El Gobierno ha endosado un sobrecoste de 15.000 millones a las empresas con las subidas del SMI

El acuerdo del Gobierno con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5% en 2024 de espaldas a la patronal, hasta los 15.876 euros anuales (1.134 euros en 14 pagas), supondrá un sobrecoste para las empresas sólo este año de unos 1.260 euros anuales por trabajador, incluyendo las cotizaciones sociales. Se estima que la medida podría afectar a dos millones de asalariados, por lo que el coste añadido para todos los empresarios sumaría un total de 2.500 millones de euros.

CEOE se opuso este viernes a una subida de tal magnitud y lamentó "profundamente el escaso esfuerzo del Gobierno para que pudiéramos entrar en el acuerdo para la actualización del SMI en 2024". "Las empresas españolas fuimos las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI, de entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)", recordó.

El Gobierno lleva desde 2021 subiendo el SMI sin el beneplácito de la patronal, y teniendo en cuenta el nuevo incremento de este año, desde 2019 lo ha subido ya más de un 50%. Si se tiene en cuenta el periodo de seis años, el SMI ha subido ya en 5.573 euros anuales (desde los 10.303 euros de 2018 hasta los 15.876 euros en los que se situará ahora).

Eso, según los cálculos de fuentes empresariales, hace que el coste para las empresas incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social se haya elevado en más de 7.700 euros anuales por trabajador en este sexenio, de los 13.486 euros a los 21.225 euros. Trasladado a los cerca de dos millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, sumaría un gasto extra de 15.000 millones de euros sólo para el empresario.

Con la subida de este año, que se ubicará finalmente en el 5% como habían pedido los sindicatos, Pedro Sánchez se corona como el presidente que más habrá subido el salario mínimo. José María Aznar lo incrementó un 18% entre 1996 y 2004; José Luis Rodríguez Zapatero lo hizo en un 39% entre 2004 y 2011; mientras que Mariano Rajoy sólo lo elevó un 15% entre 2012 y 2018.

Además, si se compara con el resto de países de la Unión Europea, la subida acumulada desde 2019 estará ya entre las cuatro mayores subidas de la UE, adelantando a Bulgaria (53%), Croacia (50%), Hungría (49%), y Rumanía (48%). Tras el incremento del 5% previsto para este año (y a falta de incorporar las subidas que apliquen el resto de países), sólo habrán elevado más los salarios mínimos respecto a 2018 Lituania (110%), Polonia (69%) y República Checa (55%), según Eurostat.

Con datos de 2023 el salario mínimo más elevado (dividido en 12 pagas) está en Luxemburgo: 2.508 euros. Le siguen Alemania (1.997 euros), Países Bajos y Bélgica (ambos con 1.995 euros). También se sitúan en la parte superior de la lista Irlanda (1.910 euros) y Francia (1.747). Inmediatamente después ya estaría España, en séptimo lugar. Por el contrario, los SMI más bajos se encuentran en Bulgaria (399 euros), Rumanía (604 euros), Letonia (620 euros) y Hungría (624 euros).

Impacto negativo en el empleo

Durante este tiempo los empresarios han alertado que estas subidas del SMI se traducen en una destrucción de puestos de trabajo por el incremento de los costes laborales que asumen las empresas. Estas revalorizaciones afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, pues cerca de un 40% de ellas tienen empleados cobrando el salario mínimo.

En un trabajo publicado hace poco menos de un año la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) aseguró que entre 2018 y 2022 el alza del SMI provocó la desaparición de 256.200 puestos de trabajo. En concreto, generó de forma directa la destrucción de 105.800 empleos y evitó la creación de otros 150.400 nuevos.

Destacaron que "el impacto negativo del aumento del salario mínimo es mayor entre las mujeres y los trabajadores no cualificados y/o sin experiencia". Además, "estimula el reemplazo de puestos de trabajo elementales por maquinaria y/o robots, pudiendo tener, como consecuencia imprevista, un incremento permanente del desempleo de larga duración".

Ahora Cepyme recuerda que "la subida del salario mínimo ha de ser acorde a las condiciones de la coyuntura, que en estos momentos no son precisamente favorables para las pymes, pues deben afrontar el efecto de la inflación en sus suministros y provisiones, además del alza general de las cotizaciones a la Seguridad Social".

Además, la patronal incide en que "la evolución de la productividad, uno de los factores que según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores deben considerarse a la hora de fijar el salario mínimo, ha tenido una caída del 3,8% desde 2018, coincidiendo con el período de fuertes incrementos del SMI.

Las pequeñas y medianas empresas advierten también de que "esta caída contrasta con un incremento medio del 4,6% en los países más avanzados, lo que revela una pérdida de competitividad de nuestro país y un entorno manos favorable para la actividad productiva".