'Caso ERE'

Juicio 'Caso ERE': Griñán, expresidente de Andalucía, condenado a seis años de cárcel

La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto diferentes penas a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por ayudas adjudicadas mediante un sistema “opaco, injusto y arbitrario”

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Los jueces han considerado que el encausado "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó". Su su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.

Tras años de retrasos, cambios de jueces y dilaciones en el proceso, este martes se ha desvelado el fallo de 1.821 folios de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE). En total, 21 excargos de la Administración autonómica han conocido la decisión de la Audiencia de Sevilla. Diez de los 21 han sido condenados con penas de prisión; dos han sido absueltos de todos los delitos. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. 

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guerrero ha sido condenado a siete años, once meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. El Tribunal de Cuentas ya había dictado más de una docena de sentencias contra Guerrero como "responsable contable directo" de varios pagos irregulares. El ex alto cargo tendrá que devolver al menos 7,1 millones de euros y podrá quedarse con al menos con 2,5 millones de euros al haberse agotado el plazo de prescripción de cinco años cuando se iniciaron las investigaciones.

Este martes también ha sido condenada la exministra de Fomento durante cinco años en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y exconsejera de Hacienda de la Junta, Mágdalena Álvarez. Los magistrados han acordado una pena de nueve años de inhabilitación.

ERE sin control

En la sentencia, recogida por Vozpópuli, la Audiencia ha considerado que la "necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos".

La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto"

Según han explicado los jueces, consta en las actuaciones que "no fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas del programa 31L, durante el periodo enjuiciado, desde el año 2000 al 2010". En este sentido, se ha considerado probado que la decisión de dar las ayudas no partía de una consejería, sino que era "una decisión política del Gobierno en su conjunto".

En la sentencia se determina que el "montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, de los que se dispuso todos estos años, para atender compromisos asumidos frente a terceros para ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis" a través del "mecanismo inadecuado de las transferencias de financiación, desde la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA, se elevan" a más de 680 millones de euros

Siete años de instrucción

El juicio comenzó el 13 de diciembre de 2017 tras siete años de instrucción. Un año después y con 152 sesiones celebradas, quedó visto para sentencia el primero de los juicios por los ERE, correspondiente a la pieza política. Los 21 acusados no hicieron uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al tribunal.

Estaba sobre la mesa la supuesta creación por parte de altos cargos del Gobierno andaluz de un "procedimiento específico" para eludir los controles de fiscalización previos de la Intervención General de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009.

El proceso judicial arrancó con un total de 22 exaltos cargos de la Junta acusados, entre ellos, dos expresidentes y seis exconsejeros. El número final de procesados fue de 21, tras retirar la Fiscalía su acusación contra el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa.

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