En tan solo seis meses el laborismo ha convertido al Reino Unido en el nuevo abanderado del colectivismo mundial. El país de Adam Smith, John Locke, Herbert Spencer y John Stuart Mill, entre tantos otros campeones del individualismo, se ubica a la vanguardia en materia de supresión de la individualidad, la eterna pesadilla de los déspotas de todos los tiempos. El partido gobernante ha decidido incluir en sus planes para los derechos de los trabajadores un nuevo esquema para laminar, una vez más, la libertad de opinión. La sociedad policial, etapa superior del Estado policial, avanza a todo vapor, voraz y sin frenos.
La legislación propuesta entraría en vigor el próximo año e impondría a los dueños de pubs el deber de evitar que los clientes molesten a los trabajadores con palabras fuera de lugar. El proyecto amenaza aplicar sanciones a quien acose o incomode con comentarios inapropiados sobre temas conflictivos. Qué es un comentario inapropiado o tema conflictivo seguramente lo definirán sobre la marcha los mismos creadores de la aberración conforme lo dicte su capricho del momento, la identidad del infractor, sus preferencias partidarias o su cercanía o lejanía con quienes habitan en los tugurios de Estado. Cuando se creía que la decadencia de la democracia liberal había hecho cumbre con policías acosando a quienes publican en las redes sociales comentarios no alineados con el manual de buena conducta del partido (¿laborista y laborare aún están relacionados?), este nuevo proyecto de intromisión e intromisión en la vida de las personas confirma que hay mucho camino por recorrer en materia de asalto e intimidación. Sin embargo, no todo está dicho. Faltaría más.
No sorprenderá que en breve se perpetre una abominación parecida contra el sector de la restauración para proteger la salud mental del pueblo. De prosperar, la medida sería el golpe de gracia al turismo, industria estratégica ya castigada
La conversación inadecuada dentro del bar calificaría como acoso si tiene el propósito o efecto de violar la dignidad del interlocutor o crear un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Cualquier opinión sobre una característica protegida por la Ley de Igualdad sería considerada un agravante. Estas señas particulares incluyen creencias religiosas, puntos de vista sobre los derechos de las mujeres y las personas trans, teorías políticas y veganismo ético. Kate Nicholls, directora ejecutiva de UKHospitality (hostelería y restauración), señaló que los empleadores que no comprendan las complejidades de la legislación sobre igualdad podrían imponer restricciones desproporcionadas. Rupert Soames, presidente de la Confederación de la Industria Británica, instó a los ministros a repensar las medidas. Podrían causar desempleo y afectar el crecimiento, afirmó. Condicionar las discusiones en los pubs sería como prohibirles vender cerveza y condenar a la extinción a una de las instituciones más representativas de la cultura inglesa.
La oligocracia española seguramente toma nota. No sorprenderá que en breve se perpetre una abominación parecida contra el sector de la restauración para proteger la salud mental del pueblo. De prosperar, la medida sería el golpe de gracia al turismo, industria estratégica ya castigada con la obligatoriedad de entregar una multitud de datos personales para registrarse en un hotel o la amenaza de duplicar los impuestos sobre las viviendas adquiridas por personas no residentes en la Unión Europea. Pero, atención, Keir Starmer también aprende mirando a España. Los turistas que visiten el Reino Unido podrían verse obligados a pagar un impuesto turístico adicional de hasta £12 por noche. El periódico MailOnline ha informado que la canciller de Hacienda, Rachel Reeves, está evaluando la medida en un intento por ayudar a cerrar el agujero negro del presupuesto creado por los conservadores, otra cara de la misma moneda. Como la guillotina del Comité de Salvación Pública el látigo fiscal trabaja a destajo maneje quien lo maneje.
Primero se persigue a la palabra escrita, luego, como no es suficiente porque la gente también habla, se penaliza la oralidad. Escribas y oradores por igual viven marcados por el puntero láser del psicópata de ocasión
Cómo harán efectiva la medida es un misterio aún no resuelto. ¿Plantarán un espía en cada pub? ¿Inundarán los bares con una nueva fuerza policial? ¿Contratarán a los fact-checkers suprimidos por Zuckerberg diez minutos después del triunfo de Trump? ¿Ofrecerán recompensas para quien delate al cliente que se pase de listo con el barman luego de la quinta pinta? ¿Confiarán en la palabra de la persona presuntamente agredida aún cuando el acusado no disponga de recursos para defenderse? (“Yo te creo hermano”). ¿Quién aplicará la penalidad? ¿El dueño? ¿Árbitros de la premier league? ¿Habrá dentro de cada taberna jueces sentados sobre una silla alta como en los partidos de tenis? ¿O acaso habrá jurados populares a distancia viendo y reviendo la presunta ofensa en cámara lenta con la asistencia del VAR? ¿Obligarán a los propietarios a delatar a sus clientes? ¿Impondrán el uso obligatorio del bozal emulando las desgracias infligidas con la ridícula mascarilla? Como sea, el negocio está asegurado porque el volumen es colosal. Alrededor de cuarenta mil pubs en el Reino Unido facturan más de veinte mil millones de libras al año. Los funcionarios no pagarán el costo del operativo, por cierto. Después de todo,¿para qué está el trabajador en el manual socialista sino para exprimirlo?
En Occidente las prácticas totalitarias se han naturalizado. Primero se persigue a la palabra escrita, luego, como no es suficiente porque la gente también habla, se penaliza la oralidad. Escribas y oradores por igual viven marcados por el puntero láser del psicópata de ocasión. Como de costumbre, los violadores de la norma son acusados de pertenecer al espacio de la extrema derecha, ultraderecha o turboderecha, apelativo que ni gobiernos ni medios afines pueden definir pero que, gracias al inestimable auxilio de la ignorancia nacional y popular, se entiende como insulto y pedrada.
El Estado no cuida a nadie
Nada es más funcional al colectivismo que un país cerrado al mundo, plagado de cámaras y comisarios restringiendo la voluntad de expresión y movimientos. En un ámbito donde nadie se libra de ser perseguido, la inversión de la carga de la prueba es la norma y el horror es celebrado como si fuese virtud. Eso sí, todos perciben ayudas del líder bondadoso y del Estado benefactor al tiempo que pagan gozosos a los señores de la gleba diez veces la limosna recibida. El Estado no cuida a nadie excepto a quienes lo controlan.
“Que los hombres aprendan que una legislatura no es nuestro Dios sobre la tierra, aunque, por la autoridad que le atribuyen y las cosas que esperan de ella, parecería que lo es. Sepan que se trata de una institución con una finalidad puramente temporal, cuyo poder, cuando no es robado, ha sido tomado prestado, en el mejor de los casos.”, observó Spencer.
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