La Abogacía del Estado ha trasladado al Gobierno que tiene la obligación de presentar Presupuestos. Así se lo ha planteado cuestionada por este asunto, según trasladan fuentes conocedoras, en una consulta oral. Pero es que ya lo ha dicho por escrito en su último pronunciamiento sobre cuestiones presupuestarias.
El informe de la Abogacía del Estado que María Jesús Montero venía blandiendo hasta este miércoles para presionar al PP y justificar que no tuviera unos objetivos de estabilidad aprobados por las Cortes se vuelve ahora en contra del nuevo relato del Gobierno, que ha renunciado a presentar Presupuestos tras el adelanto electoral en Cataluña.
El informe refrenda, sí, la tesis de Montero de que cabe considerar vinculantes los objetivos de estabilidad que remitió el Gobierno a Bruselas en el Programa de Estabilidad en abril, más exigentes, del 0 para las comunidades autónomas, que los enviados el pasado octubre en el Plan Presupuestario, del 0,1%.
Pero también defiende con rotundidad que el Gobierno tiene la "obligación" de presentar Presupuestos, lo que sostiene explícitamente en tres ocasiones. De hecho, esta obligación es el argumento clave de todo el informe, que Hacienda quería que refrendara la aprobación de Presupuestos sin objetivos de estabilidad validados por el Parlamento.
Así, el informe empieza justo subrayando que "el artículo 134 CE establece la obligación del Gobierno de presentar a las Cortes generales un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado [...] Esta obligación es un mandato impuesto por la Constitución".
Asimismo, poco después la Abogacía del Estado insiste: "La obligación del Gobierno de presentar a las Cortes un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no puede ser obviada por las eventualidades que deriven de la aplicación de una norma de rango inferior a la Constitución". "Planteado así el problema, el rechazo de los objetivos de estabilidad por alguna de las Cámaras no afecta al deber del Gobierno de presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, pues esta obligación ha sido impuesta directamente por la Constitución (artículo 134.1)".
El informe vuelve a la carga en sus conclusiones: "En caso de no aprobación por las Cámaras del plan de reequilibrio presentado por el Gobierno, ello no exime a éste de las obligaciones establecidas constitucionalmente: presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (artículo 134.3 CE)".
Esta obligación que establece la Constitución no es reconocida en ocasiones, ya que algunos comentaristas aseguran que distintos gobiernos han ido prorrogando presupuestos. Sin embargo, este mandato constitucional ha sido respetado a los largo de los años. Los únicos gobiernos en plenas funciones que no han presentado presupuestos a las Cortes han sido el de José María Aznar en 1996, porque la investidura se produjo en mayo, y el de Pedro Sánchez en 2020 por la pandemia.
De hecho, Cristóbal Montoro interrumpió el parón vacacional en agosto de 2015 para presentar las cuentas cuando todo indicaba que se acercaba un periodo electoral del que no iba a salir un ganador claro y tras el que el Gobierno de Mariano Rajoy quedaría en funciones.
La moción de censura de Sánchez se produjo cuando Rajoy acababa de lograr que se aprobaran los Presupuestos de 2018.
El propio Sánchez disolvió las Cortes en marzo de 2019 cuando ERC tumbó sus Cuentas y las de 2018 siguieron prorrogadas, también en 2020 por producirse la investidura en enero y estallar la pandemia a principios de marzo.
El Gobierno ha cambiado ahora su versión tras decidir no presentar presupuestos por la dificultad que entrañaría su negociación, cuando el pasado 1 de febrero, Nadia Calviño condicionó la canalización de fondos europeos a que hubiera Presupuestos de 2024.
"Los Presupuestos son el instrumento para poder canalizar todos los fondos europeos", aseguró Calviño en su primera visita a España como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Leyes puente para ir funcionando
Esta declaración entró en la política interna española como llamada de atención a los grupos políticos, y lo hizo el 1 de febrero, cuando el Ejecutivo de Sánchez había quedado tocado tras el rechazo de Junts a la ley de amnistía y con pocas expectativas de aprobar presupuestos y completar la legislatura.
Sánchez tiene también una nutrida hemeroteca sobre la obligación de presentar Presupuestos.
El impacto directo de que no haya Presupuestos de 2024 se sitúa en el ámbito de la iniciativa política y de la inversión, porque el Gobierno ha ido derivando distintos asuntos que suelen ir en los Presupuestos aunque pueden aprobarse en otro proyecto de ley o Real Decreto-ley.
Es el caso de la subida salarial de los funcionarios, que ha introducido como enmienda en el proyecto de ley en el que está tramitando el Real Decreto-ley anticrisis aprobado in extremis el 11 de enero.
En este proyecto de ley el Grupo Socialista y Sumar han introducido también enmiendas con las entregas a cuenta de comunidades y ayuntamientos. Las de 2023 siguen prorrogadas, lo que está produciendo tensiones de tesorería, como ha informado Vozpópuli.
El Gobierno ya anunció su intención de que los impuestos a banca y energéticas se hicieran permanentes en un proyecto de ley. Si no fructificara, estos decaerán el 31 de diciembre como prestaciones patrimoniales. Los socios tienen gran interés en regular estos impuestos. El problema es que el PNV quieren suavizarlos y arrancó el compromiso de que el de energéticas bonifique inversiones medioambientales, y Sumar, ERC y Bildu quieren endurecerlos.
Pere Aragonès ya ha advertido en RNE de que el que no haya Presupuestos no implica que Sánchez no tenga que cumplir lo pactado con ERC, entre lo que destacan una financiación singular para Cataluña y una quita de la deuda de 15.000 millones, entre otros asuntos.
