Vocales sostienen que el vaciado del CGPJ que avala Sánchez exige reformar la Constitución

El plan del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, de vaciar de competencias el órgano solo podría salir adelante con una reforma de la Constitución, según sostienen algunos vocales del Consejo. Su propuesta -que valora positivamente Pedro Sánchez ante la imposibilidad de pactar la renovación con el PP- no cuenta con el aval de algunos de sus miembros que consideran que ciertas de estas atribuciones las recoge la Carta Magna.

Fuentes del CGPJ consultadas por Vozpópuli precisan que la opción que puso sobre la mesa Guilarte para que los nombramientos de la cúpula judicial los efectúen los jueces no tiene cabida. Cabe destacar que la designación de los miembros del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales es una de las funciones más destacadas del órgano de gobierno de jueces.

Sin embargo, en la actualidad esta potestad está limitada por ley ya que PSOE y Podemos impulsaron una reforma legal para que el Consejo no pudiera efectuar los nombramientos estando en funciones. El resultado, dos años después de su aprobación, se traduce en más de 80 vacantes de la cúpula del Poder Judicial sin poderse nombrar y en un colapso inédito en el Tribunal Supremo, donde a día de hoy hay 24 plazas pendientes de designar.

Las competencias del CGPJ

Ante esta disyuntiva y teniendo en cuenta que el PP no se va a plegar a renovar el CGPJ a menos que no se cambie primero la forma de elegir a los vocales, la situación se antoja muy complicada. Ante este escenario, el presidente en funciones del órgano de gobierno de jueces propuso retirar una de las principales competencias al Consejo y que sean los jueces los que nombren a sus pares en la cúpula judicial.

Guilarte explicó en un artículo publicado en El País que si se dejara en manos de un tribunal lo relativo a los nombramientos discrecionales, se podría diluir el interés de los partidos políticos en el CGPJ. Sin embargo, las voces consultadas consideran que es muy complicado ejecutar este planteamiento porque entienden que para ello habría que modificar la Constitución.

El artículo 122 de la Carta Magna determina, en su apartado segundo, que la ley orgánica establece su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros, particularmente en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Se trata de cuatro facultades que, a excepción de los nombramientos, sigue ejecutando el actual Consejo pese a la anomalía que constituye operar más de cinco años en funciones.

Además, recuerdan que, en lo que respecta a la elección de jueces, la ley establece que deben regirse por los principios de mérito y capacidad. Ello implica que la nueva propuesta para efectuar los nombramientos debería tener en cuenta los apuntes recogidos en el artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así pues, algunas fuentes consultadas consideran que la solución de Guilarte tendría un muy difícil encaje en la Constitución, mientras que otras ven factible que el Ejecutivo se ponga manos a la obra con este plan ante la negativa del PP a renovar el CGPJ. Precisamente el presidente Sánchez ya ha acogido con interés esta solución y baraja estudiarla en caso de que fracase un nuevo intento de acercamiento a la formación conservadora.

El plan de Sánchez

Sin embargo, las posiciones de los principales partidos siguen muy enconadas. Desde Moncloa se insiste en que esta legislatura se tiene que renovar el Consejo que comenzó a operar en diciembre de 2013, es decir, hace ahora diez años. El Partido Popular, por su parte, no niega un acercamiento, pero solo se sentará a negociar si hay compromiso de reforma legal para que el CGPJ lo elijan los jueces.

El nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha dejado claro que el órgano debe de nombrar a sus nuevos 21 miembros en arreglo a lo dispuesto en la Constitución pero, por el momento, no se abre a reformar la ley para modificar el actual sistema de elección que otorga la renovación al Congreso de los Diputados y al Senado. Con todo, el Ejecutivo volverá a contactar con Alberto Núñez Feijóo antes de fin de año para retomar los contactos.

Desde que caducara el mandato de cinco años del actual Consejo, PP y PSOE han estado en varias ocasiones a punto de sellar un acuerdo de renovación, aunque la vez que más cerca estuvo de materializarse fue en el mismo 2018. La filtración de un mensaje del entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se vanagloriaba de poder controlar la Sala de lo Penal "desde detrás" hizo estallar por los aires cualquier acuerdo.

También en 2020 hubo oportunidad de renovación cuando tomaron las riendas de las negociaciones Enrique López desde el PP y el entonces ministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo. La lista parecía sellada pero los ataques de Podemos (entonces socio de Gobierno del PSOE) a Juan Carlos I y a la carrera judicial dieron al traste el pacto.

La crisis del CGPJ

Las negociaciones entre las partes continuaron los meses siguientes pese a que desde la esfera política en muchas ocasiones se ha intentado evidenciar una ruptura total entre las partes. No obstante, en los últimos tiempos la ausencia de contactos es una realidad. Los vínculos del PSOE con sus socios independentistas terminaron por enfriar cualquier posibilidad de acuerdo.

Como consecuencia de ello, el Poder Judicial se ha visto sumido en una crisis sin precedentes. A la imposibilidad de efectuar nombramientos desde 2021 se suma la dimisión en octubre de 2022 del presidente Carlos Lesmes y la jubilación de su sucesor Rafael Mozo. En apenas trece meses el órgano ha encadenado tres presidencias diferentes y ha visto reducida su plantilla a un total de 16 vocales.

A ello hay que sumar los continuos conflictos del órgano con la clase política y los choques que se han vivido dentro del CGPJ entre los cada vez más polarizados bloques de progresistas y conservadores. Prueba de ello se evidencia en sus últimos pronunciamientos. La declaración institucional contra la amnistía que aprobó el Consejo con el respaldo de los conservadores contó con la desaprobación de los progresistas y hasta el rechazo frontal del vocal Álvaro Cuesta, que lo tildó de ilegal.

Del mismo modo, la negativa por primera vez en la historia de la democracia del CGPJ a avalar a un candidato a fiscal general también generó fricciones. La mayoría conservadora impuso su oposición a declarar idóneo a Álvaro García en un movimiento que, a juicio de los progresistas (y también del presidente interino), se excedió de las atribuciones que otorga la ley al CGPJ.