El otro Yak 42: Seis años de pleitos con Defensa para ser indemnizados

Cinco especialistas en desactivación de explosivos del Ejército, TEDAX, resultaron muertos y dos gravemente heridos al estallar varias minas anticarro el 24 de febrero de 2011 en el campo de tiro de El Palancar, de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, en Hoyo de Manzanares (Madrid), mientras realizaban unos ejercicios de preparación para participar en una misión internacional en el Líbano. Los sargentos primero Sergio Valdepeñas Martín Buitrago y Víctor Manuel Zamora Letelier, el sargento Mario Hernández Mateo, el cabo primero Javier Muñoz Gómez y el cabo Miguel Ángel Díaz Ruiz perdieron la vida, y el teniente José Manuel Candón Ballesteros y el sargento primero Raúl Alfonso González Fernández resultaron heridos de gravedad como consecuencia de la violenta deflagración. Las familias de todos ellos llevan seis años pleiteando con el Ministerio de Defensa para que les indemnice por el mortal accidente, hasta el momento sin éxito. La Audiencia Nacional acaba de rechazar las demandas de las familias de dos de ellos, que van a recurrir al Tribunal Supremo.

El accidente fue investigado inicialmente por el Juzgado Togado Militar Territorial número 11, que en un auto dictado en octubre de 2013 archivó la causa al considerar que lo ocurrido era un incidente fortuito del que no se derivaba ningún tipo de responsabilidad penal. El auto señalaba que la explosión que costó la vida a los cinco militares fue un suceso “de índole accidental e imprevisible en el que no se pone de manifiesto imprudencia alguna de los que en él intervinieron, ni por acción ni por omisión, y en el que se respetaron todos los protocolos y normas de seguridad”. Las viudas de los fallecidos cobraron 22.750 euros del seguro de vida colectivo contratado por Defensa y 3.000 euros los hijos de dos de los fallecidos en concepto de beca de la entidad aseguradora, además de reconocérseles una pensión extraordinaria, que en el caso de las viudas ronda los 1.500 euros y en el de los hijos algo más de 800 hasta que cumplen 21 años de edad.

La Audiencia Nacional acaba de rechazar las demandas presentadas por las familias de dos de los fallecidos, que recurrirán al Tribunal Supremo

Las familias consideraron insuficiente la compensación e iniciaron un procedimiento administrativo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado (idéntico al incoado con motivo del Yak-42 recientemente resuelto por el Consejo de Estado), en el que tanto el instructor de la causa como la Intervención General del Ministerio propusieron indemnizar a las viudas con 150.000 euros, con 80.000 euros a los huérfanos (las cantidades que reclamaban), y con 600.000 euros a los dos heridos graves. Sin embargo, el Asesor Jurídico General de Defensa emitió un informe negativo a las tesis de la instrucción y, finalmente, el Consejo de Estado dictaminó que aunque existía una responsabilidad patrimonial del Estado las familias de las víctimas ya habían sido resarcidas con el seguro de Defensa y el reconocimiento de las pensiones extraordinarias, no teniendo derecho a ninguna cantidad adicional más. Se da la circunstancia de que si en lugar de en Hoyo de Manzanares hubieran fallecido en similares circunstancias durante su misión en Líbano las viudas habrían recibido una indemnización de 140.000 euros.

Las familias de los cinco fallecidos y los dos heridos presentaron entonces sendos recursos contencioso administrativos en la Audiencia Nacional, dos de los cuales, los correspondientes a las viudas del cabo primero Javier Muñoz Gómez y del sargento Mario Hernández Mateo, acaban de ser rechazados, lo que hace prever que las restantes demandas seguirán el mismo camino. “No esperaba esta resolución”, manifestó a Vozpópuli Cristina Cebada, abogada de las familias de ambos militares, que tiene intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, para lo que tiene de plazo hasta el próximo 1 de febrero. La abogada arguye que en otro caso parecido ocurrido en 2004, cuando un militar perdió la vida al precipitarse al mar mientras descendía a través de una cuerda desde un helicóptero a un submarino, la Audiencia Nacional falló la compatibilidad del seguro de Defensa y la pensión extraordinaria de viudedad y orfandad con sendas indemnizaciones de 30.000 euros para su mujer e hija.