"La ministra no había cruzado esa línea hasta ahora. Es muy preocupante que traspase la legalidad". Es el sentir de inspectores de Hacienda, según ha podido saber Vozpópuli, alarmados por que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, revelara datos fiscales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a los medios en el Senado este martes.
El carácter reservado de los datos tributarios que regula la Ley General Tributaria no sólo impide revelarlos, sino que le está vetado el acceso al propio ministro de Hacienda, ya que quedan restringidos a la Administración Tributaria para los usos que regula la norma.
Montero aludió, en declaraciones grabadas a las 17.05 horas del martes, a una información sobre la pareja de Díaz Ayuso que no se conocía y que a las 21.29 y 21.38 horas publicaron El País y elDiario.es, respectivamente. Se trataba del supuesto fraude que habría cometido Alberto González Amador en el cobro de comisiones en la venta de mascarillas, con el que habría pagado el piso en el que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, un asunto que sólo está en el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que ésta ha remitido a la Fiscalía y en la denuncia de la Fiscalía.
Montero, además, se cuidó de precisar que carecía de más datos sobre la inspección tributaria a González Amador que lo que venía publicándose en los medios de comunicación.
En esas declaraciones, Montero instó a la presidenta regional madrileña a dar explicaciones y actuar "con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". Sólo falló un detalle: cuando pronunció estas palabras, ningún medio de comunicación había publicado nada.
"Hasta ahora la ministra no había caído en esto, pero esto se terminó", lamentan inspectores.
ElDiario.es publicó este martes que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, una información que se basaba en la denuncia de la Fiscalía y que podía provenir de ésta o del Juzgado y que no apuntaba a Hacienda.
La oportunidad de la publicación de esta información para el Gobierno en pleno escándalo por la trama Koldo y en el día en que se votaba la creación de una comisión de investigación no impedía constatar a las fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli que los datos que se desprendían de la noticia resultaran veraces y acordes con una inspección que ha seguido los cauces y los tiempos ordinarios. Sin embargo, las declaraciones de Montero en el Senado han hecho saltar las alarmas de los inspectores.
Precisamente este miércoles, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha declarado: "Si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, se pone en entredicho el artículo de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria. Por tanto, hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería gravísimo".
Defensa del Estado de Derecho
En un acto celebrado en Barcelona en el que IHE ha suscrito un Pacto de profesionales en defensa del Estado de Derecho, junto con cuatro asociaciones de jueces y fiscales y otras tantas de altos funcionarios, contra la ley de amnistía, De la Herrán ha insistido: "Lo que no queremos es que se traslade una imagen de que la Agencia Tributaria está politizada. Los inspectores de Hacienda no estamos politizados. Por eso, advertimos de que cualquier funcionario en cualquier ámbito de la Función Pública tiene que ser elegido objetivamente, porque si no es así deberá el favor a la persona que lo ha elegido, y nosotros no queremos eso".
IHE se ha posicionado por el Estado de Derecho y contra la amnistía y el pacto del PSOE con Junts por una financiación singular para Cataluña, en el que los socialistas se comprometen a negociar la cesión del 100% de impuestos a Cataluña y una Hacienda propia.
Desde hace año y medio, la Asociación de Inspectores está batallando con el Gobierno a cuenta de la intención de este de facilitar el acceso a la condición de funcionario, que consideran que puede ser una puerta abierta a la politización de la Administración.
En el congreso de los inspectores de Hacienda celebrado en octubre en Burgos, publicaron un documento en el que advierten de los peligros y grandes riesgos para la igualdad y la lucha contra el fraude que supondrían una Agencia y un Cupo catalanes, y analizan con detalle varios casos que ponen de manifiesto "una utilización política de la AEAT, y una falta de independencia que creen que un futuro estatuto de la AEAT debería proporcionar".
Respecto a la fuga de datos fiscales de la AEAT, citan los pocos casos a lo largo de la historia de la AEAT que ha ocurrido con Gobiernos del PSOE y del PP. Los últimos eran entonces los que ocurrieron con Cristóbal Montoro de ministro. Hasta ahora.
Querella
La Fundación Foro Libertad y Alternativa ha anunciado este miércoles que en cinco días presentará querella contra Montero "por cometer un delito, según el Código Penal".
Consideran que "se habría valido de su posición para tener acceso no autorizado a datos reservados de carácter personal, habiéndolos difundido para tratar así de dañar el prestigio de la presidenta de la CAM e indirectamente minimizar las graves acusaciones de las que son objeto miembros destacados del Partido Socialista actualmente".
De confirmarse las sospechas, "estaríamos ante una actuación muy grave: la utilización del aparato del Estado al margen de la ley para perjudicar a un adversario político, en lo que constituiría un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en los artículos 197.2 y ss. del Código Penal", remachan.
