Santa Yoli-Evita y el salario mínimo

El Gobierno ha decretado una nueva subida del salario mínimo (SMI) para 2024, con lo cual su incremento desde 2018 será de un 54%. En su reciente comparecencia en el Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Sra. Díaz ha reivindicado la eficacia mostrada por esas alzas para mejorar la situación de los colectivos con menores ingresos, ha anunciado la intención gubernamental de elevarle hasta el 60% del salario medio y ha negado la existencia de impacto negativo alguno sobre el empleo, profetizada por los desalmados economistas (neo) liberales, por los empresarios y por la oposición. Las fuerzas del mal, alineadas en siniestra coalición contra los trabajadores. 

El debate sobre los efectos del SMI sobre el binomio empleo-paro han persistido a lo largo del tiempo. Ahora bien, la inmensa mayoría de los profesionales de la ciencia lúgubre han señalado siempre las nocivas consecuencias de esa figura. En la más amplia revisión realizada hasta la fecha de toda la literatura publicada sobre el SMI desde los años noventa del siglo pasado, 102 estudios, el 85% de ellos concuerdan que el funcionamiento del mercado laboral en el segmento de los individuos con bajos salarios y cualificaciones es el descrito por el modelo neoclásico, no por el de monopsonio; esto es, el aumento del SMI se traduce en pérdidas de puestos de trabajo (Neumark D & Wascher W., Minimum Wage and Employment, IZA, January 2007).

Y, como es lógico, España no es diferente. Ni un solo informe disponible muestra impacto positivo alguno de las subidas del SMI sobre el empleo y sí arrojan resultados negativos cuya única diferencia es su magnitud. El Banco de España, el BBVA Research, la Airef, así lo han demostrado, por no citar los elaborados por la patronal a causa de incurrir en el 'pecado original' de su procedencia. Y las víctimas de la bondad gubernamental son aquellos a quienes se pretende o se dice beneficiar: las personas con menor experiencia, con menor formación y con menor productividad que son precisamente las mayores bolsas de desempleo existentes en este país. Como dijo el clásico: “El infierno está lleno de buenas intenciones”. 

Las víctimas de la bondad gubernamental son aquellos a quienes se pretende o se dice beneficiar: las personas con menor experiencia, con menor formación y con menor productividad

Ni siquiera la mayor alquimista de estadísticas laborales de la historia de España ha logrado plantear ningún argumento de teoría económica o empírico, que permita no ya debelar los aportados por quienes niegan las virtudes de subir el SMI, sino aportar ningún trabajo solvente e incluso insolvente capaz de vestir su muñeco. Sus argumentos están calcados de los realizados por el ministro falangista del ramo, Romeo Gorría cuando introdujo el SMI en 1963. La ignorancia, fluidez y desparpajo de la sucesora patria de Girón-Evita Perón no tiene desperdicio. Y lo peor de todo es la firmeza y la convicción con la cual patea los principios básicos y elementales de la economía. Sólo le queda arengar a los descamisados desde el viejo edificio del Sindicato Vertical. 

El objetivo social comunista de situar el SMI en el 60% del salario medio es algo inédito, por inexistente, en la Unión Europea. Sólo en dos estados aquél supera el 50%. En España ya lo hacía antes de la subida recién decretada por el Gobierno (54,8%) y en Grecia (51,3%), los dos países europeos con el desempleo juvenil y femenino más alto. En Alemania está en el 41%; en Francia, en el 47%; y en Irlanda; en el 46%, según Eurostat. Todas estas economías tienen tasas de paro y niveles de productividad muy superiores a los españoles. Pero ahí no termina la historia.

La subida del SMI no afecta por igual a todas las empresas, sino que tiene una incidencia nefasta sobre las pymes, que constituyen el 99,8% del tejido empresarial español y son las mayores empleadoras de España. Si, como pretende el Gobierno, el SMI se elevase hasta el 60% del salario medio, eso se traduciría en una ratio SMI-salario medio del 79% para las empresas con menos de 50 trabajadores, que son más del 50% del total.

La subida del salario mínimo no afecta por igual a todas las empresas, sino que tiene una incidencia nefasta sobre las pymes, que constituyen el 99,8% del tejido empresarial español

Si se tienen en cuenta que su productividad es tres veces menor a la de las compañías con más de 250 empleados, el incremento del SMI aprobado para 2024 es per se, sin necesidad de referirse al objetivo fijado por el Gobierno, demoledor para su competitividad, para su supervivencia y, por supuesto, para su capacidad de generar y mantener puestos de trabajo. 

Por otra parte, es surrealista imponer un mismo SMI en el que existen no ya disparidades salariales entre empresas y sectores sino territoriales, sin tener en cuenta su estructura económica, su volumen de desempleo y su productividad. Un SMI idéntico para Madrid, por ejemplo, que para Extremadura es disparatado y sus perversos efectos se acentúan a medida que aquel se acerca más al salario medio existente en cada comunidad autónoma. De hecho, antes del último incremento del SMI, en 13 autonomías superaba el 60% del salario medio; y en dos, Extremadura y Canarias, el 70%. 

El SMI es una expresión de lo expresado por Bastiat en su célebre ensayo Lo que se ve y no se ve en la economía política. En la esfera económica, una decisión no desencadena sólo un efecto, sino una serie de efectos. En el caso del SMI, el primero es inmediato y visible, los trabajadores cobrarán un salario básico. Pero se manifiestan simultáneamente otros, esa medida envía gente al paro y reduce la contratación. Y esto no es visible a priori para la opinión pública. Obviamente, Yoli no ha leído al ilustre economista francés pero, bueno, esto no es ninguna sorpresa.