La campaña contra el juez Manuel García-Castellón se intensifica a medida que se acerca el pleno que debe aprobar el engendro de la ley de Amnistía. Es ‘caza mayor’ para los independentistas y para el Gobierno de Pedro Sánchez que se juega su supervivencia y seguir en la Moncloa y no dudan en acusar a un magistrado que instruyó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el atentado contra Aznar o que fue 17 años juez de enlace antiterrorista en París y Roma, de no saber lo que es terrorismo. Alguna idea más que Félix Bolaños y Santos Cerdán convengamos que seguro tiene.
Pero García Castellón, casi medio siglo en la justicia, lejos de rehuir el envite y acostarse en tablas, se ha crecido con el castigo y está dispuesto a buscar la femoral de una ley Frankenstein que el PSOE y sus socios van remendando y recosiendo a medida que el juez va dictando sus autos. “Manolo (García Castellón) es el último dique que nos queda en España” ante la ley que “creará españoles de primera y de segunda y que premiará al delincuente”, asegura un jurista que, por lo que pueda pasar, prefiere no significarse.
Y es que los ataques al juez de la Audiencia se multiplican desde la política, los medios y los propios expertos –minoría, es cierto- que defienden la ley. En el Gobierno ha sido la propia vicepresidenta Teresa Ribera la que, en la TV pública, acusaba a García Castellón de tener “cierta querencia” a pronunciarse “en momentos políticos sensibles” y “siempre en la misma dirección”.
Dice el refrán que siempre habla quien más tiene que callar. Ribera, ministra de Energía, está casada con Mariano Bacigalupo, “prestigioso jurista” y consejero de la CNMC que nunca se abstuvo en decisiones que afectaban al trabajo de su esposa. Finalmente, el Gobierno lo cambió al Consejo de la CNMV –mejorándole el sueldo, entre los dos se levantan casi 240.000 euros al año- desde donde acabó interviniendo contra Ferrovial en la ‘guerra’ contra el Gobierno del que su mujer es vicepresidenta. Todo muy estético.
Todos contra García Castellón
Pero García Castellón también sufre el ataque descarnado de juristas como Joaquín Urías -profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC- que no duda en tildarle públicamente de “juez sin escrúpulos” cuyo “principal objetivo” cuando “está a punto de jubilarse y nunca ha tenido vergüenza de aparecer como un juez parcial” es “forzar a Junts a dejar de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez e incluso, si se puede, provocar su caída”.
La jauría –a la que se suman diariamente políticos independentistas como Míriam Nogueras o Gabriel Rufián y sus terminales mediáticas- no va a hacer mella en el juez García Castellón y, para ello –y para desmentir las acusaciones de parcialidad que lanzan contra él con la esperanza de que mil veces repetidas acaben pareciendo verdad- basta un repaso a su biografía desmenuzada en Vozpópuli hace solo una semana por Luis Algorri.
Nacido en Valladolid el 16 de octubre de 1952, Manuel (“al que todo el mundo llama Manolo”) García Castellón se licenció en Salamanca y accedió a la carrera judicial, el 37 de su promoción, en 1977. Conservador -aún no es delito- y miembro de la mayoritaria APM, fue juez de distrito en Marquina-Jeméin, un pueblo de Vizcaya, y después de ejercer en Castrojeriz, pidió volver en comisión de servicio a Azpeitia en plenos años de plomo de ETA. Si las balas y las bombas de los etarras no le amedrentaron, menos lo harán los socios de sus herederos.
En 1993 llegó a la Audiencia Nacional en Madrid y comenzó a instruir sumarios que desmienten las acusaciones de parcialidad con la que estos días le regalan ministras, políticos y medios. Como decía Algorri, “el tipo de sumarios que ha instruido, y sobre todo su repercusión, ha hecho siempre –desde hace décadas– que le ponga verde todo el mundo, según la implicación o el interés partidista de cada cual en las causas que García-Castellón lleva”.
“Para la prensa nacionalista catalana –insiste-, este hombre es lo más parecido a Satanás que ha existido nunca. Para las feministas radicales, es una especie de torturador medieval de mujeres. Para los “cloaqueros” del PP de los tiempos de la “policía patriótica”, es no ya Satanás sino Belcebú. Para la prensa de izquierdas, en general, es un mal bicho (...) Para Pablo Iglesias ha sido un largo dolor de muelas. Para el exministro Jorge Fernández Díaz, del PP, exactamente igual. En fin, ¿a alguien le cae bien el juez Manuel García-Castellón?”. En estos días, y por su papel en la instrucción del caso Tsunami, a más de media España.
En el curriculum de García Castellón está haber metido en la cárcel a Mario Conde y a Arturo Romaní como juez de delitos monetarios; ordenar la destitución de Jesús Gil e intervenir el Atleti (miles de aficionados colchoneros salieron a la calle a pedir la cabeza del juez); instruyó el atentado contra Aznar y el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. García Castellón estaba allí cuando encontraron al joven concejal maniatado y con un hálito de vida. “No conseguimos llegar a tiempo”, dijo después el juez. ¿Alguien cree que el magistrado no sabe perfectamente lo que es terrorismo?
En el año 2000, el Gobierno de Aznar le envía como juez de enlace a París para trabajar en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, donde permaneció con Zapatero. Con el Gobierno de Mariano Rajoy siguió como juez de enlace en Roma, hasta que en 2017, con casi 65 años, decide volver a su puesto en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional.
Cambió el puesto en Roma –mucho más tranquilo y con mucho más sueldo- por la instrucción de casos como “Tándem” y “Kitchen”, las ilegalidades presuntamente cometidas por el Ministerio del Interior de Rajoy. Imputó al ministro y al secretario de Estado. Instruyó también la ‘Púnica’, que acabó con Francisco Granados y con la carrera política de Esperanza Aguirre… Entonces, pocos en la izquierda le censuraban.
Pero llegó el ‘caso Dina’, otra vez con el excomisario Villarejo por medio, y Pablo Iglesias que quería personarse como perjudicado. Pese a que García Castellón acabó por poner cara y desenmascarar a la llamada ‘policía patriótica’ y acabó archivando –tras investigarlos- los casos que afectaban a Podemos, los morados nunca se lo perdonaron. Y ya se sabe cómo funciona su maquinaria.
Ahora, desde la izquierda gubernamental y desde el independentismo no le perdonan que mantenga la imputación por terrorismo contra Puigdemont y sea el principal escollo para que el presidente fugado en un maletero regrese tras cambiar Sánchez y el PSOE sus ‘líneas rojas’ por una alfombra roja para el delincuente.
Los autos de García Castellón son, en efecto, el último dique para frenar la impunidad que el Gobierno pretende dar a Puigdemont y cambiar las líneas rojas por la alfombra roja
Los autos de García Castellón –el último, pidiendo investigar si un mosso dio datos para que Tsunami atacara la caravana del Rey en Barcelona- son, en efecto, el último dique para frenar la impunidad que el Gobierno pretende dar a Puigdemont a cambio de sus votos en el Congreso. Por eso, los independentistas aprietan las tuercas a Pedro Sánchez y piden al PSOE que en el Pleno definitivo de la semana próxima vote quitar –a través de la enmienda de Junts que aún sigue viva- toda referencia al terrorismo para poder blindar a Puigdemont.
En la "trampa" de García Castellón
Así lo adelantaban en un artículo titulado “Sí, han caído en la trampa de García Castellón”, en Vilaweb, este jueves. “Junts y ERC mantienen cierta esperanza de que, de cara al pleno del congreso de la próxima semana que debe validar el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia de anteayer y, por tanto, el texto definitivo de la ley, el PSOE cambie de parecer y se avenga a excluir la mención del delito de terrorismo”. Ya saben cuál puede ser la próxima línea roja que Sánchez y el PSOE vayan a traspasar...
