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Bancaja contrata a Ramón y Cajal para llevar a Bankia a los tribunales. BFA ficha a Ernst&Young o KPMG

La guerra abierta en el seno de Bankia ha escalado un peldaño más. Las dos partes en conflicto se han armado jurídicamente para mantener lo que los consejeros de ambas entidades describen como una “larga guerra civil”.

La guerra abierta en el seno de Bankia ha escalado un peldaño más. Las dos partes en conflicto se han armado jurídicamente para mantener lo que los consejeros de ambas entidades describen como una “larga guerra civil”.

Bancaja contrató ayer al bufete Ramón y Cajal para paralizar en los tribunales la segunda auditoría que su matriz pretende hacer en sus cuentas. La entidad valenciana ha recurrido a un bufete con uno de los mejores departamentos mercantiles del país, especializado en fusiones y adquisiciones. La elección de ese bufete en concreto ha levantado las alarmas porque es uno de los que participó en el año 2010 en el diseño de la fusión y –por tanto—es consciente de los recovecos legales que ese acuerdo dejó abiertos.

El objetivo –según revelan fuentes de la entidad valenciana—es frenar la revisión de sus cuentas, aunque el Presidente José Luis Olivas se ha mostrado dispuesto a llevar la guerra más allá y ha consultado la posibilidad de demandar al presidente de Bankia por lo que considera “falsas acusaciones e imputaciones infundadas”.

Bankia, por su parte, también ha dado un paso adelante en la confrontación y –tras una reunión de su cúpula directiva ayer por la mañana—ha decidido seguir adelante con la revisión de las cuentas de Bancaja, incluso aunque la entidad valenciana se resista.

BFA-Bankia escogerá entre Ernst and Young o KPMG para revisar de nuevo las cuentas de su socio. Pese a que inicialmente se había optado por PriceWaterHouse, su participación en la integración de Caja Segovia (también parte del SIP que dio lugar a Bankia) podría “contaminarla” para revisar esas cuentas. El objetivo final de esa auditoría, adelantada el pasado viernes por Vozpópuli, es forzar a la caja valenciana a aportar nuevos fondos a la sociedad o a diluir su representación en la sociedad, que a día de hoy es del 37,7%.

La decisión de mantener la auditoría es fruto de un primer análisis jurídico sobre el consejo de administración celebrado el pasado 7 de febrero, en el que se aprobó esa revisión de cuentas. Según la lectura de Bankia –que no ha confirmado oficialmente este extremo—su acuerdo sería válido incluso aunque los seis consejeros valencianos dieran marcha atrás a lo ya aprobado. La revisión de las cuentas de Bancaja fue aprobada por unanimidad con el dictamen a favor de los seis consejeros valencianos. Incluso sin esos seis votos, argumentan fuentes de la entidad, el acuerdo saldría adelante por 17 votos favorables.

El Gobierno no intervendrá

La situación de enfrentamiento interno en que se encuentra Bankia preocupa al nuevo gobierno pero el Ejecutivo de Rajoy ha decidido mantenerse alejado de lo que considera como "un asunto interno de una sociedad cotizada". “No habrá intervención del Ejecutivo en ningún sentido”, aseguran fuentes de Economía.

Sin embargo, esas mismas fuentes admiten la preocupación del Gabinete ante el bloqueo de facto al que se puede estar sometiendo a la tercera entidad del país.


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