Cisma en la Agencia Tributaria por el acceso de inspectores nombrados a dedo

Este jueves y viernes, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebra su XXXIII congreso en Burgos. Se trata de la cita más importante de la única asociación que aglutina a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y agrupa al 70% del colectivo, formado por poco más de 1.000 inspectores. Cada año, el director de la Agencia Tributaria (AEAT) clausura el congreso con un discurso en el que transmite a este equipo de élite claves de las directrices que quiere seguir, les alecciona, a menudo les alaba y, en ocasiones, incluso, les critica. Este cierre es una ceremonia ineludible que han seguido todos los directores en todo tipo de vicisitudes: con gobiernos en funciones, en periodos electorales, en momentos de crisis y en pleno enfrentamiento entre la cúpula de la AEAT y los inspectores, como ocurrió en 2013 con la amnistía fiscal. Pues bien, este año la directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, no va a asistir.

Este plantón ha causado hondo malestar entre los inspectores, según ha podido constatar Vozpópuli, y se produce cuando la asociación lleva más de un año de protestas contra el asalto a la Inspección que viene favoreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Después de años de enfrentamiento con el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que reivindica que los técnicos puedan subir de escalafón y convertirse en grupo A1 y ha intentado introducir este asunto en enmiendas a los Presupuestos desde 2019, la Ley de Interinos que aprobó Miquel Iceta en 2021 hizo saltar las alarmas ya que suponía una facilitación del acceso a la Función Pública.

Loe temores se hicieron realidad con el acuerdo del 3 de noviembre de 2022 entre Hacienda y sindicatos para la promoción interna, que permite hacer funcionarios a interinos con un test, algo que se percibe como un proceso de podemización de la Función Pública, y que ha sido recurrido por los inspectores.

También han recurrido la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2023 y una convocatoria de la de 2022 que publicó el BOE el pasado 29 de septiembre. En las dos últimas OEP se incluye una cláusula que permite nombrar interinos a personas que no han aprobado la oposición. En septiembre, se ha puesto en marcha un proceso selectivo para cubrir 213 plazas en un proceso en el que se puede nombrar interinos a personas que no han aprobado ni desde luego superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales.

La Asociación de Inspectores anunció que va a recurrir las oposiciones convocadas ese día en el BOE para el cuerpo de inspectores por "vulnerar los principios constitucionales" y por suponer "un intento más de colonización de la Administración".

Considera "contrario a la más elemental lógica que una persona, sin haber superado el proceso selectivo -que es la garantía de estar en posesión de los conocimientos esenciales para su desempeño profesional, como predica la exigencia constitucional de capacidad para el acceso a la función pública-, pueda desarrollar una función tan sensible como es la que se encomienda a los Inspectores de Hacienda".

Esta convocatoria la firma la directora del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria, Marta Somarriba Victoria.

La percepción entre los inspectores es que Soledad Fernández Doctor no está enfrentándose al desafío de la manera que éste merece. Oficiosamente, ha transmitido que mientras sea directora de la AEAT no van a entrar interinos. Sin embargo, su directora de RRHH ha firmado la citada convocatoria que lo posibilita. Y a nadie se le escapa que si ella no lo hace, los próximos directores podrán hacerlo.

"Degradación del colectivo"

Este lunes, en el blog de la Asociación de Inspectores se ha publicado una carta de Genma Martín Meléndez, vicepresidenta segunda, muy crítica con el proceso de "degradación del colectivo" que se está produciendo: "Un paso más de este proceso lo podemos ver en la última convocatoria de las oposiciones al cuerpo de Inspectores de Hacienda, en la que se incluye un apartado en el que, de forma sigilosa, se desliza la obligatoria elaboración de una lista de interinos".

"Poco tranquiliza el que por parte de determinados altos cargos de la Administración Tributaria se diga que no van a existir los Inspectores de Hacienda interinos, porque si es así, si no existe la intención de crear tal figura, entonces no se entiende la torpeza de incluir una cláusula que, por lógica, habría de crear preocupación entre todos los compañeros", advierte.

"Ahora estamos en la fase en la que se reclama nuestra necesaria modernización y adaptación a los nuevos tiempos. Modificación del sistema de oposiciones, relajación de los requisitos para ascender a través de la promoción interna, lista de interinos … todo ello desembocará en la formación de un cuerpo de funcionarios acrítico, adaptable y agradecido", avisa.

Por último, Martín Meléndez llama a "no regatear esfuerzos en la defensa de un cuerpo de Inspectores de Hacienda altamente cualificado e independiente, y no sólo lo hemos de hacer por nosotros, sino, sobre todo, por la sociedad de la que formamos parte y a la que servimos".

Esta carta se escribe además en el marco del congreso que se celebra esta semana y de la ausencia de la directora. Fuentes de la AEAT justifican el plantón en que Fernández Doctor tiene un "viaje inexcusable" a la Conferencia Técnica del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que se celebra entre el 25 y el 27 de octubre en Quito (Ecuador).

El precedente Ferrovial

Fernández Doctor fue nombrada directora de la AEAT en junio de 2022 en sustitución de Jesús Gascón, que fue designado secretario de Estado de Hacienda, y era desde 2018 delegada especial de la AEAT en Madrid. La directora de la AEAT se había distinguido por la franqueza de sus comparecencias en la Comisión de Hacienda en el Congreso.

El pasado 11 de abril llamó la atención en la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta, que se convirtió en una especie de continuación de la ofensiva del Gobierno contra Ferrovial por su cambio de sede. Preguntada por si se estaba analizando la salida de Ferrovial, Fernández Doctor no respondió la fórmula esperada de que no puede hablar de contribuyentes concretos sino que dijo que se investigaría el traslado y se sancionaría a la multinacional con "cantidades importantes" si la salida obedece a motivos fiscales.

Como venía informando Vozpópuli, la de la AEAT era la única vía de control que existía y ahí venían apuntado las declaraciones de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El Gobierno no puede vetar la salida pero sí puede imponer un peaje fiscal, el castigo que impone Hacienda a los cambios de sede que considera que no tienen "motivo económico válido", a los que no permite acogerse al régimen de neutralidad que permite reestructurarse sin tributar. La AEAT es el organismo independiente encargado de analizar la operación desde un punto de vista técnico.

Carta blanca de Bruselas

El colofón que preparaba Hacienda a todos estos cambios es una polémica Ley de Función Pública, uno de los requisitos para que la Comisión Europea avale el cuarto pago del Plan de Recuperación, a cambio de 8.000 millones, que decayó cuando Pedro Sánchez convocó elecciones y disolvió las Cortes el 29 de mayo. Según trasladan fuentes gubernamentales, Bruselas ha eximido al Gobierno en funciones de la obligación de aprobar una ley a cambio de que el Ministerio de Hacienda apruebe regulaciones en sentido similar; eso sí, sin rango de ley y, por lo tanto, según estime oportuno.

Lo que más preocupaba a los altos funcionarios del Estado es la Disposición Adicional Séptima, que arroga la capacidad al Gobierno recolocar funcionarios y cuerpos a su antojo. "Se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes", dice.

En palabras de los inspectores de Hacienda, "carta blanca para modificar los cuerpos y las escalas de la Administración General del Estado durante un periodo de seis meses, siendo ésta una facultad que corresponde al legislativo". Así, estipulaba que podría hacerse inspectores a los técnicos mediante un Real Decreto en los primeros seis meses de la próxima legislatura.

En este sentido, los inspectores hicieron público un comunicado en el que denunciaban que era una "importante cesión a grupos de presión politizados" y que así se consagra una colocación "a dedo".