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Imma Lucas

Opinión

Volantazo o decretazo

A nuestros representantes públicos les pagamos para que asuman sus responsabilidades y concilien intereses, no para que se pasen de unos a otros la patata caliente

Imagen de archivo de Ábalos.
Imagen de archivo de Ábalos.

Pinchar ruedas, romper cristales, increpar, agredir, colapsar Madrid y Barcelona, en definitiva manifestarse para velar por sus intereses perdiendo totalmente las formas de cualquier negociación que se precie. Pero lo han conseguido, han conseguido aparentemente conservar su "monopolio" por encima de lo que consideran el "oligopolio" de los Uber o Cabify. La guerra de conductores, diría yo, es lo que nos ha ocupado toda esta semana y creo que no ha acabado ni acabará hasta que las administraciones, que no se mojan, tomen cartas en el asunto para regular el sector, no para beneficiar a unos por encima de otros como se está haciendo ahora. La sociedad cambia, las personas cambiamos, los servicios en teoría deben mejorar y adaptarse a los nuevos retos y para ello hay que ¿enterrar al taxi o a los Cabify? No. Eso sí hay que regular, pero nadie quiere crispar más los ánimos a la vista, en pocos meses, de las elecciones. Así que de administración en administración y tiro porque me toca se van pasando la patata caliente. 

Con todo lujo de declaraciones, así lo ha puesto de manifiesto nuestro ministro del ramo, José Luis Ábalos, quien insinuaba el otro día, arremetiendo contra Cataluña -aún los taxistas de Madrid no se habían alineado con los de Barcelona-, que cuando se tienen competencias no se saben ejercer. Bonita manera, señor ministro, de quitarse las pulgas de encima. Tienen en pie de guerra al que yo llamaría sector de la conducción privada que ofrece un gran servicio al ciudadano y, cómo no, el ciudadano que paga quiere recibir un buen servicio, que le lleven correctamente al lugar que indica, que el taxista no fume, sea educado y tenga el coche limpio, que no te intente timar unos eurillos más llevándote por el camino más largo -sufrimiento de muchos turistas que por suerte no se enteran-; bueno, y muchas “cosillas” más que no vienen a cuento. Y aquí, qué pasa, que cuando vienen otros al acecho ofreciendo en muchos casos un mejor servicio -sea por el uso de las nuevas tecnologías o por lo que sea, no voy a entrar a juzgar- se les intenta llevar al barranco sin intervención política que se precie. 

Un trabajo digno deja de serlo si se defiende pinchando ruedas o agrediendo a quienes en lugar de trabajadores (también dignos) se les considera adversarios

He echado de menos, entre tanta paralización de vehículos e imágenes de crispación y violencia, la formación de una mesa de negociación al más alto nivel con todos los sectores implicados. No hablo de los conductores de ambos lados, que en definitiva lo que buscan es poder ganarse la vida en tiempos que no son fáciles, bien sea por edad, bien sea por toda la burocracia que conlleva la licencia de un taxi o la creación de una empresa. Evidentemente, no podemos comparar un autónomo con un asalariado, una persona que por ella misma tiene que salir adelante que un trabajador respaldado por una gran empresa. No, no estamos hablando de lo mismo, y por ello no se trata de tener a los conductores en guerra. Se trata de que las administraciones y nuestros representantes públicos, que para eso les pagamos, se pongan a regular el sector. Y regular no significa pasar la patata caliente a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. NO. ¿O es que no es el mismo sector del taxi el de Madrid, el de Málaga, León o Barcelona? Una cosa es que las protestas hayan sido evidentes y manifiestas en las dos grandes capitales, pero no por ello el gobierno central debe dejar desatendido el sector. El problema es que hay tantos intereses detrás que al final los que sufren y pagan el pato son los de siempre: en este caso conductores y trabajadores y por extensión los ciudadanos

Cabe por todo lo que nos acontece una regulación general y en paralelo si se quiere una autonómica y local. Hablamos de trabajo y del derecho que todos los ciudadanos tienen, según la Constitución -tanto se habla de ella y tan poco se practica en muchos casos- a un trabajo digno, igual que a una vivienda digna. Eso sí, no a golpe de pinchar ruedas o de agredir a los que consideramos adversarios. Todas las partes tienen derecho a ganarse la vida. Los lemas estos días eran "guerra, guerra, guerra", el de los taxistas; y "basta, basta, basta", de los VTC, y ante tal radicalidad lo único que cabe es buscar soluciones, regular la actividad, equilibrar los intereses y ofrecer un buen servicio a aquel que se pueda permitir pagar un conductor privado.



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