Los requisitos para acceder a las ayudas directas del Gobierno han dado rienda suelta a la picaresca. Muchos autónomos y empresas que hasta la fecha habían cumplido con sus compromisos de pago han dejado facturas sin pagar en los meses de abril y mayo para poder acceder a estas ayudas, que dejan fuera a todos aquellos que no tengan deudas pendientes, tal y como ha avanzado este periódico.

Según han confirmado a Vozpópuli patronales y asociaciones de autónomos, esta es la estrategia a la que han tenido que recurrir muchos de los que habían hecho esfuerzos para mantenerse al día con sus pagos para ahora no ser discriminados en la concesión de estas ayudas que ya están repartiendo las comunidades autónomas. Hasta la fecha, sólo la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han abierto los procedimientos de solicitud -la primera de ellas ya ha empezado a entregar las ayudas este martes-.

"Estas ayudas se convierten en una herramienta que está dada a la picaresca porque estamos hablando de facturas pendientes de pago. En ningún caso de necesidades objetivas de liquidez de autónomos y empresas, porque podemos tener facturas pendientes de pago de meses anteriores. Hay pymes más grandes que pagan a más de 90 días, incumpliendo la ley, y que se van a beneficiar de estas ayudas. Se alivia a empresas que son conocidas como tarde-pagadoras, por decirlo de forma liviana, y se perjudica a aquellos autónomos que hacen frente mes a mes a sus obligaciones de pago", explica a este periódico Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Abad conoce muchos autónomos que "han tenido que tirar de los ahorros que han conseguido juntar a lo largo de los años" para hacer frente a los pagos -de deudas y costes fijos (alquiler, luz, agua, etc.)- y que ahora se van a quedar fuera de las ayudas porque no tienen facturas sin pagar.

"Los autónomos que responden con bienes presentes, pasados y futuros, son los que desgraciadamente han quedado sin ningún tipo de amparo porque han gastado hasta el último céntimo en pagar a sus proveedores y ahora están en situación de insolvencia desde el punto de vista de su tesorería, no se pueden acoger porque no tienen deudas contraídas", explica.

Castigo para autónomos y empresas cumplidores

Abad considera que, desde ese punto de vista, "son unas ayudas que están mal paridas, mal diseñadas", ya que no tiene sentido "que se le dé una patente de corso a aquellos que no han podido o que no han querido, por igual, atender las obligaciones, y que a aquellos que han tenido que ir a sus ahorros o que han tenido que pedir de alguna manera liquidez fuera del mercado tradicional de la banca, no puedan acogerse a estas ayudas que son tan importantes".

Por esta razón, muchos de los que habían hecho un esfuerzo para atender sus compromisos hasta la aprobación del real decreto-ley que regula las ayudas en el BOE, el pasado 21 de abril, están desde entonces incumpliendo con sus pagos para poder acceder a las ayudas.

"Muchos van a pagar las facturas de mayo con la ayuda. A un autónomo que cotice por estimación objetiva le van a dar como máximo 3.000 euros y eso lo tiene gastado sólo con los proveedores de mayo", explica a este medio Lorenzo Amor, presidente de ATA (la asociación más representativa, junto a UPTA, del sector de autónomos), quien lamenta que el Gobierno no se haya inspirado en otros países como Alemania o Francia donde las ayudas se implementaron mucho antes y con otro procedimiento.

"Son ayudas con trampa, y lo saben", señala el presidente de ATA, que se ha quejado insistentemente porque muchos autónomos van a quedar fuera de esta protección.

Otras asociaciones que incluyen a pequeñas y medianas empresas también comentan en conversaciones con este medio que muchas de ellas se plantean dejar de pagar las facturas para evitar la "discriminación", aunque tampoco es fácil, pues las facturas tienen que venir de contratos anteriores a la fecha de aprobación del real decreto del 13 de marzo. "Más complicaciones", comentan.

Desde CEPYME, la patronal de pequeñas y medianas empresas, advierten de que el hecho de tener que presentar facturas impagadas va a llevar a muchas empresas a no pedir las ayudas. "Una empresas tiene que estar presentado facturas impagadas, esto nos parece que puede desalentar o desmotivar a que la gente presente mucho estas solicitudes. Una mediana empresa bien estructurada no tiene este problema, pero para una pequeña empresa que depende de gestores va a ser muy complicado".

En su opinión, las ayudas no deberían depender de la deuda acumulada sino que deberían servir para compensar pérdidas y ayudar a las empresas a construir un colchón para continuar con su actividad.

El reparto ha arrancado este martes en Madrid

Aunque el real decreto-ley que aprobó el Gobierno en abril ya dejaba entrever que las ayudas sólo se destinarían al pago de deudas, este aspecto se ha confirmado ahora que las comunidades autónomas han tenido que interpretar la norma para poder articular las ayudas y repartirlas al tejido productivo.

Organizaciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya habían advertido de la ambigua redacción de la norma y de que la direccionalidad de las ayudas podría dar lugar a un incremento de los impagos, algo que precisamente el Ejecutivo quería evitar.

Pese a que el Ejecutivo anunció estas ayudas en marzo, el real decreto-ley que las regula no se publicó en el BOE hasta abril y hasta este martes no ha empezado a llegar el dinero a los solicitantes. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda ha firmado convenios bilaterales con las comunidades autónomas, después les ha hecho entrega de los fondos y éstas han articulado los procedimientos para concederlas.

Este martes, la Comunidad de Madrid ha informado de que ha sido la primera en liberar el dinero. En total, se han concedido 8.556 ayudas, con un importe medio de 3.000 euros. La gran mayoría de los beneficiarios de esta primera remesa son taxistas, bares, pequeños comercios, peluquerías y centros de belleza.