Los editores de AEDE se enfrentan al Gobierno: le acusan de impedir el cobro de la Tasa Google

El Gobierno se ganó el favor de la prensa escrita cuando accedió a crear una tasa que gravara la actividad de los agregadores de noticias. Es decir, de las webs que se dedican a enlazar los contenidos que publican los periódicos tradicionales sin pagar derechos de autor. Esta medida la incluyó en la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en octubre de 2014 a pesar de las enérgicas protestas de las asociaciones de empresarios y usuarios de internet y del propio Google, que decidió cerrar su servicio Google News en rechazo a esta norma. El problema para los editores de AEDE es que el Gobierno no ha aclarado cómo pueden recaudar este impuesto, ni cuál debe ser el montante que deben reclamar a las páginas que utilizan sus artículos, lo que, evidentemente, imposibilita su cobro. Ante esta enquistamiento, han criticado la pasividad de Moncloa sobre este asunto y le han exigido que tome cartas en el asunto para poder aplicar esta polémica tasa. Pero no han recibido respuesta.

Este canon ha sido objeto de polémica desde que fue incluido en el borrador de la Ley varios meses antes de su promulgación. La patronal de la prensa, AEDE, lo defendió en cuanto a que considera que el uso gratuito de sus noticias por parte de terceros resulta perjudicial para los negocios de sus asociados. Los usuarios, los empresarios de internet y el grueso de los diarios digitales se opusieron a su aprobación, al juzgar que esta tasa va en contra de la esencia de internet, dado que enlazar contenidos es una acción común en las páginas de todo tipo y resulta ilógico el cobrar por realizar esta acción.

Google News cerró en España después de que el Gobierno aprobara la polémica reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual

Pero el exministro José Ignacio Wert hizo caso omiso a estas críticas e incluyó la Tasa Google dentro de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada a finales de 2014, lo que se interpretó como un guiño a la prensa escrita a pocos meses de la celebración de elecciones generales y autonómicas.

Para que los periódicos pudieran recaudar ese canon por sus derechos de autor, el Ministerio de Cultura debía publicar una Orden Ministerial que regulara este aspecto. En teoría, así lo hizo el pasado verano, cuando difundió el borrador que establecía las bases de este desarrollo normativo. El problema es que, según AEDE, no aclara cómo se debe cobrar esta tasa, lo que impide a las entidades de gestión que deben responsabilizarse de esta tarea (como CEDRO) reclamar a los agregadores de noticias el pago de este impuesto. "En la Orden ni se especifican las tarifas, ni se deja claro a quién debemos cobrarle la tasa, lo que directamente imposibilita que la pongamos en marcha", afirman.

Estos informantes sospechan que, detrás de esta negativa a definir los criterios de cobro, se encuentra el cambio de opinión del Ejecutivo sobre este canon. Su aprobación corrió a cargo de Wert, pero, tras su salida del departamento de Cultura, no se ha dado ningún paso para su puesta en marcha. "El nuevo ministro llegó a pocas semanas de las elecciones (generales) y, aunque le trasladamos nuestras reivindicaciones, no consideró oportuno abordar este asunto", señalan desde AEDE, en donde reconocen que la implantación de esta tasa -por la polémica que suscitó- podría hacer pagar al Gobierno cierto coste político.

Las diferencias de Juan Luis Cebrián

A la indecisión del Gobierno que denuncia AEDE, se suma la disparidad de criterio que existe entre sus asociados sobre el cobro de esta tasa a las web que enlazan sus contenidos. No la ha reconocido oficialmente, pero algunos de sus miembros no se han preocupado en exceso de ocultar sus diferencias. Sirvan como ejemplo las declaraciones realizadas el pasado julio por el presidente ejecutivo del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, en las que incidió en que, mientras encabece esta compañía, ninguno de sus medios de comunicación cobrará este canon. 

Estas palabras llamaron la atención en el sector, pues la empresa fundada por Jesús de Polanco defendió la creación de este impuesto y su línea editorial siempre lo ha respaldado. También sorprendieron por otra cuestión fundamental que quizá no tuvo en cuenta el exdirector de El País, como es que la ley no permite renunciar a este derecho.

No conviene olvidar que las palabras de Cebrián este cambio de postura de Prisa llegó justo después de que Google confirmara su participación en el proyecto Digital News Initiative (DNI), por el que la multinacional tecnológica repartirá 150 millones de euros en los próximos 3 años a varios medios de comunicación europeos para el desarrollo de sus negocios digitales. La inclusión de algunos socios de AEDE en este plan resulta llamativa cuanto menos, máxime si se tiene en cuenta que su defensa del Canon AEDE motivó el cierre del servicio Google News.

Prisa defendió en un primer momento la aprobación de la Tasa Google, pero tras la aprobación de la Ley de la Propiedad Intelectual, la reprobó

La alianza de Prisa con Google se forjó a finales de enero de 2015, después de que la compañía norteamericana entablara contacto con otros participantes en la DNI, como The Guardian o Financial Times, pero antes de hacerlo con otros medios de comunicación españoles, tal y como publicó Vozpópuli. En el momento en que se hizo pública esta iniciativa, fueron varias las voces que se alzaron para criticar la actitud de algunos de los promotores del canon AEDE por posicionarse al lado de Google, movidos por la inversión millonaria que se había comprometido a realizar.

Lo que está claro es que la Ley de la Propiedad Intelectual y su posterior desarrollo normativo no han satisfecho las demandas de los editores, que pretenden cobrar derechos de autor a las páginas web que utilizan sus contenidos al considerar que eso resta público a sus versiones en papel y digital. Ante esta situación, han llamado a la puerta del Gobierno para que les aclare el modo de ejercer un derecho por el uso de sus contenidos que en sectores como la música o el cine es muy antiguo. Pero el partido inquilino del Palacio de la Moncloa no ha resuelto este asunto, tanto por no tener clara su continuidad en el Ejecutivo -ante la inminencia de las elecciones generales-, como por el coste político que le podría suponer.