Inmigración

El Tribunal Constitucional avala las 'devoluciones en caliente' y salva la 'Ley Mordaza'

El Tribunal Constitucional tan solo corrige un punto relacionado con la grabación de imágenes de agentes policiales o fija una interpretación para el uso de sus datos personales

Inmigrantes en Ceuta en una imagen de archivo
Inmigrantes en Ceuta en una imagen de archivo EP/Antonio Sempere

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP con el rechazo de la oposición que la calificó como Ley Mordaza. El tribunal de garantías ha dado el visto bueno a los artículos más polémicos que se incluyeron en el recurso presentado por el PSOE y otras formaciones. Entre ellos se encuentran las devoluciones en frontera de inmigrantes, tachadas como devoluciones en caliente.

El Tribunal Constitucional considera en su sentencia -adelantada parcialmente por el departamento de comunicación- que se ajustan a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según esta doctrina, "el rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre", de modo que "la actuación material (será constitucional), sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera".

Se trata de una medida dentro de la política de inmigración que permite devolver a las autoridades de Marruecos a todo aquel que sea interceptado en el momento inmediatamente posterior a cruzar la valla fronteriza. En la oposición, el PSOE criticó con dureza el redactado de esta Ley de Seguridad Ciudadana que contempla multas de hasta 600.000 euros, pero en el Gobierno la ha utilizado. Sobre esta Ley descansó el Ejecutivo, por ejemplo, la competencia para elevar más de un millón de propuestas de sanción durante el pasado confinamiento.

Entidades sociales 

Las ONG censuran al Ejecutivo también por seguir usando las devoluciones en caliente. Once entidades sociales denunciaron el 25 de mayo ante la Fiscalía la expulsión de un menor migrante en la frontera Ceuta, al tiempo que pidieron que se iniciase una investigación "exhaustiva" y "de forma urgente" sobre estos hecho que "incumplen" tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Ley de Extranjería.

Las organizaciones denunciaron que el jueves 21 de mayo un joven procedente de Camerún sorteó la valla fronteriza y logró acceder a territorio español, si bien fue posteriormente entregado a las autoridades marroquíes por parte de la Guardia Civil. En febrero, un centenar de juristas, académicos y personalidades firmaron un manifiesto lanzado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para reclamar al Gobierno de España que ponga fin de forma "inmediata" a las devoluciones sumarias de migrantes en la frontera, práctica conocida como 'devoluciones en caliente'.

Entre los firmantes, figuraba la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el exministro socialista y eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar; la exministra socialista Matilde Fernández Sanz, o la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.

Solo unos días antes, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, por unanimidad, que España no había vulnerado los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos al entregar a las autoridades marroquíes a dos personas de origen subsahariano que habían saltado la valla de Melilla. El tribunal había condenado a España en octubre de 2017, alegando que sí había vulnerado los derechos humanos, si bien cambió de criterio.

Estas resoluciones han servido ahora a los jueces del Tribunal Constitucional para avalar esta medida. Su vigencia también sirvió al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez para defender su uso en casos necesarios durante un viaje a Ceuta el 26 febrero.

Seguía vigente

Aquel día aseguró que la figura legal del "rechazo en frontera", más conocido como 'devoluciones en caliente', seguía vigente y volvería a ser utilizado por las Fuerzas de Seguridad en caso de necesidad en las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos "mientras no se modifique la normativa aplicable". Se refería a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. "El proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será el mismo porque ha sido correcto y tendrá que seguir siendo igual", dijo en declaraciones recogidas por Europa Press.

Esto provocó las reacciones de Podemos. Primero fue el presidente de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común, Jaume Asens, quien al día siguiente reafirmó que las devoluciones sumarias en frontera son "incompatibles con los Derecho Humanos", y que el acuerdo firmado con el PSOE para conformar el Gobierno de coalición es "claro" a este respecto.

"Nuestra posición es la del vicepresidente (Pablo Iglesias). Creemos que eso está claro en el acuerdo y creemos también que esta práctica es incompatible con los Derechos Humanos", afirmó el dirigente diputado de En Comú en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso. Se le había preguntado en concreto por las declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Seguridad.

"Hay diferencias"

Posteriormente fue el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien evidenció diferencias entre su formación y el PSOE en políticas migratorias. Al ser preguntado por los medios de comunicación por la política migratoria del Ministerio de Interior, Echenique apuntó que "hay diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos".

"No lo ocultamos. Pero a la vez nosotros somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de que haya una actuación unitaria por parte del Gobierno. Sabemos que hay otros partidos y otros poderes que le gustaría vernos divididos, pero no nos van a ver divididos", aseguró.

El Tribunal Constitucional tan solo corrige un punto relacionado con la grabación de imágenes de agentes policiales en manifestaciones o grandes eventos. La norma, en vigor desde 2015, consideraba necesaria la autorización de las fuerzas y cuerpos de seguridad para difundir ciertas grabaciones o datos personales de los agentes de seguridad . La sentencia estima ahora que esa autorización no es necesaria porque es inconstitucional.

Las imágenes

La sentencia explica que eso es "censura previa", prohibida por el artículo 20 de la Constitución Española. Textualmente, la ley prohibía "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridadpersonal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

En este punto, el TC también aprovecha para fijar la interpretación que se le debe dar a los términos clave de ese artículo. Sobre la palabra "uso", los jueces dicen que debe interpretarse en el sentido de que para que pueda apreciarse infracción grave es necesaria la publicación o difusión ilícita, es decir, no basta para sancionar la mera captación de datos si no se publican. Y en cuanto al concepto imágenes o datos personales, el tribunal estima que también incluye "las relativas a la vida privada" y que eso se deberá tomarse en cuenta para determinar si prevalece o no el derecho a la información.

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