Si hay una constante en la vida política española, es el cansancio hacia nuestros representantes y gobernantes, ya se manifieste como indignación o como apatía. No es que no se pongan de acuerdo en cómo resolver los problemas de España, o que no dispongan de mayoría parlamentaria suficiente: es que ni siquiera piensan en posibles soluciones a medio o largo plazo. Lo prioritario en los partidos es maquillar la realidad y construir un relato para empatar el día y ganar las siguientes elecciones, pues el primer objetivo de sus mediocres miembros es engrosar el ego y la cuenta bancaria. Mientras el empleo precario, la falta de vivienda y el lamentable estado de los servicios públicos se presentan como maldiciones bíblicas inevitables, los partidos aprovechan tanto la descentralización autonómica como la pertenencia a la UE con el fin de culparse mutuamente y continuar con su inacción. Los medios y las redes contribuyen a amplificar las chorradas diarias de sus señorías y a distraer la atención colectiva con cortinas de humo —como el año de Franco—, consiguiendo desalentar a los ciudadanos y que prefieran dedicar por entero su tiempo al ámbito privado. Y de todo ello nos quejamos una y otra vez, pero no se traduce en hechos.

Si la corrupción investigada y condenada en los tribunales suele tener escasas consecuencias electorales, la que no conlleva repercusiones penales es directamente asumida por gran parte de la sociedad. Desde el nivel municipal hasta el europeo, pasando por el regional y el nacional, vemos funcionar a los partidos como redes clientelares que aspiran a igualar a las que un siglo atrás hicieron tambalear el anterior régimen de la Restauración. Se sirven de las instituciones y de las empresas públicas o mixtas para extender su influencia, repartiendo cargos públicos a sus militantes obedientes hasta en el Hipódromo de la Zarzuela. La precariedad de los españoles contrasta de manera insultante con el desahogado nivel de vida de los políticos, de sus familiares y asesores, y el inacabable desempleo tiende a acabar antes si uno se arrima a unas siglas. Y tragamos.

Hemos normalizado hasta la más grave de las corrupciones públicas: la traición. Un «partido de Estado» como el PSOE ha comprado votos en el Congreso a cambio de indultar y amnistiar a separatistas condenados por sedición y malversación —tras afirmar éstos que lo volverán a hacer—, sino también de rebajar las penas de la malversación y eliminar el delito de sedición

Hemos visto a PSOE y PP utilizar la Fiscalía y la Abogacía General del Estado como sus extensiones jurídicas; otorgar indultos con absoluta arbitrariedad, incluyendo a otros políticos de su organización condenados por corrupción —llegando a ovacionarlos públicamente, como en el caso de los ERE—; emplear los servicios policiales y de inteligencia para eliminar pruebas que los incriminan en delitos; usar el Tribunal Constitucional como una tercera cámara legislativa cuyos integrantes nadie —salvo los propios partidos— ha elegido; legislar para entorpecer las investigaciones judiciales que les afectan, y denigrar a jueces y magistrados cuando las llevan a cabo; desacreditar a la prensa cuando resulta molesta, y mover sillones incómodos en redacciones o en estudios de radio y televisión. Y no pasa nada.

Hemos normalizado hasta la más grave de las corrupciones públicas: la traición. Un «partido de Estado» como el PSOE ha comprado votos en el Congreso no solo a cambio de indultar y amnistiar a separatistas condenados por sedición y malversación —tras afirmar éstos que lo volverán a hacer—, sino también de rebajar las penas de la malversación y, peor aún, de eliminar del Código Penal el propio delito de sedición, aumentando la desprotección del Estado ante la amenaza separatista. Y se vende como acto de conciliación. Y se compra.

Si frente a todo lo señalado no ocurre nada, algo tendrán que ver los electores. Resulta sorprendente que, en un sistema constitucional de democracia representativa, se busquen responsabilidades en todas partes excepto en la Constitución y en los votantes. De hecho, no suele pasar mucho tiempo sin que, al hablar de política con alguien, me diga que se deberían exigir requisitos mínimos para acceder a un cargo político —principalmente conocimientos y un oficio al que poder regresar—. Al principio dicha propuesta me despertaba simpatía, como mínimo para evitar que determinados perfiles conocidos por todos acaben en puestos de responsabilidad pública. Pero van pasando los años y uno ya empieza a mosquearse: si todos aquellos con quienes me cruzo son tan exigentes con los políticos, ¿dónde están los que apoyan o consienten la degradación que año tras año experimenta la política española? ¿Acaso tengo la suerte de rodearme de los mejores ciudadanos?

Las ideas y los hechos quedan en un segundo plano, habitualmente falseados por asesores de comunicación, maquillados en programas electorales que nadie cumple —salvo los separatistas—, y ocultos a plena vista en libros que casi nadie lee

Como eso no parece probable, desde hace unos años opto por darle la vuelta al planteamiento: «De acuerdo, exijamos determinados saberes para ser elegidos en política, pero también para elegir». Es entonces cuando el entusiasmo de quien protestaba desaparece, y el apoyo al statu quo se restaura. «¿Cómo voy a ser yo el problema, si me estoy quejando?», pensará el indignado. Sin embargo, es cierto que al menos dos obstáculos se interponen entre el elector medio y la exigencia de responsabilidades: el sectarismo partidista que carcome España, y el nivel de conocimientos. Al fin y al cabo, los representantes salen de entre los representados y son elegidos por ellos, por lo cual el problema lo tiene la sociedad española en su conjunto.

Reconociendo que no todos somos expertos en todo —ni sería deseable, por aquello de la división del trabajo—, el elector medio ni siquiera ha adquirido nociones básicas del sistema político en el que vota, o de la historia del país donde vive, o del recorrido teórico y práctico de los partidos a los que apoya. Se guía más por cuestiones banales, que deberían ser irrelevantes al ejercer el sufragio: el carisma de los dirigentes, lo bien o mal que le caen, el aspecto físico, la forma de hablar, el gancho de los eslóganes, la tradición de voto o el sentimiento de pertenencia a un grupo, entre otras. El voto responde enormemente a emociones y sentimientos, y en torno a ellos se articulan los discursos y las campañas electorales. Las ideas y los hechos quedan en un segundo plano, habitualmente falseados por asesores de comunicación, maquillados en programas electorales que nadie cumple —salvo los separatistas—, y ocultos a plena vista en libros que casi nadie lee.

Esperando los resultados prometidos

Con estos ingredientes, lo raro sería que los sistemas democráticos no presentaran tales deficiencias. En el siglo XIX, antes de que la alfabetización llegara a la mayoría de la población, hubo una gran discusión entre los partidarios de dar el voto solo a los más pudientes de la sociedad —entre otros motivos, eran quienes tenían mayores posibilidades de acceso al conocimiento, tal vez con la excepción de los sacerdotes católicos—, y los inclinados a abrirlo a todos los ciudadanos varones al alcanzar la mayoría de edad. Estos últimos, quienes acabaron aplicando su modelo, apostaban por hacer el camino andando, es decir, por abrir el sendero a la razón y al progreso económico mediante el sufragio universal: sería la capacidad de votar, de involucrarse indirectamente en los asuntos públicos, lo que con el tiempo equilibraría las cosas entre ricos y pobres, también en conocimientos.

Pero más de un siglo no ha bastado, ni en España ni en otros países: los ciudadanos estamos muy lejos de ser virtuosos, y seguimos esperando los resultados prometidos. ¿Y si se equivocaron? ¿Y si para involucrarse en la dirección del Estado fuese mejor recorrer primero el camino de la virtud, como ya pensaron otros hace más de dos milenios? ¿Y si la propia búsqueda del derecho al sufragio, a través del esfuerzo personal, fuera el aliciente que necesita una sociedad democrática para ser funcional y duradera? Mucha cautela exigiría tomar esta vía, a fin de no acabar siendo una losa de dominación sobre la mayoría por parte de la minoría. No obstante, teniendo en cuenta dónde nos encontramos, tal vez merezca la pena explorarla. ¿Y si el problema fuese el sufragio universal?

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