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Rafael Jiménez Asensio

Opinión

Constitucionalismo abierto e integración territorial

La sede del Tribunal Constitucional
La sede del Tribunal Constitucional EFE

Últimamente se abusa en el lenguaje político de la expresión "constitucionalista", que pretende erigirse, así, en bandera de aquellos que defienden sin fisuras ni remedos de ningún tipo la unidad de España frente al resto; esto es, ante aquellos otros que se ubican, a ojos de los anteriores, como independentistas, nacionalistas (no españoles), confederalistas, federalistas o, simplemente, que abogan por la pluralidad territorial de España y por la existencia de identidades compartidas. Estos últimos están todos en el mismo saco. Hoy en día, los enemigos de España representan, paradojas de la vida, la mayoría político-electoral de este país. Algo parece fallar, por tanto, en este razonamiento.

En verdad, el término constitucionalista se ha ido encogiendo hasta convertirse en algo inane. Por mucho que se frecuente, ya no sirve realmente para diferenciar nada. Sin embargo, en la arena política sigue teniendo un uso torticero y resulta una expresión muy transitada para situar a unos (los fieles inquebrantables) en un bando y a otros (los enemigos de la unidad y quienes se dice titubean) en el de enfrente. Sirve más para destruir que para construir.

Sin embargo, si el constitucionalismo expresa algo históricamente es la idea de garantía de la libertad y del pluralismo político, valores que, junto con la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales, son los que dan sentido a la noción de liberal-democrática de Constitución. Más adelante, esas vigas maestras del constitucionalismo se enriquecieron con dos elementos más: el Estado social, que persigue la igualdad material, y el pluralismo territorial, que pretende integrar en un Estado realidades territoriales culturales, lingüísticas, e incluso étnicas, diferenciadas, ensayando construir identidades compartidas. En este último empeño unas veces se acertó y otras muchas se fracasó. Este es el reto actual.

La pretendida reducción del constitucionalismo al imaginario del nacionalismo español excluyente no puede servir para construir nada sólido. Dicho de otro modo: ¿alguien en su sano juicio piensa que la realidad plural de España (hecho objetivo evidente que solo con pasearse por algunos de sus rincones se comprueba empíricamente) puede garantizarse mediante una concepción excluyente? Creo que una concepción exclusivamente nacionalista española de la Constitución de 1978 es, lisa y llanamente, una lectura inadecuada de los valores y principios constitucionales recogidos en ese texto. Así, es absurdo concluir que una formación política de derecha extrema es más constitucional que determinadas formaciones de izquierda, simple y llanamente porque estas comparten el poder con expresiones políticas independentistas o nacionalistas. ¿Es ello una actitud política que expulsa a aquellas fuerzas políticas del constitucionalismo? Pongamos un poco de cordura en el razonamiento.

Si el constitucionalismo expresa algo históricamente es la idea de garantía de la libertad y del pluralismo político

La Constitución de 1978 se alinea –al igual que la mayor parte de las Constituciones europeas de la postguerra- con un espíritu constitucional abierto e integrador. Sus principios y reglas conforman un cuadro que persigue hacer posible la convivencia, en el que pueden actuar política y democráticamente tanto quienes tienen una concepción inmovilista de ese documento constitucional como aquellos otros que pretenden, inclusive, transformar radicalmente ese statu quo. No se predica, por tanto, un constitucionalismo militante.

El equilibrio entre apertura e integración, en términos de reparto territorial del poder político, siempre es complejo. Eso es así en buena parte de los Estados de estructura compuesta. Y, en muchas ocasiones, las tensiones territoriales pueden dar lugar a momentos críticos o crisis existenciales. Si la Constitución prevalece, la unidad se salvaguarda. Pero nada hay eterno, tampoco los Estados, ni menos aún su espacio territorial. Unas veces las Constituciones son marcos de integración y otras tantas de descomposición.

Lo expondré en otros términos: la única superioridad moral que puede ofrecer un sistema constitucional en clave territorial sobre otros subsistemas políticos vigentes o que pretendan desgajarse se basa única y exclusivamente en que el marco constitucional sea garantía o cauce de integración a través del cual se pueda ordenar cabalmente la inserción de colectivos plurales con identidades diferenciadas o múltiples en un conjunto democráticamente constituido, cuestionando de raíz las expresiones políticas totales (esto es, aquellas que pretendan construir espacios territoriales homogéneos política, lingüística, cultural, religiosa o socialmente) y abogando, en consecuencia, por salvaguardar sentidos de pertenencia múltiples, complejos y abiertos. No huyo el problema de fondo: quien pretenda actualmente construir una comunidad política (por solo poner tres ejemplos) española, catalana o vasca en términos homogéneos y excluyentes está sencillamente fuera de la Historia. Esos tres ámbitos territoriales, con diferente intensidad, son plurales y allí conviven identidades entrelazadas. Una riqueza. El valor de la democracia en este punto radica en la garantía del pluralismo, pero también en la salvaguarda de la identidad de las minorías, que no tienen por qué ser siempre las mismas, como de hecho no lo son tampoco en España: lo que es minoritario en el conjunto, puede ser mayoritario en el territorio. Y viceversa. El valor diferencial está en garantizar constitucionalmente la protección de las minorías, sean cuales fueren.

¿Por qué no pueden compartir el gobierno partidos políticos que defienden la unidad de España con otros que no comparten ese objetivo si estos últimos actúan puntualmente con lealtad?

Bien es cierto que en España la asimetría territorial de este problema conduce derechamente a confundir el todo con la parte o la parte con el todo. Las visiones de idealismo territorial único o excluyente, por uno u otro lado, están cargadas de munición central o territorial que dispara sin contemplaciones contra una realidad que no sea la propia: disgregan más que agregan. No cabe duda de que secularmente España tiene un grave problema constitucional de articulación territorial y, más concretamente, de integración. La reciente crisis promovida por la deslealtad constitucional del independentismo catalán, cuando aún las heridas abiertas por el terrorismo no habían cicatrizado, ha tenido un efecto multiplicador en la emergencia súbita de la identidad española. Y ha cerrado filas. Sus efectos inmediatos han sido los contrarios a los deseados inicialmente. Tal vez ahora se busque, por uno y otro lado, retornar a la pésima estrategia de cuanto peor, mejor. La política es muchas veces miserable en sus objetivos, sobre todo si produce réditos inmediatos. No es éste un problema de solución fácil. Pero ya anticipo que, si se quiere resolver a fuerza de negar su existencia, es el peor método que pueden esgrimir quienes dicen defender la unidad de España. Puede llegar un momento en que, con estrategias de esta índole, la vuelta atrás sea imposible. Y, en ese caso, destruir ese principio de unidad resultará una tarea compleja, pero no imposible.

Así las cosas, ¿por qué no pueden gobernar en Comunidades Autónomas o ayuntamientos, inclusive en el propio Estado, fuerzas políticas que respeten las reglas de juego aunque tengan objetivos a largo plazo que cohonesten difícilmente con las decisiones políticas fundamentales actualmente establecidas en la Constitución? Así lo han venido haciendo, ofreciendo su apoyo parlamentario o integrando Ejecutivos territoriales, durante infinitas ocasiones y nadie había puesto reparo alguno. ¿Por qué no pueden compartir el gobierno partidos políticos que defienden la unidad de España con otros que no comparten ese objetivo si estos últimos actúan puntualmente con lealtad –aunque se pueda invocar que lo hagan tácticamente- a las reglas del juego, respetando sus límites? Conflictos habrá, como siempre en política.

Reitero y concluyo. La magnífica ventaja competitiva que tiene el constitucionalismo democrático abierto es ser garantía del pluralismo político y territorial como cauce de respeto de expresión de lo distinto y medio de integración de identidades diversas que ayuden a la construcción de un marco de identidades compartidas, sobre todo frente a concepciones totalitarias o excluyentes, propias –como diría Popper- de sociedades cerradas. No la echemos a perder. Si la Constitución de 1978 no sabe configurarse como un instrumento útil de la sociedad abierta, también en términos territoriales, no cabe augurarle larga vida.

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