“Era una selva”. Así justificaba este jueves el alcalde de Madrid la falta de diligencia a la hora de controlar que dos desaprensivos, en lo peor de la pandemia de finales de marzo, cuando 1.300 personas morían cada día solo –y muchos solos- en Madrid decidieran hacer negocio con la compra de mascarillas, guantes defectuosos y tests que en su mayoría no funcionaban y acabaran inflando los precios hasta llevarse 6 millones de dólares en comisiones de los 11 que pagó el consistorio.
En las peores situaciones aparece lo mejor y lo peor del ser humano. Y en ese mes de marzo de 2020, cuando cientos de sanitarios y policías se intentaban proteger con bolsas de basura y gafas de bucear ante una pandemia desconocida, aparecieron Luis Medina y Alberto Luceño. El primero aprovechó “su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid” para ofrecerse a traer material sanitario de China de manera inmediata.
El resto es conocido: la querella de Anticorrupción les acusa de estafa agravada (de los 11 millones que pagó el Ayuntamiento, 6 fueron en comisiones por el precio inflado), falsedad documental y blanqueo. El dinero de los sobrecostes acabó en coches de lujo, rólex, casas y hasta un velero llamado “Feria”, como el ducado familiar para, supuestamente, ser ‘lavado’ posteriormente. Nada ilegal, dice Luis Medina. Eso lo decidirán los jueces. Su falta total de ética la puede decidir ya cualquiera.
Mascarillas 'ideológicas'
Pero en este asunto apestoso de la compra urgente de material sanitario durante lo más crudo de la pandemia, España vuelve a ser ejemplo de mirar según el color del cristal político. Parece que las mascarillas defectuosas, hinchadas de precio o directamente corruptas son solo productos de los gobiernos de la derecha.
Mientras se conocía el caso de la querella de la Fiscalía contra Medina y Luceño, que deja al margen al Ayuntamiento de Madrid y al que le instaba a personarse como perjudicado, en un juzgado de Plaza de Castilla testificaban, estos sí como imputados, tres altos cargos de la Administración del Gobierno socialista de Pedro Sánchez por un megacontrato de material sanitario. Se les investiga por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
La diferencia, además de la condición de imputados de los cargos del Gobierno –algo que no sucede en el caso de Madrid- es especialmente significativa en cuanto al importe de los contratos: frente a los 11 millones de dólares pagados en la capital de España, los 310 millones del megacontrato de Salvador Illa. Uno de los imputados ha asegurado, por cierto, que el exministro estaba “al corriente de todo”.
El mayor de los contratos del Ejecutivo de Sánchez que están siendo escudriñados en el juzgado corresponde a la compra, desvelada por Vozpópuli, de 200 millones de euros en mascarillas a una firma desconocida de Hong Kong, publicado por este medio en abril de 2020. Se investiga si, en plena pandemia, se contrató a empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector y que las licitaciones de urgencia no se hicieron con la publicidad oportuna.
El “contrato estrella” del Gobierno de Sánchez que se investiga lo desveló este medio: 56,2 millones de mascarillas FFP2 encargadas a HongKong Travis Asia Limited por un importe de 196,5 millones de euros. La sociedad -fundada en 2019 con 1.200 euros- no registraba ninguna actividad en Internet. Tampoco se conocía quién estaba detrás de ella ni se podía contrastar su verdadera actividad social. El Ministerio de Illa le había adjudicado antes otra licitación de mascarillas de 15,3 millones de euros por 2,5 millones de mascarillas FFP3.
Los 310 millones de la querella por el megacontrato de Illa contrastan con los 11 (casi 30 veces menos) que los del Ayuntamiento de Madrid, pero su eco mediático, sin embargo, ha sido inversamente proporcional. Lo mismo sucede con el caso de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso: un contrato de 1,5 millones en mascarillas -200 veces menor- y una comisión de 55.000 euros).
El 'proveedor de confianza' de Ábalos
En Anticorrupción se han presentado otros contratos de urgencia del Gobierno central, aunque aún no se sabe si serán investigados. Por ejemplo, el del “proveedor de confianza” del entonces ministro José Luis Ábalos. La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., una pequeña sociedad de Zaragoza, pasó de ingresar 0 euros a 53 millones en 2020, básicamente por obtener contratos públicos 'a dedo'. Es decir, negociados sin publicidad y tramitados 'de emergencia' en la pandemia.
Entre los contratos que obtuvo esta empresa en el último año se encuentra el que adelantó este diario el 22 de abril de 2020, por el que Soluciones de Gestión fue seleccionada por el Ministerio de Transportes para la compra de ocho millones de mascarillas por un total de 24,2 millones de euros. Un contrato adjudicado sin concurso por parte del equipo de Ábalos a que se otorgaba por la vía de 'tramitación de emergencia', y con la financiación de Puertos del Estado.
El “contrato estrella” del Gobierno de Sánchez investigado lo desveló Vozpópuli: 56,2 millones de mascarillas encargadas a HongKong Travis Asia Limited por 196,5 millones de euros. La sociedad se fundó en 2019 con 1.200 euros y no registraba actividad alguna en Internet
Transportes confirmaba semanas más tarde su acuerdo con la empresa zaragozana sin argumentar los motivos de su decisión. Pocos días después, en esta ocasión a través de Adif, el organismo que dirigía Ábalos compraba a Soluciones de Gestión otros cinco millones de mascarillas por 12,5 millones. Tampoco añadía más información a este contrato de emergencia.
¿Por qué el eco de las mascarillas en Madrid se amplifica y copa portadas y tertulias? El importe de unos contratos -11 millones el del Ayuntamiento y 1,5 el del hermano de Ayuso- contrasta con los 310 millones del megacontrato de Illa. Ni en el caso de Almeida ni en el de Ayuso hay cargo alguno imputado, mientras que son tres en el caso que afecta al Ejecutivo de Sánchez. Sin embargo, no esperen un tratamiento equiparable. En España, las mascarillas sospechosas solo parecen ser de un color.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
En las cuentas de la Sociedad Funeraria de Madrid figura a 31/12/2020 un saldo a favor del deudor del Ayuntamiento por 34 mill de euritos,por el asunto de mascarillas,guantes pcr,etc.
Lo de siempre...la posible corrupción de la derecha se magnífica y se amplía hasta lo indecible pero la corrupción de la izquierda se obvia mirando para otro lado...
Ya se encargará la Lola que la "superioridad moral" de la izquierda progresista quede limpia e impoluta ante la "justicia"...
Para variar...
Prueba
OK, fuerte y claro recibido en SCT...
Mascarillas de izquierdas (buenas) y mascarillas de derechas (malas). Este es el relato que la izquierda manipuladora y sectaria pretende que cale entre la ciudadania. Para ello cuentan con potentes altavoces mediáticos (subvencionados obligatoriamente por todos nosotros), con la fiscalía (de quién depende la fiscalía, eh, de quién depende) y con jueces prevaricadores que arriman el hombro y ponen la guindilla.
Pretenden por todos los medios instaurar un régimen autoritario en el que sólo quepa su pensamiento único basado en dogmas de fe sectarios, que pretenden que acatemos sin rechistar. Venezuela y Cuba están cada vez más cerca.