El fiscal general del Estado se enfrenta a una semana crítica en el Tribunal Supremo al tener dos citas importantes. La primera se celebrará hoy en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde los magistrados tomarán la decisión de anular, o no, su nombramiento al frente del Ministerio Público. El segundo asalto llegará tan sólo un día después, pero esta vez en calidad de imputado en la Sala de lo Penal. García Ortiz tendrá que dar explicaciones al magistrado instructor Ángel Hurtado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso.
Con respecto a la batalla de hoy, el alto tribunal estudiará el recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó hace un año tras considerar, dos meses después de que fuese renombrado del cargo que llevaba ocupando desde el verano de 2022, que no cumplía con los requisitos para adoptar tal puesto. La tercera asociación de fiscales entendía que el Gobierno no debería haberlo revalidado al existir una sentencia en la que se le acusaba de “desviación de poder”, lo que le haría dejar de ser un jurista de reconocido prestigio, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29.
APIF también hizo hincapié en que existía un informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, aunque no era vinculante, tachaba a García Ortiz de inidóneo. Por lo que, a su parecer, el Ejecutivo tenía que haber dado una explicación “razonable y convincente” para mantener la propuesta de este candidato, pero no lo hizo. Por lo que, desde el punto de vista de la asociación, no tenía el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado.
Asimismo, señalaron que no debía permanecer en el cargo después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal anulara su decisión de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. En definitiva, para APIF, García Ortiz era una persona que se había mostrado “descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno”.
Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, ha explicado que, en el hipotético caso de que finalmente el Supremo estime el recurso de APIF, una vez que se notifique la sentencia, disponen de 10 días para determinar quién es el órgano competente para su ejecución, que en este caso es el Gobierno.
Asimismo, explica que la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa detalla que tienen entre 2 y 3 meses para poner en conocimiento si hay alguna causa de inejecutabilidad. Pero, una vez que sea notificada procesalmente, tendrá que cumplirla de forma inmediata. Por otro lado, también podrá presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales.
"Nos jugamos mucho"
Según explica a Vozpópuli Miguel Pallarés, portavoz de APIF, lo que ocurra hoy será la deliberación, votación y el fallo, pero no saben cuánto tardarán en dictar la sentencia. Sin embargo, cree que lo más importante es “dejar trabajar al Tribunal Supremo”, al estar ya en la última fase. Entiende que todo lo que puedan decir en estos momentos es "mera especulación".
No obstante, señala que “el Gobierno pudo haber cogido a otro candidato porque sabía perfectamente cuál había sido la actuación del fiscal general del Estado en su primera etapa. Además, contaba con el informe desfavorable del CGPJ”. Pero “es un caso súper delicado que no tiene precedentes, nos jugamos mucho”.
Pallarés recuerda que es la única vez que se van a pronunciar por requisitos que no son objetivos. El único precedente que se tiene hasta el momento fue la decisión del Tribunal Supremo en 1994 de anular el nombramiento de Elogio Fernández, algo que ocurrió por una cuestión “meramente objetiva”. No cumplía con el requisito de 15 años de ejercicio al entender que los 7 años en los que desempeñó cargos dependientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesión de jurista.
Preguntado por si son partidarios de modificar la Constitución para que el fiscal general del Estado no sea propuesto por el Gobierno, desde APIF señalan que lo que habría que hacer es añadir un matiz para que "no sea un fiscal general del Estado del Gobierno" modificando, por ejemplo, el Estatuto del Ministerio Fiscal para que el candidato cuente con dos tercios del Congreso.
En el hipotético caso de que hoy el alto tribunal estime el recurso de APIF, el asunto que se sigue contra él por el intercambio de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador seguiría teniendo lugar en el Tribunal Supremo al ser fiscal de Sala, de modo que sigue estando aforado, concretan otras fuentes.
MataNarcisos
28/01/2025 09:00
Esperemos que como es LÓGICO y COHERENTE, este individuo pase a ser un simple letrado más, que un día el que él DEPENDÍA le nombró en el Cargo que ha DESPRESTIGIADO como nunca nadie en el mismo puesto había hecho.