El Tribunal Supremo ha decidido finalmente validar, por unanimidad, el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, pero le reprochan que incurriese en desviación de poder. Los magistrados consideran que ello es "censurable" pero que no es causa de nulidad, por lo que no le convierte en no idóneo.

En concreto, la sentencia de 23 páginas consultada por Vozpópuli señaba que "que un órgano de la Administración incurra en desviación de poder es, desde luego, censurable, pero es una causa de mera anulabilidad, no de nulidad de pleno Derecho, ni constituye una vía de hecho", refleja la citada sentencia.

"La anulación del nombramiento de doña Dolores Delgado García, pese a incurrir en desviación de poder, dirá muy poco en favor de su autor, a quien le es exigible un ejercicio ejemplar de sus potestades por la alta magistratura que ejerce, pero la propuesta de ascenso no deja de desenvolverse en el ámbito interno, doméstico o funcionarial y en el que interviene el Fiscal General del Estado al ostentar la jefatura superior del Ministerio Fiscal". 

Los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han decidido desestimar el recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó hace un año tras considerar, dos meses después de que fuese renombrado del cargo que llevaba ocupando desde el verano de 2022, que no cumplía con los requisitos para adoptar tal puesto. En concreto, contra el Real Decreto 1182/2023 de 27 de diciembre.

La tercera asociación de fiscales entendía que el Gobierno no debería haberlo revalidado al existir una sentencia en la que se le acusaba de “desviación de poder”, lo que le haría dejar de ser un jurista de reconocido prestigio, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29. 

APIF también hizo hincapié en que existía un informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, aunque no era vinculante, tachaba a García Ortiz de inidóneo. Por lo que, a su parecer, el Ejecutivo tenía que haber dado una explicación “razonable y convincente” para mantener la propuesta de este candidato, pero no lo hizo. Por lo que, desde el punto de vista de la asociación, no tenía el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado. 

Asimismo, señalaron que no debía permanecer en el cargo después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal anulara su decisión de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. En definitiva, para APIF, García Ortiz era una persona que se había mostrado “descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno”. Pero los magistrados del Supremo no han estado a favor de estos argumentos.

Tras examinar el recurso de APIF, los magistrados rechazan que los hechos alegados expresasen la falta de aptitud de García Ortiz para ser nombrado, de nuevo, fiscal general del Estado. "Ni aisladamente, ni en conjunto, muestran el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, que han de ser las que la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal, no actuaciones concretas en materia de personal". 

Para la Sala, los motivos alegados, o bien no tienen entidad para llegar a esa conclusión, o no se corresponden con el resultado de la prueba. Por otro lado, destacan el amplio margen de discrecionalidad que confiere al Gobierno el artículo 124.4 de la Constitución solamente acotqado por la exigencia del infirme, preceptivo, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este artículo se explica que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Esta decisión llega justo un día antes de que declare como imputado ante la Sala de lo Penal por un presunto delito de revelación de secretos por los correos filtrados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hará a partir de las 10:00 frente al magistrado instructor Ángel Hurtado tras haber rechazado su petición de posponer su declaración como investigado. Entendía que lo propio en este tipo de procedimientos es que declara en primer lugar. 

En el hipotético caso de que hoy el alto tribunal hubiese estimado el recurso de APIF y hubiese anulado su nombramiento, el asunto que sigue contra él por el intercambio de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador seguiría teniendo lugar en el Tribunal Supremo al ser fiscal de Sala.

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