El último relato manufacturado en la fábrica de bulos de La Moncloa trata de engañar a la opinión pública con dos datos muy positivos: el aumento del PIB y la creación de empleo. El aumento cierto del PIB oculta el mucho más modesto del PIB per cápita que con Zapatero descendió -algo nunca acontecido en tiempos de paz- un 5,78% y con Sánchez apenas ha subido un 1,26% en seis años, es decir casi nada y mucho menos que en la UE, habiendo aumentado en un 5% la divergencia con ella; en 1975, España se situaba diez puntos más cerca de la UE que ahora. El aumento, también cierto, del empleo oculta su procedencia de la inmigración y también del empleo público, lo que resulta compatible con: un aumento del PIB, no de la renta per cápita, y el liderazgo del paro. Y mientras creamos empleos para inmigrantes escasamente cualificados y remunerados, España expulsa cada vez más jóvenes cualificados, a razón de más de mil diarios con Sánchez.
Con Zapatero, España consiguió el récord histórico de duplicar el desempleo de la UE, para descender con Rajoy y desde febrero de 2022 ser líderes en solitario entre los países desarrollados y más que duplicando la media europea; incluso tras la manipulación de los datos, al haberse inventado casi 800.000 fijos discontinuos en situación de inactividad, que están todos parados y muchos de ellos cobrando el desempleo, son ocupados y constan en las estadísticas como tales.
En España solo el 35% de su población está activa y trabajando en el sector privado, algo que no ocurre en ningún país desarrollado. ¿Hace falta saber de economía para estar gravemente preocupados por este panorama?
Pero si observamos el mercado de trabajo desde una perspectiva más realista, la que contabiliza la tasa de empleo -personas en condiciones de trabajar que están realmente ocupadas y de la que jamás hablará el gobierno- la situación es particularmente dramática: con datos de Eurostat, en Suiza alcanza un 84,3%, la zona Euro el 75,6%, la UE el 71,7%, los grandes países europeos superan el 74%, Italia 66,4% y España en la cola apenas llega al 59,04%. Así, mientras que en Suiza la población activa multiplica por más de cinco a la pasiva, en España apenas llega a 1,5 veces. Por cierto, los países con los que el gobierno se compara por PIB, se juntan con nosotros en la cola de la tabla: Rusia 63,1%, Brasil 62,6%, México 60,2%, Turquía 54,7, India 50,4%.
La situación es aún más tenebrosa si se añade que quienes trabajan en el sector privado -la genuina creación de riqueza– ya son menos (17,69 millones) que los pensionistas, parados, dependientes y empleados públicos (18,21 millones). En suma, en España solo el 35% de su población está activa y trabajando en el sector privado, algo que no ocurre en ningún país desarrollado. ¿Hace falta saber de economía para estar gravemente preocupados por este panorama?
Todos estos malos resultados, que por arte de birlibirloque el gobierno ignora para inventarse -mediante datos muy parciales y meramente coyunturales– una mágica realidad paralela, no son fruto de la casualidad, sino resultado del marco institucional que los posibilita. Por cierto, el fundador de dicho marco fue Franco, al que el gobierno debiera homenajear -no los liberales- tras haberse apropiado de su obra legislativa laboral.
Comencemos por el marco sindical actual, heredero directo del franquista. Antes de Franco los sindicatos, esencialmente anarquistas y socialistas, eran muy genuinas organizaciones de la sociedad civil, pues siendo de libre pertenencia se financiaban con las cuotas voluntarias de sus miembros en un marco de “libre mercado”, es decir de libertad de creación de cualesquiera otros sindicatos. Con Franco se acabó la libertad sindical y la libre afiliación. El sindicato vertical franquista fue dotado de medios -inmuebles y recursos económicos- para desempeñar una falsa representación de los trabajadores, aunque en las empresas se celebraban elecciones libres a Jurados de Empresa que representaban legítimamente a los trabajadores en las negociaciones colectivas.
También, como con Franco, el duopolio comenzó a recibir subvenciones públicas, tan generosas que desincentivaron por completo a los sindicatos a buscar afiliados y menos aún a que pagaran cuotas
Con la Transición, los socialistas y comunistas impusieron en la constitución un duopolio vertical sindical social-comunista -algo inaudito en el mundo civilizado- que cerraba las puertas a otras posibles alternativas sindicales, reproduciendo así el monopolio sindical franquista, ahora con dos sindicatos en vez de uno. El duopolio fue dotado de infraestructuras -inmuebles requisados a los antiguos sindicatos- sin que dueños originales, como la CNT, tuvieran acceso a los mismos. También, como con Franco, el duopolio comenzó a recibir subvenciones públicas, tan generosas que desincentivaron por completo a los sindicatos a buscar afiliados y menos aún a que pagaran cuotas. Es así como España, en una época de desafección mundial de la afiliación sindical, es el país con menos afiliados y consecuentes ingresos por cuotas del mundo. Sin embargo, carentes de legitimación representativa, siguen dominando duopolísticamente la representación de los trabajadores, honrando así la memoria de Franco.
Otra institución laboral franquista, que también honra el Gobierno, son los convenios sectoriales, herederos directos de sus “ordenanzas -semántica militar- laborales”, que proscriben la libre entrada y salida de los mercados; algo que es considerado delito económico -cartelización- en los países civilizados.
El trabajo a tiempo parcial sobresale en los países más libres, y por tanto de mayor renta per cápita, mientras que en España está muy limitado y sometido a los designios del duopolio sindical vertical, mientras que el lacerante paro juvenil agrava aún más nuestra pésima situación.
Liberados sindicales
A diferencia de los legítimos sindicatos de hace un siglo, que sufragaban con las cuotas voluntarias que recibían, sus “liberados”, en nuestra democracia los liberados sindicales los pagan -obligatoriamente- las empresas para actuar en contra de ellas. ¿En qué países civilizados se da esta situación?
El artículo 4º del Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prohíbe el despido libre: sólo 37 entre países del mundo -menos de un 20% y casi todos subdesarrollados- incluida España lo han suscrito, en soledad con Francia, Finlandia y Suecia.
El índice de Flexibilidad Laboral de la OCDE, sitúa a España en el lugar 26, con 60,8 puntos sobre 100. EEUU, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Irlanda y Dinamarca lo encabezan con más de 80 puntos.
Sólo cinco países significativos europeos –Alemania, Francia, Holanda, Bélgica e Irlanda– además de España tienen salario mínimo. El salario mínimo de España es el sexto más elevado de Europa, mientras que nuestra renta per cápita es la décimo sexta: en España éste representa el 53,7% de nuestra renta per cápita; nos siguen Francia 52,47%, Bélgica 45,55%, Alemania 44,93% Holanda 42, 38 e Irlanda con el 25,07%.
Suiza no tiene salario mínimo ni convenios colectivos sectoriales, su tasa de actividad es un 43% superior a la española, la temporalidad es 3,21 menor y el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial quintuplica el nuestro
Con la excepción de Luxemburgo y Lituania, España es el país europeo que más ha aumentado el salario mínimo desde 2012, mientras lideraba el desempleo de la UE y contradiciendo lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores vigente, que exige que el SMI suba atendiendo al coste de la vida y a la productividad de la economía. En los últimos años, la inflación acumulada apenas ha llegado al 20 % y la productividad ha estado estancada, mientas que el SMI ha subido un 54% en el mismo periodo.
Como es de suponer que a los españoles, excluidos los social-comunistas, les gustaría que España se pareciera más a Suiza que a los subdesarrollados de mayor PIB con los que trata de competir el Gobierno, veamos las principales diferencias con dicho país: no tiene salario mínimo ni convenios colectivos sectoriales, su tasa de actividad es un 43% superior a la española, la temporalidad es 3,21 menor y el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial quintuplica el nuestro. La renta per cápita suiza triplica la española y su tasa de paro 2,5 veces inferior.
Después de todo lo dicho, resulta que si el gobierno abandonara su apego a la política laboral franquista -la única que está aún vigente- y liberalizara, como Suiza, por ejemplo, el mercado de trabajo, el empleo y la economía funcionarían mucho mejor….para todos, incluso para los legatarios progresistas de la obra de Franco.
Cosa curiosa que el Gobierno trate de cuestionar su memoria mientras sigue reivindicando su política laboral.