El PSC se alía con ERC y Junts para burlar la sentencia del 25% del castellano en las aulas

El PSC se alía con ERC y Junts, los grandes partidos catalanes independentistas, para eludir la sentencia del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en la escuela catalana y cuyo plazo de aplicación finaliza la semana que viene. Las negociaciones han sido agónicas y contrarreloj para acordar un texto que se vote esta semana, según han explicado fuentes conocedoras de las conversaciones a Europa Press.

Los cuatro grupos registrarán este martes esta proposición en el Parlament que tiene como objetivo hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un mínimo del 25% de castellano en las aulas.

El texto será votado esta semana en el Parlament antes de que se cumpla el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia para impartir el 25% de clases en castellano. Este acuerdo ha llegado tras semanas de negociaciones y después de que Junts se descolgase del primer pacto que firmaron las cuatro formaciones para modificar la Ley de Política Lingüística.

El texto se aprobará en el pleno de esta misma semana por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria. El catalán tendrá la "calificación de lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo". El uso del español queda relegado a los proyectos lingüísticos de los centros y su utilización estará condicionada.

Una vez entre en vigor la ley, los centros escolares tendrán que adaptar sus proyectos lingüísticos, que serán verificados por la Consejería de Educación, que asume la responsabilidad judicial en caso de posibles impugnaciones legales.

El texto subraya que la "determinación de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno", además de los objetivos de normalización lingüística y la evolución de aprendizaje oral y escrito, según recoge la agencia Europa Press.

Además, afirma que "la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos", para que todos los alumnos dominen ambas lenguas al final de la educación obligatoria, en Aran, también deberá garantizarse el aprendizaje y uso del aranés.

"El alcance de esta presencia se debe determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada para cada uno de los centros educativos y se debe hacer desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular que incluya todos los espacios educativos y recursos de aprendizaje", recoge el documento.

Los proyectos lingüísticos del centro se ajustarán a la ordenación curricular de cada etapa educativa y deben elaborarse "de acuerdo con los criterios fijados por el departamento competente".

La proposición de ley pactada por los cuatro grupos tiene un contenido muy similar a la reforma de la Ley de Política Lingüística que acordaron pero de la que Junts se desmarcó la exposición de motivos es prácticamente idéntica, añade más criterios para determinar el uso de lenguas en la escuela e incorpora que este uso se determinará con criterios exclusivamente pedagógicos, algo que no aparecía en el acuerdo inicial.

Decreto para proteger a los centros

En paralelo a esta ley, está previsto que el Govern apruebe un decreto ley que sirva para proteger a los centros educativos dando la responsabilidad a la Conselleria de Educación de validar los proyectos lingüísticos de cada escuela, y también recogerá explícitamente que no se pueden fijar porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.

Este acuerdo ha llegado tras semanas de negociaciones y después de que Junts se descolgase del primer pacto que firmaron las cuatro formaciones para modificar la Ley de Política Lingüística.

Ante la orden del TSJC de aplicar la sentencia del 25% de castellano, los grupos han intensificado las negociaciones y finalmente han logrado un acuerdo que mantenga el "consenso" que han reivindicado para aprobar esta iniciativa con el apoyo de las cuatro formaciones.

Ahora, PSC, ERC, Junts y los comuns han solicitado una convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para ampliar el orden del día previsto para el pleno de este miércoles con el objetivo de incorporar la ley sobre el catalán, y prevén que la Junta se reúna este mismo martes por la tarde.

En el registro de la proposición de ley, han pedido que se tramite por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria, de manera que podría aprobarse en el pleno de esta semana y lograrían que el Parlament diera luz verde a esta iniciativa antes de finalizar el plazo fijado por el TSJC.

La CUP descarta apoyar el decreto

La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha descartado apoyar el decreto que está elaborando el Govern en defensa del catalán en las escuelas, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que fija un mínimo del 25% de castellano en las aulas.

En rueda de prensa este martes, ha insistido en que no avalarán "ninguna ley que haga retroceder el catalán en la escuela", y considera inaceptable que el Parlament canalice la sentencia del TJSC y le dé cobertura política, como cree que ocurre con la propuesta de ley que se está negociando.

En concreto, Estrada ha afirmado que no apoyarán la propuesta de ley que se está negociando porque habla "del castellano como lengua curricular" --o lengua de aprendizaje, expresiones que ve como un sinónimo-- y porque también deja bajo responsabilidad de los centros los proyectos lingüísticos, lo que considera que abre la puerta a situaciones de segregación en las escuelas.

"No podemos avalar ninguna propuesta con estas condiciones", ha defendido la diputada 'cupaire', que ha explicado que la CUP no ha entrado en las negociaciones, pero sí que se les ha trasladado los diferentes textos y propuestas de los cuatro grupos negociadores, y la última versión que tienen es de este martes.

Estrada ha asegurado que el decreto del Govern "deja a los centros expuestos a presiones y a la persecución judicial", y ha reclamado que el Ejecutivo catalán establezca un único proyecto lingüístico para todos los centros de Cataluña, elaborado por la Conselleria de Educación.

La diputada anticapitalista ha asegurado que las propuestas que se están negociando "recogen la sentencia", y ha subrayado que su formación está en un marco diferente: el de plantar cara a la sentencia y debatir cómo hacerle frente, ha dicho textualmente.

Para la CUP, las propuestas actuales no son diferentes de la que firmaron las cuatro formaciones negociadoras el 24 de marzo para modificar la Ley de Política Lingüística, y de la que después se desvinculó Junts.