El Gobierno ha aprobado un fondo de 11.000 millones de euros de los que 7.000 se entregarán a las comunidades autónomas para que concedan ayudas directas a empresas y autónomos, una iniciativa que se produce muchos meses después de que otros países europeos hayan aprobado ayudas similares, con una cuantía presupuestaria muy inferior y con una gestión mucho más compleja.

Aunque el Ejecutivo aprobó el real decreto-ley que regula las ayudas el 12 de marzo y se marcó como objetivo que el dinero estuviera transferido a las comunidades autónomas en un plazo de cuarenta días (para finales de abril), lo cierto es que su tramitación parlamentaria como proyecto de ley podría retrasar aún más la llegada de las ayudas.

Precisamente su método de gestión es su riesgo principal, según un estudio comparativo elaborado por el panel de economistas de Funcas, en el que se señala que la puesta en marcha de las ayudas en España será mucho más compleja que en otros países como Alemania, Francia o Italia,

"Nuestra intención es que no se retrase la firma de convenios, pero se ha tramitado como proyecto de ley, así que es previsible que los códigos (de actividades que podrían recibir ayudas) se modifiquen y se incluyan otros. Estaremos atentos a ver lo que sucede en el Parlamento pero mi intención es ir firmando los convenios antes de que pase el plazo de cuarenta días", afirmaba esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Gestión descentralizada y desigual

Hacienda ya ha decidido cómo repartirá los 7.000 millones entre las comunidades así que los siguientes pasos serán firmar convenios bilaterales con cada una de ellas y entregarles el dinero. Después, los gobiernos autonómicos tendrán que decir cómo instrumentan esas ayudas, lo que podría retrasar su recepción por parte de las empresas y autónomos más necesitados.

Algunas comunidades autónomas (como Galicia, Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Ceuta) se han quejado públicamente porque el Gobierno les haya encomendado la gestión de las ayudas directas, obligándoles a cumplir ciertas normas prefijadas y sin consultarles su parecer.

En otros países, como Francia o Italia, la gestión ha sido centralizada y las solicitudes se realizan directamente desde el portal de su Agencia Tributaria, el ente encargado de conceder las ayudas, aunque en Alemania también la implementación corre a cargo de las administraciones regionales.

Menos presupuesto, ayudas de menor cuantía

Otra diferencia sustancial entre España y sus homólogos europeos está en la cuantía a la que ascienden esas ayudas, ya que son mucho más generosas en el resto de países. Según recoge Funcas, el coste presupuestario de las ayudas directas en Alemania asciende a 50.000 millones, en Francia es de 20.400 millones -aunque no se ha fijado un tope máximo, sólo una cifra orientativa-, y en Italia, de 11.000 millones, frente a los 7.000 de España.

Esta diferencia en la dotación presupuestaria –marcada también por el escaso margen fiscal con el que cuenta nuestro país- provocará a su vez que las ayudas de los otros países cubran más porcentaje de pérdida de los negocios.

En España sólo se compensará entre un 20% y un 40% de la pérdida de ingresos de los sectores más afectados, mientras que en Italia se compensará entre un 20% y un 60% de cualquier sector; en Francia, hasta el 100%; y en Alemania hasta el 90%.

La ayuda máxima que podrá recibir cada negocio está en línea con Francia o Italia pero es muy inferior a la de Alemania: las empresas italianas recibirán como máximo 150.000 euros; las francesas y españolas, 200.000; y las alemanas hasta 1,5 millones de euros.

En España las ayudas no llegarán a todos

Los tiempos también son distintos. "En algunos países como Alemania y Francia las ayudas se empezaron a conceder a partir del otoño, en plena segunda ola. Pero el dispositivo se reservaba para aquellas empresas que se enfrentaban a una restricción administrativa de actividad. Desde el inicio del año, sin embargo, las ayudas se han ampliado a todos los sectores", explican.

España e Italia han seguido los pasos después, pero mientras que en Italia las ayudas se han generalizado al conjunto de la economía, al igual que ocurre en Alemania y Francia, en España se limitan a los sectores más perjudicados, como el comercio, la hostelería y el ocio, entre otros.

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