevos plazos desde un punto de vista más realista".

Los super se suman a la crítica del campo

Los supermercados se suman con estas denuncias de cómo les aprieta la Unión Europea y las administraciones españolas en materia ecologista a la rebelión del campo, pues gran parte de sus quejas radican precisamente en este punto.

De hecho, hace unas semanas, cuando se realizó la denuncia de las casi 500 medidas medioambientalistas aplicadas en 2023, la patronal de los super aseguró: "Esta situación coincide con las actuales denuncias del sector primario en toda Europa relativas a la alta carga legislativa y administrativa que soporta el sector y que, como reflejan los datos relativos al comercio, comparten todos los eslabones de la cadena de valor. Este hecho tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas europeas". Un claro intento de acercamiento entre el sector de la distribución y el agrícola, que desde hace años tienen una tensa relación.

En este contexto, según pudo saber Vozpópuli hace unas semanas, las organizaciones agrarias con representación en la Unión Europea empiezan a definir sus líneas de actuación para contrarrestar definitivamente las políticas medioambientalistas y ecologistas de Bruselas, las políticas por las que agricultores y ganaderos llevan meses tomando las calles. Así, el campo europeo está trabajando en un 'pacto amarillo' como respuesta al polémico 'pacto verde'.