Guía para seguir el 'caso de los ERE' de Andalucía: la sentencia más temida para el PSOE

Tras años de retrasos, cambios de jueces y dilaciones en el proceso, llega el día más temido para el PSOE andaluz. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla notificará este martes, 19 de noviembre, la sentencia de la conocida como pieza política del juicio de los expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la Junta de Andalucía, el denominado 'Caso de los ERE'.

Se trata de una de las mayores macrocausas de presunta corrupción de las últimas décadas en Andalucía, que ha sentado en el banquillo a 21 ex altos cargos socialistas de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el presunto fraude de 855 millones de euros de las ayudas para desempleados a través, según la Fiscalía, de un entramado "totalmente opaco" y al margen de los controles establecidos por la Intervención General de la Administración del Estado. 

Casi ocho años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la investigación, el juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días de instrucción divididos en 152 sesiones para analizar una causa compuesta por 14.276 folios, 28 tomos y siete anexos. En palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, será la sentencia "más difícil de la historia judicial de España": las conclusiones de los magistrados quedarán expuestas en una sentencia de más de 1.700 folios.

¿Cómo se desviaban los fondos?

Los veintiún procesados están señalados por participar directa o indirectamente durante una década (de 2001 a 2011) en la concesión de ayudas a empresas en crisis, con cargo a las arcas públicas andaluzas, sin que hubiera "ningún control" por parte de la Administración, según la Fiscalía Anticorrupción.

El dinero investigado procedía siempre de la partida presupuestaria 31-L, definida como "fondo de reptiles" por uno de los principales señalados en el juicio, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. El dinero público era repartido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía).

¿Cuáles son las posibles condenas?

Los 21 ex altos cargos que se sentaron en el banquillo durante el juicio están acusados de prevaricación y, además, quince de ellos están señalados también por un delito continuado de malversación.

Se enfrentan a condenas dispares, según el tipo de delitos que se les imputan y su grado de implicación. Algunos solo podrían ser sentenciados a posibles inhabilitaciones de hasta 10 años de duración, entre ellos el expresidente Chaves. Otros, como Griñán, podrían recibir hasta entre seis y ocho años de prisión y otros 30 de inhabilitación.

¿De qué se acusa a Manuel Chaves?

En el primer grupo, los que sólo han sido acusados de prevaricación y que podrían recibir una pena máxima de 10 años de inhabilitación, se encuentra Manuel Chaves. La principal acusación contra el expresidente socialista, que gobernó la Junta entre los años 1990 y 2009, es que debía conocer qué se hacía con el dinero para los ERE y que, presuntamente, malversó parte de su equipo de Gobierno.

Aunque en el juicio Chaves dijo desconocer cómo se daban las ayudas, la Fiscalía duda de su versión al considerar "poco entendible que decisiones de calado y transcendencia política sean absolutamente desconocidas por el presidente de todos los andaluces y sus consejeros". 

Igual que Chaves, están acusados solo de prevaricación los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director de presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete jurídico Francisco del Río. Todos ellos se enfrentan a diez años de inhabilitación. 

¿A qué condena se enfrenta Griñán?

Por otro lado, el expresidente Griñán y el resto de acusados se enfrentan a penas de seis a ocho años de prisión y hasta 30 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación. Griñán ocupó la presidencia de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013, pero antes había sido también consejero de Hacienda (2004-2009) bajo el mandato de Chaves. 

Igual que su antecesor, Griñán aseguró que "no conocía exactamente" el programa presupuestario al que se cargaban las ayudas investigadas hasta que salió a la luz la investigación abierta por la juez Mercedes Alaya destapó el escándalo en el año 2011. Durante el juicio, Griñán echó balones fuera y señaló de forma indirecta a la Consejería de Empleo como única responsable de la gestión de esas ayudas. Versión discutida por la Fiscalía, que durante el juicio aseguró que Griñán "pudo y debió" frenar las ayudas ya que era consciente de que se estaba vulnerando la legalidad.  

Otros acusados por malversación

Junto a Griñán, en el grupo de acusados por prevaricación y malversación que se enfrentan a un máximo de seis años de prisión, se encuentran la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.

Por último, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.

El juicio comenzó con 22 acusados pero la Fiscalía y la acusación particular retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

Más de 120 testigos y una prueba clave

Durante el juicio, tras la declaración de los acusados, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos en un total de 152 sesiones desarrolladas en la vista oral, siendo la prueba estrella del juicio la pericial conjunta.

Esta prueba pericial, que se extendió durante más de seis semanas, mostró las opiniones diferentes y por lo general contradictorias entre los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los propuestos por las defensas, y contó con el especial protagonismo del jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión.

¿Cuántos años duró la instrucción?

La sentencia será el fruto de cinco años de instrucción y de casi 700 horas de grabación durante el juicio, que empezó el 13 de diciembre de 2017 y concluyó el 17 de diciembre de 2018. Los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle, que no estarán presentes en la entrega de la sentencia, también han debido revisar las pruebas documentales que obran en 14.276 folios, divididos en 28 tomos y siete de anexos.

El caso es de tal envergadura que el ponente se dedicó en exclusiva a la redacción de la sentencia a partir de febrero de este año, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también liberó a sus compañeras de asistir a juicio durante un par de meses.