Política

Reabierta la investigación sobre el espionaje de Villarejo a un despacho de abogados

El auto rectifica la decisión del juez Diego de Egea, que hasta el pasado diciembre estaba a cargo de la instrucción del 'caso Tándem'

El excomisario José Manuel Villarejo.
El excomisario José Manuel Villarejo. VP.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la pieza Iron, la número tres en 'caso Tándem', que investiga el supuesto encargo de Herrero y Asociados al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar al bufete de la competencia BalderIP Law.

El auto rectifica la decisión del juez Diego de Egea, que hasta el pasado diciembre estaba a cargo de la instrucción del llamado 'caso Villarejo'. De Egea ordenó el archivo al considerar que los investigados desconocían la condición de policía del comisario y que no había indicios de que los directivos hubieses participado en los delitos que les atribuye la Fiscalía anticorrupción: revelación y descubrimiento de secretos y cohecho. 

Los fiscales criticaron al juez De Egea por haber cerrado la pieza "precipitadamente" cuando seguían apareciendo nuevos indicios incriminatorios contra estos investigados. Ahora, los magistrados estiman el recurso de la Anticorrupción -al que se habían adherido varias acusaciones- que consideraba extemporáneo el archivo de la investigación. 

Cuatro imputados

La Sala asegura que "necesariamente hay que concluir que, en estos momentos, se mantienen indicios de la participación de los investigados" en hechos que inicialmente reviste carácteres delictivos. En concreto, hace referencia a los cuatro acusados afectados: Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, socios mayoritarios del bufete Herrero y Asociados; y a su directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno.

En un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se detalla que los socios de Herrero y Asociados contrataron en 2013 los servicios de Villarejo para realizar labores de investigación privada contra Balder IP Law. Figura, además, que dichas labores fueron ejecutadas sin cobertura legal y por un importe de hasta 600.000 euros.

Ahora, los cuatro directivos serán nuevamente imputados por haber contratado al ex alto mando de la Policía y a su socio, Rafael Redondo, para obtener información sobre de la competencia. 

La orden de este lunes contra la decisión del anterior instructor se suma a otras dos: la reapertura de Land y la que afecta al excomisario de Barajas Carlos Salamanca.

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