La Generalitat concedió más publicidad a Tinder que a la suma de 'El Mundo', 'La Razón' y 'ABC'

La Generalitat de Cataluña no ha sido especialmente generosa con ciertos medios generalistas durante los últimos años. Tampoco ha abierto la mano con los periódicos radicados en esta comunidad autónoma que se han opuesto a sus tesis, como puede apreciarse en el recorte del 40% de la publicidad institucional que sufrió El Periódico de Cataluña cuando intensificó sus críticas contra el proceso soberanista. Actualmente, sucede algo similar con cabeceras como Crónica Global, a la que en 2022 tan sólo le correspondieron 22.165 euros en este sentido, frente a los más de 400.000 que facturó, por ejemplo, Nació Digital.

Del último informe que figura en los registros de la Generalitat -que es del pasado ejercicio- llama la atención un dato, y es que entre El Mundo, La Razón y ABC -en sus ediciones digitales e impresas- obtuvieron durante un año entero un total de 25.309 euros en campañas institucionales de la Generalitat. Esto, a decir verdad, en una comunidad autónoma donde su difusión es más reducida que en otros puntos de España.

Su recaudación conjunta fue inferior a la de aplicaciones como LinkedIn (42.847 euros), Tinder (40.000), Tripadvisor (206.373), Google (106.330), Twitter (254.272), YouTube (325.304) o Meta (823.180). Estas últimas, con una mayor visibilidad para varios perfiles de público que los medios tradicionales.

Pese a esta tendencia -relativamente nueva- de destinar una parte de las campañas a estas empresas de la economía digital, lo cierto es que la Generalitat sigue cuidando de forma evidente a los medios de comunicación tradicionales. De hecho, el principal beneficiario de sus campañas fue Godó, que percibió varios millones de euros.

La filial Godó Online obtuvo 1.035.378 euros, La Vanguardia, 1.649.895; El Mundo Deportivo, 313.946; RAC1, 1.831.149 euros, y RAC 105, 213.915.

El Gobierno de Pere Aragonès también fue especialmente generoso con cabeceras de marcado corte independentista, como ElNacional.cat, de José Antich, que fue el tercer periódico digital que más fondos obtuvo, con 632.659 euros. El diario Ara, por su parte -otro aliado de los secesionistas- consiguió más de 1 millón de euros por su edición online y otro millón por la impresa.

Prensa independentista

El Punt Avui, que es el más cercano a Carles Puigdemont, y que se edita en Gerona, acaparó 458.611 euros por su periódico y 247.132 por su web.

Publicaciones especializadas, como Sàpiens -bastante leída en Cataluña- consiguieron más fondos -300.000 euros entre todas sus ediciones- que periódicos generalistas como El País (220.000). Esa cantidad fue 10 veces superior a la suma de las tres principales cabeceras conservadoras que se citan al principio del artículo: El Mundo, ABC y La Razón, con escasa presencia en esta región, pese a que este último es propiedad de Planeta.

El medio que más campañas recibió no fue privado, sino público. Fue, en concreto, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que en sus televisiones facturó 3,4 millones y en Catalunya Ràdio, 736.474 euros. Por su web, consiguió más de 200.000 euros.

En lo que respecta al El Periódico de Cataluña, que es de Javier Moll desde hace tres años, obtuvo 1,3 millones por su periódico en papel y 543.266 por la edición digital.

A estas cantidades hay que sumar las que todos estos grupos ingresan por la edición de publicaciones en catalán, que, según adelantó Dircomfidencial, ascendieron a 14 millones de euros en la última remesa que repartió el Govern.

La Vanguardia se llevó 942.000 euros en este concepto, frente a los 799.702 euros de Ara, los 641.811 de El Periódico, los 621.093 de El Punt Avui y los 392.113 euros de El Nacional.

La Generalitat ha tratado de configurar durante las últimas décadas un panorama mediático cómodo dentro del territorio autonómico. Tal es así que incluso llegó a amenazar con abrir un expediente a la Cadena SER, a COPE y a Onda Cero cuando, en el otoño de 2014 se negaron a emitir las cuñas publicitarias de la consulta independentista convocada por el Ejecutivo de Artur Mas, que había sido declarada previamente ilegal por el Tribunal Constitucional.