Faltan menos de dos meses para que venza el plazo que la Comisión Europea se da para evaluar las peticiones de fondos europeos. El inicio lo marcan los propios gobiernos, cuando formalizan la solicitud del pago. España pidió el quinto desembolso el 20 de diciembre sin tener aprobado uno de los compromisos clave: la subida de impuestos al diésel. Aunque no estaba en el Plan original, se incluyó en la modificación que se planteó también en diciembre para poder recibir el triple de dinero en este pago. Una adenda que aprobó este miércoles la UE.
El nuevo compromiso con Bruselas pasa por la adoptación de reformas en "ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físcias sobre la renta del capital; que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de aumentos en el impuesto sobre el diésel". Y todo esto con el objetivo de incrementar de forma permanente los ingresos públicos en al menos un 0,3% del PIB. Es decir, en unos 4.500 millones de euros.
El reglamento establece que la evaluación de la Comisión debe llevarse a cabo "sin demora indebida, y a más tardar en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud", que el Gobierno envió el pasado 20 de diciembre. Esto llevaría automáticamente al 20 de febrero como máximo, pero desde la Comisión Europea explican a Vozpópuli que el plazo empezará a contar desde este 21 de enero, cuando el Consejo aprobó el Plan actualizado al que está asociada la petición de pago. No ha sido hasta ahora, apuntan, porque con la Navidad el reloj se para. En todo caso, los días están contados y el siguiente pago de los fondos europeos, en juego.
La alternativa si no se consigue aprobar a tiempo es negociar una ampliación del plazo. El reglamento permite aplazar la decisión "hasta tres meses" si surgen "circunstancias excepcionales", algo que ya ocurrió el año pasado con la reforma del subsidio por desempleo. El Gobierno solicitó el cuarto pago el 20 de diciembre sin tener convalidada esta reforma clave, con la confianza de que la sacaría adelante en el Congreso a la vuelta de Navidad. Sin embargo, el 11 de enero de 2024, en una sesión de infarto, Podemos tumbó el Real Decreto-ley. Esto obligó al Gobierno a negociar con Bruselas el aplazamiento de la decisión un mes más, hasta el 20 de marzo.
Cuando se aproximaba la fecha, en un evento cojunto, la Comisión y el Gobierno de España ampliaron el plazo dos meses más para "garantizar la solidez de la evaluación". Pese a la negociación y la espera, la Comisión Europea aprobó el 12 de junio un cuarto pago parcial. Suspendió por primera vez a España parte del dinero previsto (158 millones de un total de 10.000 millones) por no haber cumplido uno de los compromisos pactados a cambio de ese pago. Pero no fue por la reforma del subsidio (a pesar de que no se convalidó en el Congreso hasta el 20 de junio, tras aprobarse el 21 de mayo en Consejo de Ministros), sino por otro hito asociado al reparto de al menos 90 millones a pymes para su digitalización.
La amenaza de un desembolso parcial de fondos UE
La historia podría repetirse en este siguiente desembolso. Tras la reunión del Ecofin este martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que el Gobierno "está en un proceso de discusión con la Comisión Europea" sobre la valoración del cumplimiento de los hitos asociados al quinto desembolso, como es habitual, mientras avanza "en los hitos que quedan por completar, entre los que se encuentra el impuesto para los hidrocarburos". El objetivo, dijo, es "aprobarlo cuanto antes" en el Consejo de Ministros para, después, convalidarlo en el Congreso.
El peor de los escenarios para el Gobierno es que no sacara adelante la medida en plazo y Bruselas rechazara una ampliación, lo que conduciría directamente a una suspensión parcial. Dicho de otra manera: la Comisión no desembolsaría íntegramente los 25.000 millones que España ha solicitado, sino que acordaría un 'embargo' de la parte correspondiente a ese compromiso hasta que se cumpla en los seis meses siguientes. Y si ese tiempo vence sin avances, el país perdería el dinero definitivamente.
Su aprobación no será fácil. El Gobierno iba a hacerlo el 23 de diciembre, pero finalmente lo pospuso para asegurarse de que realmente saliera adelante en el Congreso. Podemos había condicionado su apoyo al gravamen sobre las energéticas que se vota este miércoles en el Congreso y que hasta ahora no cuenta con apoyos suficientes. En todo caso, el impuesto a energéticas ha estado en vigor desde que el Real Decreto-ley entró en vigor en el BOE el pasado diciembre, que previsiblemente este miércoles decaerá y no se convalidará.
El Gobierno intentó ya equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina en los Presupuestos de 2021, como reclama la Comisión Europea, pero la medida fue rechazada por la oposición del PNV. Los expertos que asesoraron a Hacienda para la reforma fiscal también lo pidieron, junto con subidas de impuestos verdes de más de 15.000 millones de euros. El cumplimiento de sus propuestas es otro hito a cumplir en el Plan de Recuperación que evalúa ahora Bruselas, para decidir si España merece el desembolso de los 25.000 millones íntegros o no.
MataNarcisos
22/01/2025 08:40
Yupiiii !!!! Esa es mi Europa, si señor, más impuestos, más regulación, peor vida, intervencionismo, prohibiciones, tasas, obligaciones, más obligaciones..... Mientras el resto del Mundo, crece, se hace cada día mas poderoso, y el final será la colonización de la ruina Europea. CON ESTA SUBIDA, AHORA SE PRODUCIRÁ EN CADENA UNA SUBIDA GENERALIZADA DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS, LO CUAL CREARÁ AÚN MAS INFLACIÓN.
Lablasca
Y, según parece ser, también lo usas para escribir comentarios