En el orden del día del Pleno de control sólo había una pregunta expresa sobre la monarquía, la formulada por el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, inquiría por qué el Gobierno había impedido la presencia del rey Felipe VI en la Escuela Judicial ubicada en Barcelona para presidir la entrega el viernes día 25 de los despachos a los 62 graduados de la LXIX promoción. Pero desde las nueve de la mañana cuando se abrió la sesión del Congreso de los Diputados en los escaños del hemiciclo, en los pasillos, en el salón de los pasos perdidos y en la tribuna de prensa no se hablaba de otra cosa, como gustaba decir Anson cuando dirigía el Abc verdadero quien aducía como prueba del nueve de la resonancia de un asunto que la centralita del periódico [por supuesto telefónica] quedara bloqueada.
El caso es que el Gobierno ha sido incapaz de explicar por qué impidió al Rey presidir la entrega de sus despachos a los nuevos jueces, siendo así que el artículo 62. f) dice que corresponde al Rey "conferir los empleos civiles y militares" razón por la cual entrega también sus despachos a los graduados de las Academias Militares y a los diplomáticos. Tampoco ministro alguno ha justificado cuál es la ofensa inferida por una llamada del Rey para manifestar a quien le sustituía en la presidencia del acto que le hubiera gustado acudir ni en qué esa llamada transgrede la Constitución o rompe la neutralidad política del jefe del Estado. Aceptemos, eso sí, que en aquella polvareda perdimos a Don Beltrán, y que nos quedamos sin saber que el 90% de los 62 Jueces de la LXIX promoción tendrá como destino un órgano judicial de Cataluña, 53 como titulares de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en esa Comunidad y tres quedarán a disposición del presidente del TSJCat, Jesús María Barrientos. Preocupa que entre 2017 y 2019 se hayan marchado de Cataluña 107 jueces, lo que supone un 12,9% de los 829 allí destinados.
Pero antes de que llegara el turno de la pregunta sobre la ausencia del Rey más arriba mencionada, la primera que correspondía al líder del PP, Pablo Casado, después de inquirir de modo cándido si el Gobierno estaba protegiendo el futuro de los españoles, pasó a cargar contra los hechos del viernes 25 y exigir a Pedro Sánchez que desautorizase a su vicepresidente segundo y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus tuits cuestionando la neutralidad política del jefe del Estado. En su respuesta el presidente volvió al estribillo que tiene acuñado para advertirle: "Usted se erige en defensor de la Corona, en defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, porque ustedes antes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos". O sea que Sánchez estima que causa defendida por Casado, causa perdida. El ejemplo que aduce de Cataluña merece una reflexión porque ese "ya ve cómo acabamos" daría la impresión de la unidad de España fuera una causa hundida sin que la clarividencia política de Sánchez y su trato exquisito con los independentistas haya podido rescatarla.
Empiezan a proliferar declaraciones que invocan al Rey como garantía de la seguridad jurídica, clave para que el país entre en vías de recuperación"
O sea, que volviendo de la unidad de España a la Corona, a la monarquía, a la Jefatura del Estado y al rey Felipe VI, sus defensores quedaban inhabilitados al atribuirles la condición de perjudiciales para las causas que profesan, mientras que quienes practican el vistoso deporte de agredirlas -sean miembros del Gobierno o líderes parlamentarios que puedan aportar votos cuando hagan falta- ni siquiera son merecedores de la más dulce de las objeciones por parte de presidente Sánchez, ni tampoco objeto de la menor admonición por parte de la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, incapaz hasta ahora de ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 70.3 del Reglamento de la Cámara para llamar a la cuestión al orador que se aparte de ella. Aunque ayer rompiera esa línea abstencionista para atajar la intervención de la diputada de Ciudadanos Carmen Martínez Granados cuando se permitió lo intolerable: defender al Rey.
Como los niños, lo que ven en casa, el vicepresidente segundo, Pablo Manuel Iglesias, buscando el asentimiento jocoso de los suyos pedía desde su declarada condición de republicano que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, no le hiciera el trabajo. Pero si PMI abandonara por un momento la burbuja de Galapagar tal vez podría advertir que frente a la fábrica de republicanos que atribuye al PP, los podemitas y adyacentes pueden estar convirtiéndose en otra fábrica esta vez de monárquicos. Y empiezan a proliferar declaraciones que invocan al Rey como garantía de la seguridad jurídica, clave para que el país entre en vías de recuperación. Como siempre el momento estelar de la sesión lo protagonizó Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo con insolencia mortificante que Franco fue el único que votó a Felipe VI y asignándole la condición de diputado extra de Vox en la Zarzuela. Y luego, el insolente, bebió un sorbo, empuñó su lazada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.
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