Metrovacesa reduce su consejo de administración tras ser excluida de Bolsa

Nueva etapa en Metrovacesa. La inmobiliaria inicia el curso sin el foco de los mercados y con la vista puesta en el objetivo inmediato de vender su participación en la francesa Gecina. Mientras, la empresa está simplificando sus órganos de gobierno, entre ellos su consejo de administración, que se reducirá después de la marcha de dos de sus miembros: Juan Delibes y Sixto Jiménez.

El consejo de Metrovacesa contaba con diez puestos antes de que la compañía fuera excluida de Bolsa, poco antes del verano. En principio, no está previsto que la empresa les releve por lo cual el máximo órgano ejecutivo de la inmobiliaria pasará a contar con ocho asientos.

En concreto, Juan Delibes figuraba como consejero dominical de Metrovacesa, como representante de Banesto, entidad que ha sido absorbida por su matriz, Banco Santander.

Mientras, Sixto Jiménez tenía la consideración de consejero externo independiente desde que pasó a formar parte del organismo, en mayo de 2009, poco después de que los bancos acreedores de la familia Sanahuja (antigua accionista de control de la compañía) tomaran el control de la inmobiliaria.

Venta de Gecina

Metrovacesa tomará una estructura más simplificada con el objetivo de agilizar la toma de decisiones con vistas al futuro inmediato de la compañía. Éste pasa por la inminente venta de la participación de casi el 27% que la empresa tiene en la inmobiliaria francesa Gecina, un paquete que cuenta con un valor de mercado de unos 1.500 millones de euros tomando como referencia el precio de cierre de ayer en la Bolsa de París.

A finales de la semana pasada, Metrovacesa anunció la revisión de su plan estratégico, que incluía poner en estudio la venta de su participación en Gecina, una operación que, según fuentes del mercado, ya se ha puesto en marcha.

La operación permitirá reducir de forma significativa la abultada deuda que acumula la compañía y que fue refinanciada en 2011 después de dos largos años de negociaciones que desembocaron en un acuerdo firmado en los tribunales británicos para evitar la obligación de contar con el apoyo de todos los acreedores.