La mañana del martes 24 los titulares de las primeras páginas de la prensa insistían hasta la saciedad en que el rey emérito regresaba a Abu Dabi sin ofrecer explicaciones y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmaba que “había perdido una oportunidad de pedir perdón” y aplaudía, por contraste, la “transparencia y ejemplaridad” de Felipe VI para recuperar la esencia de la Monarquía. En Sanxenxo el domingo don Juan Carlos había replicado ¿explicaciones, de qué? a quien le interpelaba interesándose por si al día siguiente, cuando se encontraran en Zarzuela, daría explicaciones a su hijo el rey Felipe VI.
Reconozcamos ya que la falta de explicaciones es un proceder muy generalizado, como puede observarse, por ejemplo, cada miércoles en los Plenos del Congreso de los Diputados donde se sustancia el control parlamentario al que la oposición debe someter al Gobierno. Una búsqueda elemental en el diario de sesiones permitiría comprobar la penosa esgrima dialéctica a la que recurre el presidente Pedro Sánchez y los ministros que, a su imagen y semejanza, eluden responder a las cuestiones que plantean los portavoces de los grupos de la Cámara fuera de la coalición gubernamental.
En este momento, que se sepa, contra el rey emérito no hay reclamación alguna en los juzgados y desde el mismo día de su exilio hace dos años su abogado comprometió que su cliente quedaba a disposición de los tribunales, es decir, que de ninguna manera ni en momento alguno se comportaría como un prófugo de la Justicia. Viniendo de Abu Dabi a Barcelona podríamos preguntarnos "y de la sentencia qué", si atendiéramos a la fecha límite del próximo día 31 de mayo, martes, fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se imparta el 25% de las clases en castellano.
El PSC de Salvador Illa se ha limitado a hacer algunas ñoñerías, pero avanza al ralentí para cerrar con las fuerzas indepes el consenso contrario a la obediencia debida".
La Generalitat ha rechazado abiertamente cumplir la Ley ni en ese plazo ni en ninguno y prepara la adopción por el Parlament de una norma contraria denominada "Ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria". El PSC de Salvador Illa se ha limitado a hacer algunas ñoñerías, pero avanza al ralentí para cerrar con las fuerzas indepes -de ERC, JxCat y comunes- el consenso contrario a la obediencia debida. En cuanto a los de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que propugnan garantizar al menos un 25% de enseñanzas impartidas en catalán y al menos otro 25% en castellano, que han sostenido esa reivindicación pacíficamente ante los tribunales, sin bloquear los trenes, los aeropuertos ni las autovías, son vistos como una molestia por el Gobierno de la nación.
Más aún, después de que el presidente Sánchez el 18 de mayo haya trazado con su espada, al modo de Pizarro, la raya que dejaba, de un lado, a peperos y adyacentes en la vergüenza del envío de los piolines a Cataluña y, del otro, a quienes, como igual los trece de la fama, decidían seguirle exhibiendo la gloria de que, después de 18 años de ausencia, la selección nacional española de fútbol volviera a jugar en Barcelona el 26 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellà. ¿Hay quién dé más?
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De la sentencia nada da nada.
El PSC-PSOE se ha aliado con los independentistas con el fin de culpar a los jueces de meterse en política. El PSOE pretende, como los independentistas, la impunidad total.
Les estorba el Poder Judicial. Harán lo posible para desacreditarlo, tachandolo de franquista, ultraderechista, etc., para, a continuación, colonizarlo con sus peones siempre a punto de obedecer al aspirante a tirano, como ya hace a la vista de todos la Presidenta del Parlamento, Meritxell Batet.