Política

Tres diputados de Unidos Podemos agitan la calle en la cacerolada contra el PP

Antón Gómez-Reino, Ángela Rodríguez y Yolanda Díaz dejan el Congreso para asistir al escrache ante la sede de los populares. La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y otros parlamentarios regionales también se suman a la protesta.

Los diputados de En Marea Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez y Antón Gómez-Reino en la cacerolada.
Los diputados de En Marea Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez y Antón Gómez-Reino en la cacerolada. VP

Del Congreso de los Diputados al escrache contra la sede del PP en la calle Génova. Tres diputados de Unidos Podemos, Antón Gómez-Reino, Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez, de la confluencia gallega En Marea, asistieron este martes a la cacerolada organizada por la izquierda radical frente al cuartel general de los populares. Allí respaldaron la protesta entre consignas del tipo: "Fuera ladrones de las instituciones"; "Ahí está la cueva de Alí Babá"; "No es un partido, es una mafia" o "Manos arriba, esto es un atraco".

La convocatoria, que fue difundida por Podemos a través de las redes sociales tras el estallido de la Operación Lezo y la detención del expresidente madrileño Ignacio González, reunió a medio millar de activistas. La diputada Yolanda Díaz, de Esquerda Unida (EU) y colaboradora de Pablo Iglesias, inmortalizó el momento en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "En Génova se grita ilegalizar al PP! Ladrones! No es un partido, es una mafia".

Por su parte, tanto Gómez-Reino como Ángela Rodríguez compartieron proclama en sus perfiles: "La ciudadanía pide justicia, pan y democracia". Mientras el primero ha sido siempre cercano a Iglesias, Rodríguez, en cambio, formó parte de la candidatura de Íñigo Errejón en Vistalegre II, es decir, de un proyecto que apostaba por un mayor equilibrio entre calle e instituciones. Es la segunda vez en seis meses de legislatura que cargos electos de Podemos se manifiestan delante de la sede del PP.

No obstante, Rodríguez no fue la única integrante del errejonismo que secundó la protesta, iniciada a las 20 horas. También lo hicieron Hugo Martínez Abarca y Eduardo Fernández Rubiño, diputados en la Asamblea de Madrid. Igualmente, quisieron hacer acto de presencia la portavoz de Podemos en la Cámara de Vallecas, Lorena Ruiz-Huerta, su compañero de bancada y secretario Político y de Gobierno de la Ejecutiva regional, Raúl Camargo, militante de Anticapitalistas, o Paloma García Villa, otra consejera de la dirección de Ramón Espinar.

Así mismo, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y las ediles Yolanda Rodríguez y Montserrat Galcerán, todos ellos de Ahora Madrid -el partido de la alcaldesa Manuela Carmena-, se dejaron ver en el escrache.

La céntrica calle Génova se mantuvo abierta al tráfico rodado en ambos sentidos hasta las 21 horas, en medio de un amplio dispositivo policial formado por más de una docena de furgones de antidisturbios. Sin embargo, media hora después, cuando la asistencia a la concentración empezó a menguar, un grupo de manifestantes invalidó la calzada de la calle Génova en sentido bajada, lo que provocó el corte de la circulación de vehículos hacia la Plaza de Colón.

Precisamente, el diputado Raúl Camargo, cargo electo de Podemos, se jactó en su cuenta de Twitter de haber bloqueado el tráfico en dicho sentido. "Cortamos Génova por fin #CaceroladaenGénova #ParaFrenarLaTrama #MadridSinMafia", escribió.

Bajo el lema "Que se disuelvan y entreguen la pasta. El PP no es un partido, es una banda", la convocatoria comenzó a difundirse el lunes a través de las redes sociales y contó con el apoyo de dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, el partido Izquierda Castellana y la plataforma Coordinadora 25-S, entre otras. La cacelorada no tiene organizador conocido y tampoco ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid, por lo que los asistentes podrían ser multados por la Policía, informó Ep.

La sanción administrativa por acudir a este tipo de concentraciones no autorizadas, siempre y cuando superen los 20 participantes, suele ser de unos 600 euros. Según indicaron a Ep fuentes de la Delegación del Gobierno, en este caso, como en otros similares, los agentes procederán a la filiación de los manifestantes.


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