El Congreso tramita dos iniciativas distintas para acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy. Los grupos deben pactar ahora un texto alternativo partiendo de posturas muy alejadas: el PSOE quiere recuperar la 'ley Corcuera', el PNV abordar 44 cambios concretos, Podemos y ERC lanzar una reforma integral en la materia y Cs buscar un consenso que incluya al PP.

La norma, en la que se detallan infracciones de la seguridad ciudadana que no son constitutivas de delito, y que equivaldrían así a lo que hasta ahora se ha venido denominando falta, contempla estas sanciones para los extranjeros en situación irregular en su artículo 38, que prevé, por un lado, "expulsión del territorio español" y por otro, la "pérdida de la posibilidad de obtener permisos de residencia y trabajo".