El pasado jueves, víspera del día mundial de los derechos del consumidor (ya saben que, desde San Mateo cada día trae su afán), el Partido Popular en el Senado organizó una jornada ad hoc en la que tuve el placer de participar como ponente experto en energía.
El consumidor de energía solo tiene claras sus obligaciones: pagar de manera rigurosa los montantes de sus facturas. Difícilmente puede conocer sus derechos si la materia se le presenta de manera ininteligible. Desde que se liberalizó el mercado de la electricidad, poco hemos avanzado en derechos del consumidor y mucho en trabas y obstáculos a favorecer su capacidad de decisión.
Decidí centrar mi exposición en el sector eléctrico por dos razones. Por una parte, porque percibo que es la energía que más preocupa a la mayoría de los ciudadanos; por otra, porque estamos embarcados en una electrificación de la economía y la sociedad, que nos llevará a que la electricidad sea la principal energía consumida.
La factura de la electricidad
La primera cuestión que debe interesar a un consumidor es la factura eléctrica. Este punto tiene, además, la ventaja de que su reforma se puede hacer manera inmediata. No requiere grandes inversiones, sino únicamente un cambio normativo. Abordando esta reforma, el recibo de la luz se reduciría a la mitad, se mejoraría la competitividad del sector y el consumidor podría desempeñar un papel mucho más activo, pudiendo tomar decisiones de consumo con información suficiente.
Ya desgranamos, hace algunas semanas, en esta misma columna la composición y reparto de los costes fijos del sistema. Sin embargo, conviene recordar la principal conclusión: solo deberían imputarse en la factura aquellos costes directamente vinculados con el suministro de energía eléctrica (costes propios). Los demás cargos, es decir, la subvención a las renovables (RECORE), los extra-costes de los sistemas no peninsulares y el pago del déficit tarifario (costes impropios), que representan un 55% de los costes fijos aproximadamente, deberían cargarse a los presupuestos generales del Estado.
Desde que se liberalizó el mercado de la electricidad, poco hemos avanzado en derechos del consumidor, y mucho en trabas y obstáculos a favorecer su capacidad de decisión
El esquema actual, que no se repite en ningún otro sector, distorsiona el precio final de la electricidad, hace mucho más opaca la factura y sirve para que el gobierno oculte el coste real de su política energética. El traspaso a presupuestos de estos gastos supone su incorporación al trámite parlamentario y democrático propio de todos los gastos públicos. Esto permitiría la existencia de un debate político transparente en el que los ciudadanos podríamos participar y decidir qué energía queremos y a qué precio.
Otro de los puntos que tratamos fue el de la especial y exuberante fiscalidad que recae sobre la electricidad. Y, por supuesto, la propuesta es que se eliminen todos los impuestos específicos y que se trate como una mercancía cualquiera. No veo ningún inconveniente en que la electricidad pague un IVA ordinario (actualmente el 21% aunque podría debatirse un tipo menor al tratase de un bien esencial). En cualquier caso, carecen de sentido y solo tienen una finalidad recaudatoria los impuestos de la Ley 15/2012 (producción eléctrica, canon hidroeléctrico y producción de residuos radioactivos).
Estos impuestos, además, sirven de base imposible para el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) y el IVA, por lo que se produce hasta una triple imposición que debería ser inadmisible, desde el punto de vista tributario.
Respecto del régimen de los derechos de CO2, su objeto es una discriminación negativa hacia las tecnologías que emiten gases contaminantes, pero en ningún caso pretenden penalizar al consumidor. En ese sentido, tendría toda la lógica del mundo que la totalidad de la recaudación por derechos de emisión en el sector eléctrico se destinasen a financiar los costes fijos, de forma estructural y permanente; no parcial y coyunturalmente, como sucede ahora. Con esta medida, se consigue la pretendida discriminación contra las tecnologías emisoras, sin penalizar a los consumidores.
Es absurdo articular un bono social o la prohibición de cortar el suministro a personas vulnerables y después gravarlo con un impuesto especial para frenar su consumo
Finalmente, el IEE que grava la energía, los costes fijos propios y los impropios, y todos los impuestos previos que recaen sobre los anteriores, debería adaptarse a la realidad social. Los impuestos especiales siempre han recaído sobre determinados consumos que se tienen por perniciosos y que acarrean un coste social; por ejemplo, el alcohol, el tabaco, etc. Carece completamente de sentido considerar la electricidad un bien básico y a la vez pernicioso. Es absurdo articular un bono social o la prohibición de cortar el suministro a personas vulnerables y después gravarlo con un impuesto especial para frenar su consumo. Tendría mucho más sentido considerar una franquicia de consumo libre de este impuesto y solo se grave por encima de un determinado consumo per capita.
¿Quién entiende la factura eléctrica? Poca gente, ni la información que contiene, ni el formato incitan a nadie a ir más allá de mirar el total que te han cargado en la cuenta. Es cierto que explicar todo eso de los costes fijos y la escalada de impuestos sobre impuestos no es fácil. Pero, además, yo creo que los gobiernos y las comercializadoras no quieren que entendamos la factura.
Si usted va al supermercado a comprar cerveza, le van a ofrecer varios formatos: en lata, en botella de cristal, etc.; y cada unidad, del formato que sea, va a tener un precio. Además, le van a informar del precio por litro, para que usted pueda comparar en unidades homogéneas. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en la factura eléctrica? ¿Por qué la energía me la cobran en función de la cantidad que consumo, es decir lo que mide el contador (kilovatios-hora) y los costes fijos en función de un parámetro técnico diferente (la potencia contratada)?
La factura eléctrica, regulada o en mercado libre, debería especificar un precio por kilovatio-hora que incluya todos los conceptos, de forma que el precio antes del impuesto resulte de multiplicar la medición del contador por ese precio unitario. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de que el consumidor conozca el precio real, pueda comparar ofertas y, en consecuencia, tomar decisiones. No sé si se perderían unos gramos de equidad, pero estoy seguro de que ganaríamos toneladas de transparencia.
El mix eléctrico y la seguridad jurídica
Esta segunda parte de mi intervención es más compleja, pero no menos relevante para el consumidor. Las decisiones que se toman en relación con estos dos conceptos tienen la particularidad de que suponen inversiones de importes muy relevantes y despliegan sus efectos durante muchos años.
Tenemos un mix de producción eléctrica magnífico con bajos costes, bajas emisiones, seguro y eficiente. Sin embargo, vamos a dejar de tenerlo si continuamos por el camino que hemos iniciado. Estamos transitando hacia una estructura de generación más cara, más contaminante, más insegura y menos eficiente.
La semana pasada analizaba en esta misma columna el fenómeno de los vertidos renovables, que nos muestra ya un modelo con sobreinversión de renovables. Nos acercamos peligrosamente al inicio del calendario de cierre de los reactores nucleares, cuya ejecución va a sustituir una energía limpia, estable y razonablemente barata, esencialmente por gas, que es menos limpio y habitualmente menos barato. La solución propuesta es almacenamiento a discreción, eso sí, sin que exista un modelo definido, adecuado a nuestro sistema y en el que el impulso público supera al interés privado. Vamos, con todos los ingredientes para una bonita burbuja inversora.
Finalmente, y en sede de una de las dos cámaras legislativas de nuestro sistema constitucional, me atreví a pedir legislaciones sólidas, bien diseñadas, tanto para inversiones reguladas como de mercado, con pocas subvenciones púbicas que distorsiones la formación de precios y que garanticen la seguridad jurídica de unas inversiones que garantizan nuestro bienestar, vertebran nuestro tejido productivo y cuyos plazos de funcionamiento se prolongan durante muchas décadas.
Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA
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