Hacienda dispone de un informe de la Abogacía del Estado para burlar el veto del PP a los Presupuestos

Un informe de la Abogacía del Estado para dar cobertura a la amenaza de un ajuste duro. Es el as que se guardaba el Gobierno para burlar el veto del Senado a los Presupuestos. Un "informe jurídico" cuya existencia ha desvelado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes, que primero ha dicho que tenía "desde hace tiempo" y luego el Ministerio ha admitido que desde hace pocas semanas y de cuyo efecto los expertos dudan.

El informe establece que el Gobierno podrá acudir -según la ley orgánica, ha dicho- en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.

Los expertos dudan de los efectos del informe y alertan de que este escenario aboca a un nuevo choque institucional y a un incumplimiento del déficit

En caso de que en dos ocasiones no se aprueben por las dos Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, en el Programa de Estabilidad, un objetivo del cero para las comunidades en lugar del déficit del 0,1% que ahora plantea. Es decir, la amenaza es que si el PP no avala los objetivos, a las CCAA se les impondrán unos más exigentes.

A este informe de la Abogacía fía Hacienda el éxito de sacar adelante los Presupuestos lo antes posible y de acuerdo con los estándares de estabilidad presupuestaria y de rendición de cuentas con la UE en plena vuelta de las reglas fiscales. "Es lo que me llevaba, cada vez que me han preguntado, a afirmar que sí o sí habrá proyecto de presupuesto", ha enfatizado Montero, tras confirmar que este mismo martes el Consejo de Ministros prevé aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad.

Así se explica que el Gobierno no haya promovido ahora una reforma de la Ley de Estabilidad para acabar con este poder del Senado que creó Cristóbal Montoro en 2012, un veto que la propia Montero intentó eliminar en 2018 y en 2020 en proyectos que decayeron.

En este sentido ha advertido al Partido Popular de que "se equivoca" si piensa que con su estrategia de intentar bloquear los objetivos en la Cámara Alta va a poder impedir que haya Presupuestos.

"Lo que está es tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían unos objetivos más exigentes", ha alertado Montero.

Dudas de los expertos

Desde Hacienda no parecen dispuestos a publicar el informe. Dicen que sus autores no suelen ser partidarios de que se haga público. ¿Qué fuerza tiene este informe? ¿Puede realmente sortear el veto del Senado? Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli lo dudan y alertan de que este escenario aboca a un nuevo choque institucional y a un incumplimiento del déficit.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece en su artículo 15 que "si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento". No se especifica qué ocurre si este segundo intento fracasa y es aquí donde Montero ha señalado que la Abogacía del Estado interpreta que sólo caben dos intentos y que entonces en este caso rige el objetivo de déficit cero remitido a Bruselas en abril.

El problema es que no habría objetivos aprobados por el Parlamento español que sean vinculantes. El Estado podría sacar adelante sus Presupuestos pero no podría exigir a las comunidades que cumplan.

Montero ha dicho en un primer momento que si el Senado no avala sus objetivos, los Presupuestos de las comunidades quedarán anulados, lo que luego ha corregido.

De hecho, todo esto ya ha pasado. En 2018, el Senado entonces también dominado por el PP vetó los objetivos de Montero y Sánchez optó por seguir adelante con los Presupuestos de 2019 sin objetivos de estabilidad. ERC dejó caer finalmente esas cuentas. Y muchas comunidades sacaron adelante sus Presupuestos de 2019.

El problema al que sí se enfrentaría el Gobierno es cómo explicar todo esto a Bruselas. Y cómo pretende vincular a las comunidades con un objetivo diferente al 0,1% que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre en el Plan Presupuestario.

No habría verdaderos objetivos para controlar el gasto. Cabe recordar que Hacienda ha comunicado a las CCAA que en 2024 recibirán los que considera los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, 134.658 millones de las entregas a cuenta, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.

La querencia de Montero por la Abogacía del Estado

La querencia de la ministra de Hacienda por los informes de la Abogacía del Estado tampoco es nueva. En agosto de 2019, tras disolver Sánchez las Cámaras por el fracaso de aquellos Presupuestos, aseguraba que la Abogacía del Estado le impedía proporcionar a las comunidades las entregas a cuenta por estar en funciones en un polémico informe que el PP cuestionó. Pues bien, en octubre, cuando se acercaban las elecciones, la misma Abogacía ya le permitía otorgar estos pagos.

En caso de que las Cortes aprueben los objetivos planteados ahora por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si se aplican finalmente los del Programa de Estabilidad esa reunión no se produciría.

Según ha trasladado Montero, algunas comunidades autónomas han planteado este lunes que se fijen objetivos asimétricos, algo que no se ha discutido porque es objeto de discusión en la siguiente sesión, "si es que la hay".

Ante esta petición, Montero les ha trasladado que el Gobierno de España no tiene ningún inconveniente en que haya objetivos asimétricos si hay comunidades autónomas que tienen objetivos más exigentes que compensen a las que menos.