La imputación de Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reabierto el debate sobre si sería necesario cambiar la forma de designar al fiscal general del Estado para garantizar su independencia del Gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia de España que se investiga a un jefe del Ministerio Público.

Un debate que se ha llevado a cabo estas semanas en X -antiguo Twitter- iniciado por juez @iuristoteles en el que han participado profesionales del mundo del derecho. Hay que recordar que el fiscal general ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal.

Es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Su mandato tiene una duración de 4 años y sólo puede ser cesado por causas tasadas en la ley. 

En estos momentos, García Ortiz tiene una cita pendiente el próximo 29 de enero en el Tribunal Supremo. Allí tendrá que explicar ante el magistrado Ángel Hurtado lo ocurrido aquel día de marzo tras la denuncia de Alberto González Amador por la filtración de unos correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto. 

El alto tribunal tomó la decisión de llamar a declarar a García Ortiz al considerar que las diligencias practicadas, especialmente los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revelaban una información “de peso” que venía a apuntar su presunta participación en la filtración investigada. Vozpópuli ha preguntado a las cuatro asociaciones de jueces sobre la viabilidad de que esta figura deje de estar propuesta por el Gobierno.

Sería preciso reformar el artículo 124 de la Constitución

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, señala que, para salvaguardar la independencia del fiscal general del Estado con respecto al Gobierno, sería preciso cambiar el artículo 124 de la Constitución. Sin embargo, para su presidenta María Jesús del Barco, posiblemente puedan adecuarse mecanismos para, desde la modificación del estatuto orgánico, reforzar esa independencia. Pero teniendo en cuenta la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal, lo ve "bastante complicado".

Pero para del Barco, "lógicamente", antes de atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal, sería preciso dotarlo de esa independencia. Pero dado que "tenemos jueces independientes" no ve necesario cambiar la instrucción y dársela a la Fiscalía”. En consecuencia, tampoco ve justificado modificar el artículo 124 en este sentido, tal como ha comentado.

Desde Foro Judicial Independiente explican que puede que, efectivamente, se esté dejando de lado el principal problema, y es que el fiscal general del Estado es nombrado a propuesta del Gobierno. Pero, al igual que APM, detalla que esto ocurre por imperativo de la Constitución Española, por lo que, para que eso no fuese así, habría que llevar a cabo una reforma de la Carta Magna, algo que “está muy lejos, siquiera, de llegar tramitarse”, cuenta su portavoz, Fernando Portillo. Entiende que no procede llevar a cabo este tipo de reclamaciones aunque son conscientes de que "es el principal problema que tiene de apariencia de objetividad y de imparcialidad del jefe del Ministerio Público".

Ahora bien, relata que lo que se puede hacer por ley, “sin duda alguna”, es limitar esa dependencia del Gobierno haciendo depender su cese, por ejemplo, de causas expresamente tasadas o que su nombramiento vaya mucho más allá del Gobierno que lo hubiese propuesto. “Hay garantías que se pueden adoptar legislativamente sin cambiar esa designación para, de alguna manera, poner coto a esa dependencia orgánica del Gobierno con el fiscal general del Estado”.

Según detallan desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), desde hace varios años, la Comisión Europea, en sus informes anuales sobre el Estado de Derecho, ha recomendado a España reforzar el estatuto del fiscal general del Estado para salvaguardar su independencia y desligarse del Poder Ejecutivo. 

Pero, tal y como expone su portavoz, Sergio Oliva, “es evidente que nada se ha hecho para cumplir con estas recomendaciones”, Sin embargo, explica que lo que se ha hecho es avanzar en el sentido contrario al haberle trasladado a la ciudadanía “la errónea apariencia” de que el fiscal General es como si fuera parte del Gobierno. “Los últimos nombramientos de Fiscales Generales del Estado profundizan en la idea de que lo que precisamente  se pretende, es todo lo contrario a reforzar su independencia”, señala. Por último, Juezas y Jueces para la Democracia, cuyo portavoz es Edmundo Rodríguez, ha sido muy claro: “en ningún caso”.

Un día antes de su imputación, se resolverá un recurso por su nombramiento

Tan sólo un día antes de que se siente a dar explicaciones ante Hurtado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo resolverá el recurso que hace un año presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta asociación, a su vez, está personada como acusación popular en la causa por la presunta filtración.

Este recurso, interpuesto hace casi un año, tuvo lugar por dos motivos. Por un lado, por la anulación, por parte del Supremo, del nombramiento de la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de lo Militar, propuesto por García Ortiz, que devino en una condena por desviación de poder, por una parte. Y, por otra, su decisión de privar al Consejo Fiscal de emitir un dictamen sobre la proposición de ley de amnistía, tal como solicito el Senado.

APIF consideraba que el hecho de haber sido condenado por desviación de poder le hacía dejar de ser un jurista de reconocido prestigio, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29.

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